¿Qué es y qué hace el Tribunal de Cuentas Europeo?

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), con sede en Luxemburgo, fue creado como órgano de la Comunidad Económica Europea mediante el denominado Tratado de Bruselas de 22 de Julio de 1975 (Diario Oficial L 359 de 31.12.1977, en vigor desde 1.7.1977). Con ocasión de la profunda reforma constitucional efectuada en el Tratado de Maastricht (Artículo G.6 del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, Diario Oficial C 191 de 29.07.1992, en vigor desde 1.11.1993), se le elevó a la categoría de institución de la Unión Europea (UE)[1]. El actual Artículo 13.1 TUE tras el Tratado de Lisboa (Diario Oficial C 306 de 17.12.2007, en vigor desde 1.12.2009) lo menciona entre las siete instituciones de la Unión, situándolo, no obstante, en un segundo plano junto al Banco Central Europeo, pues el Artículo 13.2 TUE remite las provisiones concretas sobre la composición, funciones y poderes funciones de ambos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Desde su creación, el TCE se ha apoyado en su responsabilidad primordial en la supervisión de la buena gestión financiera de las políticas públicas europeas para autoerigirse en “conciencia financiera” de la UE.

El TCE contribuye a la buena gobernanza financiera y presupuestaria en la UE a través de su doble función controladora y consultiva, mutuamente complementarias.

En primer lugar, el TCE fiscaliza ex post la ejecución presupuestaria europea, y mediante sus informes de auditoría induce a los organismos gestores de fondos europeos a nivel supranacional y nacional a introducir mejoras. No obstante, la configuración legal del TCE no le habilita para imponer sanciones, de ahí que su naturaleza jurídica no sea la de un órgano jurisdiccional sino de supervisión administrativa. De conformidad con el Artículo 285 TFUE, el TCE efectúa la “fiscalización, o control de cuentas de la Unión”. Ésta, según el Artículo 287 TFUE, se extiende a “las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión […y…] de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen” (párrafo 1). Los elementos de juicio, o criterios de fiscalización, se hallan igualmente tasados en el Tratado (párrafo 2) y son legalidad, regularidad, y buena gestión financiera. No se oculta, sin embargo, que el TCE goza de gran discrecionalidad a la hora de planificar el ámbito material de sus auditorías. También goza de un nivel amplio de acceso a la documentación relativa a sus funciones, pues el Artículo 287.3 TFUE le permite llevar a cabo un control tanto documental como in situ en los órganos de la UE y nacionales. La fiscalización de órganos gestores nacionales se lleva a cabo cooperando con los tribunales de cuentas nacionales, “con espíritu de confianza y manteniendo su independencia éstos últimos”. Además, gracias a su función consultiva, el TCE contribuye a la buena gestión financiera ex ante, emitiendo dictámenes no vinculantes durante ciertos procedimientos legislativos. El ámbito ratione materiae de esta competencia se limita a los procedimientos destinados a modificar el marco jurídico de la adopción, ejecución y control del presupuesto europeo, o bien ámbitos colaterales con impacto significativo en la gestión financiera (v.gr. el Estatuto de Funcionarios). La consulta al Tribunal puede ser preceptiva (de conformidad con los Artículos 322 y 325.4 TFUE; así como los actos constitutivos de determinados organismos o instrumentos financieros creados por las instituciones europeas) o facultativa (Artículo 287.4 párrafo 2 TFUE). El dictamen emitido por el Tribunal no vincula a la Autoridad Legislativa (Parlamento Europeo y el Consejo) y, por tanto, su alcance es instrumental. Que las observaciones del Tribunal sean acogidas en la norma finalmente adoptada depende de múltiples factores, y fundamentalmente, de la auctoritas del Tribunal a los ojos de la Autoridad Legislativa, entendida como competencia técnica e independencia; del contexto histórico, político e interinstitucional concreto; y de la estrategia de comunicación del propio Tribunal .

Maria Luisa Sánchez-Barrueco


[1] Artículo G.6 del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, DO C 191 de 29 de Julio de 1992.

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