El Comité de las regiones querría que la suspensión de fondos por deficiencias generalizadas del Estado de Derecho se focalice en el nivel central del Estado

Dubrovnik, ciudad del autor del dictamen del CoR (Foto: Pixabay)

Como hemos analizado en este post, uno de los dosieres legislativos estrella en la actualidad es la aprobación de un mecanismo que permitiría a la Comisión proponer al Consejo la suspensión del flujo de fondos europeos hacia un Estado donde se constaten deficiencias generalizadas del Estado de Derecho.

En este post revisamos la reacción del Comité de las Regiones (CoR), que ha emitido un dictamen acerca de esta y otras medidas, publicado en el DOUE a las puertas de las vacaciones navideñas (21.12.2018). Téngase en cuenta que este dictamen no vincula jurídicamente a la Comisión o al Consejo en la adopción del texto final.

El CoR ataca a la yugular de la Comisión desde la primera enmienda. Propone que la definición del ámbito de aplicación del reglamento se circunscriba al nivel central del gobierno pero no abarque los entes subestatales. Desde un punto de vista conceptual, no por entendible (hablamos del Comité de las Regiones) resulta menos risible que se excluya a las regiones y ayuntamientos del mecanismo de condicionalidad presupuestaria, habida cuenta de que la parte más sustancial del fraude a los intereses financieros de la Unión se encuentra en estos niveles, especialmente en países complejos como España, donde las competencias de los ministerios centrales en los ámbitos de gestión compartida son meramente testimoniales en muchos programas de gasto. ¿Realmente creen que se atajaría la corrupción en la contratación pública que afecta a los fondos europeos en España dejando fuera a los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos?

Foto: Pixabay

En donde sí le doy la razón al CoR es en criticar que la Comisión no haya efectuado un análisis de impacto presupuestario que las medidas propuestas tendrán sobre los presupuestos subestatales (ni tampoco estatales) de los estados afectados. La modificación propuesta por el CoR obligaría a la Comisión a adjuntar a su propuesta de decisión del Consejo una programación financiera indicativa del presupuesto de la UE afectado por la medida propuesta, para los años siguientes, estructurada por categoría de gasto, ámbito político y línea presupuestaria. Esta programación indicativa será la base de una evaluación de impacto de las implicaciones presupuestarias en los presupuestos nacionales y subnacionales del Estado miembro de que se trate.

Estamos de acuerdo igualmente con la llamada de atención del CoR sobre las insuficiencias de la propuesta de reglamento en lo relativo al levantamiento de las medidas. Considera que ‘debe ir acompañado de pruebas sólidas, imparciales y oportunas para poder proceder a la ejecución de los programas en cuestión sin demoras innecesarias’, para lo cual el CoR propone que el Tribunal de Cuentas elabore un informe especial sobre la situación. Este aspecto es problemático: pedir al TCE que reorganice su programa de trabajo anual al servicio del calendario de este mecanismo podría interpretarse como una injerencia en la independencia del tribunal. Por otra parte, un informe especial sobre la situación específica en un Estado no forma parte de la cultura institucional del TCE (reacio aún a estrategias de name & shame) y generaría incomodidad. El Tribunal de Cuentas ya había dado su opinión sobre la propuesta de la Comisión y por ello no sabemos que se haya pronunciado respecto a esta enmienda del CoR.

Se recordará que los fondos suspendidos podrán ser recuperados por el estado afectado si las medidas se levantan y los créditos de compromiso se insertan en el presupuesto con el límite del ejercicio n+2. El CoR considera que este plazo es exiguo y propone su extensión al n+3. Coincidimos con esta opinión, habida cuenta en particular de que la propuesta de la Comisión deja reposar en el estado afectado el procedimiento de levantamiento de medidas, y que no prescribe plazos de actuación, con el riesgo que de se dilate innecesariamente y el estado pierda la posibilidad de recuperar los fondos desbloqueados.

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