El Parlamento Europeo aprueba las cuentas de la Unión pero demanda mayor protección de los fondos europeos a nivel nacional (Descargo 2018)

El miércoles pasado (20 de mayo de 2020) el Parlamento Europeo concedió el descargo presupuestario a la Comisión y otros organismos europeos por 499 votos a favor, 136 en contra y 56 abstenciones.

¿Qué estaba en juego en la votación?

La Comisión es la encargada de gestionar el presupuesto europeo (94%, el resto son gastos administrativos de otros organismos europeos).  A tenor del artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y , en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera. Cada año, debe responder de su gestión ante el Consejo (que dará una recomendación) y el Parlamento (que le concede o no el descargo presupuestario), según el art. 319 TFUE. El descargo presupuestario es el mecanismo de control democrático más importante en el ámbito de gestión de fondos públicos, cercano a la moción de censura en el plano político.

El principal inconveniente que plantea este procedimiento para ser efectivo, ya sea como mecanismo disuasorio, ya como sancionador, es que ocurre en el ejercicio n+2. La votación de 2020 se refiere al ejercicio de 2018. Un control muy lejano del momento en que los fondos se gestionaron mal.

El motivo del retraso es que el Parlamento debe recibir los informes de gestión de todas las instituciones (marzo de n+1) así como de los órganos que le auxilian en el control financiero, tales como Tribunal de Cuentas Europeo o la OLAF (octubre-noviembre de n+1). Y luego revisar esos informes y combinarlos con sus propias investigaciones, las que lleva a cabo CONT (comisión PE de control presupuestario). Puedes comprobar cuán voluminosa es la documentación relativa al descargo presupuestario aquí.

¿Cuáles son los titulares de este año?

La resolución final se adoptó en pleno el 13 de mayo de 2020.

La resolución del PE se inicia estableciendo con claridad las prioridades políticas en el ámbito de la gestión financiera, que son dos:

  • principio de legalidad: todos los agentes deben esforzarse por utilizar los fondos de la manera más transparente, efectiva y eficiente posible
  • principio de condicionalidad de los fondos respecto al Estado de Derecho: el PE defiende que la Unión debe poder imponer medidas apropiadas, incluidas la suspensión, reducción y restricción del acceso a la financiación de la Unión en tales casos. En este sentido, el PE llama al Consejo a acelerar la adopción de un Reglamento que permitiría proteger al presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros. Respecto a esta propuesta de la Comisión de 2018 el Parlamento ya ha aprobado su posición en primera lectura (con más de 70 enmiendas propuestas) pero el Consejo todavía no se pronuncia (puedes seguir el procedimiento aquí).
  • principio de buena gestión financiera: en el contexto de escasez de recursos financieros en un presupuesto de la Unión que ha de atender al incremento de prioridades y responsabilidades de la Unión, la protección de los intereses financieros de la Unión reviste la máxima importancia y en que son necesarios esfuerzos más enérgicos a todos los niveles para prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y el uso indebido de fondos de la Unión

El Parlamento recuerda asimismo que la protección de los intereses financieros de la Unión se reforzará una vez empiece a operar la Fiscalía Europea. Sin embargo, la resolución sobre el descargo presupuestario de 2020 contiene duras críticas a la infra-financiación del EPPO. En esta fase de constitución del EPPO se observa falta de financiación y la falta de personal, que el PE atribuye a la ‘subestimación de sus necesidades por parte de la Comisión’. Estamos hablando de cifras altas: la Fiscalía Europea tiene que tramitar ‘hasta 3 000 asuntos al año’ (desconozco el origen de las estimaciones del PE) que se cifrarían en ‘por lo menos, 76 puestos adicionales y 8 millones de euros para poder funcionar a pleno rendimiento, tal como estaba previsto, antes de que termine 2020’. El PE por tanto ‘insta vivamente a la Comisión a que presente un proyecto de presupuesto rectificativo’. Y no es dable – reitera el Parlamento- que para dotar al EPPO de personal se reduzcan los puestos de la OLAF -45 puestos, mencionan.

El Parlamento también prestó atención a los conflictos de intereses en la gestión de los fondos europeos que drenan la efectividad del presupuesto de la Unión. Recordamos que la regulación del ‘conflicto de intereses’ en la gestión de fondos públicos europeos es estricta desde 2018 y abarca a agentes financieros europeos y nacionales. Sin embargo, el Parlamento exige que la Comisión desempeñe con eficacia su rol de ‘guardiana de los Tratados’, luchando contra todas las formas de conflicto de intereses. El Parlamento aprovecha la resolución sobre el descargo para dar sugerencias a la Comisión (y el Consejo) sobre cómo lograrlo:

  • Evaluando periódicamente (¿en qué marco?¿semestre europeo?) las medidas preventivas adoptadas por los Estados miembros para evitarlos (la Comisión);
  • La Comisión podría proponer directrices comunes para evitar los conflictos de intereses que afecten a políticos con un perfil destacado
  • El Consejo debería adoptar normas deontológicas comunes sobre todas las cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses y a que cree un entendimiento común en todos los Estados miembros;
  • El Consejo debería impedir, en particular (habida cuenta de los problemas generalizados de conflictos de intereses en la distribución de los fondos agrícolas de la Unión) que los miembros del Consejo Europeo, los ministros de Agricultura, los funcionarios o sus familiares tomen decisiones sobre el apoyo a la renta.

El Parlamento saca los colores a los Estados Miembros donde los fondos europeos se malgastan

Los últimos años han sido testigos de escándalos indignantes de gestión financiera a nivel nacional, que han dilapidado millones de euros. El Parlamento no tiene pelos en la lengua para criticar a algunos estados.

  • Eslovaquia, donde una misión sobre el terreno demostró que la legislación sobre la propiedad de la tierra multiplicaba los titulares de las misma finca, facilitando que solicitaran hasta 40 personas pagos únicos de la PAC por el mismo pedazo de tierra. El PE dice: “los beneficiarios con derecho a pagos directos de la política agrícola común (PAC) son los que explotan las tierras; pide a la Comisión que vele por que se adopten normas destinadas a evitar una situación en la que las subvenciones de la Unión se distribuyan a los beneficiarios que hayan adquirido los terrenos en cuestión por medios ilegales o fraudulentos, tal como se ha observado en algunos Estados miembros; subraya, teniendo en cuenta casos como los notificados por la OLAF en Eslovaquia e Italia, que la Comisión debe elaborar propuestas que indiquen claramente que los contratos de arrendamiento o propiedad de tierras han de basarse en el Estado de Derecho, y que ha de cumplirse la legislación nacional relativa a los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos relativos a la renta de los trabajadores agrícolas; pide a la Comisión que, en cooperación con las agencias nacionales, presente un formato normalizado y accesible al público (respetando la decisión pertinente del Tribunal de Justicia) para indicar los beneficiarios finales de la PAC”.
  • Italia: gracias a las recientes investigaciones de la policía italiana se ha revelado un fraude de 5,5 millones de euros y de estructuras mafiosas que usan indebidamente las subvenciones agrícolas de la Unión para sus fines delictivos, amenazan a agricultores honrados que participan en subastas de tierras de propiedad pública, e ignoran el Derecho laboral nacional.

La explotación de fondos europeos por oligarquías nacionales para reforzar estados autocráticos

El Parlamento ha lamentado que la mayoría de pagos directos de la PAC se concentren en manos de unos pocos beneficiarios en algunos Estados miembros; reprueba enérgicamente la creación y el establecimiento de estructuras oligárquicas en algunos Estados miembros. Los miembros de estas estructuras oligárquicas se valen de los fondos de la Unión, especialmente en el ámbito de la agricultura y la cohesión, para fortalecer su posición de poder. Por el contrario, el Parlamento recuerda que los fondos de la Unión deben beneficiar a la mayoría de los ciudadanos de la Unión .

La delincuencia organizada y los intereses financieros de la UE

El Parlamento llama la atención sobre el riesgo de que la delincuencia organizada socave los intereses financieros de la Unión y el dinero de los contribuyentes a nivel nacional.

La Comisión debería tomar medidas necesarias para impedir que redes delictivas se hagan con dinero de la Unión.

Los estados miembros deberían mejorar las estructuras de intercambio de información a nivel nacional, así como entre los niveles nacional y de la Unión, a fin de identificar rápidamente a las organizaciones delictivas que intentan obtener beneficios ilegales.

La Comisión debe reforzar los sistemas de control con el fin de evitar que los escándalos mencionados arriba se repitan, así como informar al Parlamento de cualquier novedad

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