Enlaces a contenido protegido en internet: ¿comunicación pública? Depende…

JOSÉ IBÁÑEZ BENGOECHEA. Que internet ha supuesto una auténtica revolución en cuanto a las formas de comunicarnos y desarrollar actividades comerciales no es ningún secreto. Hace ahora más de quince años, las instituciones europeas eran ya de sobra conscientes del potencial de internet como motor industrial y económico y de la necesidad de establecer un marco legal común que permitiera a la Unión Europea aprovechar de forma óptima ese potencial.

En este contexto de comienzo de siglo, la armonización normativa relativa a la propiedad intelectual en el entorno de internet se entendía como imprescindible para el incremento de la explotación transfronteriza de los derechos y, como consecuencia, para la obtención de una mayor competitividad de la industria europea a nivel global.

Partiendo de esa premisa surge la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Ahora bien, la realidad cambiante de internet y el carácter abierto de esta norma de armonización obligan a una interpretación constante de la misma por parte de los Tribunales de Justicia que permita su aplicación a las nuevas situaciones o realidades que van surgiendo en la red.

Dicha interpretación habrá de hacerse siempre a la luz de los principios que la inspiran; en particular, desde la ponderación entre, de un lado, la defensa de los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y, del otro, la de los derechos de información, libertad de expresión y los intereses generales.

La Sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-160/15 (GS Media v. Sanoma)

De entre las múltiples interpretaciones jurisprudenciales de la Directiva 2001/29/CE traemos aquí a colación la alumbrada en la STJUE en el asunto C-160/15, de fecha 8 de septiembre de 2016.

Veremos, por lo tanto, como más de 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva, algunos de los conceptos incluidos en la misma siguen definiéndose y concretándose a través de los pronunciamientos judiciales.

En este caso concreto, el concepto que se ha perfilado con mayor claridad como resultado de la Sentencia es el de los “actos de comunicación pública por medios alámbricos o inalámbricos”, en particular, en la modalidad de puesta a disposición mediante enlaces o hipervínculos a contenido protegido.

Los hechos del pleito

Sanoma, editora de la revista Playboy, encargó en octubre de 2011 a un fotógrafo la realización de unas fotografías de la Sra. Britt Geertruida Dekker. Estas fotografías debían publicarse en la edición de diciembre del mismo año de la revista Playboy.

Las mencionadas fotografías fueron de alguna forma filtradas y terminaron alojadas, sin autorización de los titulares, como archivos digitales en varios sitios de alojamiento de contenido digital.

El sitio web GeenStijl, titularidad de GS Media y que posee un alto tráfico en el contexto de los Países Bajos, publicó de forma reiterada desde el 27 de octubre de aquel año diferentes artículos que incluían enlaces a las páginas en que se alojaban las fotografías, haciendo, además, referencia expresa al contenido de los archivos.

Ante la falta de atención a los requerimientos enviados por los titulares de los derechos sobre las fotografías, Sanoma, Playboy y la Sra. Dekker interpusieron demanda contra GS Media por, entre otras cuestiones, infracción mediante actos de comunicación pública no autorizada de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual.

Comunicación pública

La Directiva 2001/29/CE, en su art. 3, apartado 1, establece que únicamente los autores (o quienes tengan atribuido dicho derecho de explotación) pueden autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra.

Por lo anterior, resulta crucial definir en qué circunstancias la inclusión de enlaces a páginas que alojan contenido protegido supone una comunicación pública. De esa forma podremos saber si los titulares de los derechos están habilitados para prohibir la utilización de dichos enlaces.

La solución del Tribunal de Justicia

Según la Sentencia aludida, son dos los requisitos cumulativos para que se dé un acto de comunicación pública: el acto de comunicación en sí mismo y que la comunicación sea “al público”.

En nuestro caso, el acto de comunicación consiste en la puesta a disposición del contenido mediante los enlaces en el sitio web. Tenemos que se cumple el primer requisito.

En cuanto a la conceptuación de la comunicación como “pública”, ésta tendrá dicha consideración si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Se realiza mediante una técnica diferente a la empleada con anterioridad, o bien;
  • Se realiza con el fin de alcanzar un público nuevo. Se entiende por público nuevo aquel que no fue tenido en consideración por los titulares de los derechos cuando estos autorizaron la primera comunicación pública.

Como podemos observar, existe una relación directa entre “el público” a considerar y la previa autorización de los titulares de los derechos. “Público nuevo” será todo aquel potencial destinatario que no se encuentre entre aquellos para los cuales se autorizó la primera comunicación pública.

Si los titulares de los derechos no autorizaron una primera comunicación, el público a que alcancen los enlaces a la obra habrá de considerarse en todo caso un público nuevo.

En el caso que nos ocupa, los titulares de los derechos sobre las fotografías no autorizaron la comunicación de las mismas en los diferentes sitios de alojamiento de archivos, por lo que la inclusión de los enlaces en el sitio de GS Media se entenderá dirigida a un público nuevo. Se cumple también el segundo requisito.

¿Significa esto que todo el que incluya enlaces a otros sitios web deberá comprobar que el titular del sitio enlazado tiene autorización para la comunicación pública de todo el contenido en él incluido?

La propia sentencia continúa diciendo que ese sería un planteamiento demasiado restrictivo en relación con los derechos a la libertad de expresión y la libertad de información (ponderación aludida). Además, dicha comprobación resultaría irrealizable en la mayoría de los casos.

Por lo anterior, el TJUE establece un tercer requisito para que en estos casos se pueda considerar que existe una comunicación pública: que quien utilice los enlaces sepa o debiera saber si el enlace da acceso da a una obra publicada sin autorización.

En este sentido, se presumirá que quien coloca el enlace sabe o debe saber que el enlace da acceso a una obra publicada ilegalmente cuando;

  • actúe con ánimo de lucro, o
  • haya sido advertido por el titular de los derechos, o
  • el enlace permita superar las barreras que un sitio establece para limitar el acceso al contenido únicamente a sus abonados.

En nuestro caso, la demandada actuaba con ánimo de lucro y, además, fue contactada en repetidas ocasiones por los legítimos titulares de los derechos, cumpliéndose así este tercer requisito por partida doble.

Así las cosas, estaremos ante un acto de comunicación pública que puede ser prohibido por los demandantes.

José Ibáñez Bengoechea

Alumno del Título Experto en Derecho Digital, Universidad de Deusto. 

Fundador de Develaw.

1 thought on “Enlaces a contenido protegido en internet: ¿comunicación pública? Depende…”

  1. Interesante analisis el realizado Jose, en un tema tan complejo desfe el punto de vista juridico y economico como es el de los derechos de autor.

    Zorionak lanagatik

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