Next Generation EU: a truly innovative instrument?

La Unión Europea avanza de crisis en crisis y la pandemia COVID-19 no es la primera de ellas. Los Estados Miembros cada vez quieren que la Unión Europea se haga cargo de nuevos desafíos pero son más reticentes (por sus propias presiones internas) a financiar iniciativas comunes.

Ante este paradigma, la Unión Europea ha explorado, especialmente en los últimos 10 años, las posibilidades que ofrece la colaboración entre fuentes de financiación público-privada, es decir, la concentración de recursos cuyos orígenes tienen diferente naturaleza pero que, una vez reunidos, serán gestionados y distribuidos por la Comisión Europea de acuerdo a prioridades que se acuerdan con los Estados de implementación de los proyectos.

Si mi memoria no falla, esta fórmula se probó por vez primera en proyectos de la Agencia Europea de Defensa allá por los primeros 2000 (combinando presupuestos públicos militares con la industria de equipamiento de defensa), para luego utilizarse en proyectos complejos de desarrollo denominados EU Trust Funds (donde la Unión Europea aportaba fondos a una caja común alimentada por otros donantes internacionales como la ONU o Noruega, y la Comisión gestionaba esos proyectos), más recientemente hemos visto esta misma fórmula en la reactivación de las economías europeas tras la crisis de 2008, con el Plan Juncker y la creación del European Fund for Strategic Investments (EFSI). El Plan Europeo de Recuperación frente a la COVID’19 acordado en el Consejo Europeo de julio de 2020 contiene una revisión del Marco Financiero Plurianual y el Instrumento denominado ‘Next Generation EU‘, que no es sino un capítulo más en esta línea. La Comisión Europea propuso esta iniciativa el 18 de junio de 2020 y los Jefes de Gobierno y Estado la apoyaron en la complicada cumbre de julio de 2020.

Los instrumentos mixtos de financiación (blended financing instruments) ofrecen grandes posibilidades para movilizar cantidades mayores que las permitidas por los presupuestos públicos nacionales o europeo. En concreto, Next Generation EU permite casi duplicar los fondos que pone a disposición la Unión Europea mediante subvenciones (390.000 millones €), mediante la autorización efectuada por el Consejo Europeo a la Comisión para endeudarse contratando préstamos en los mercados internacionales (máximo de 360.000 millones €).

No todo son ventajas, sin embargo. El carácter mixto de los fondos así obtenidos aumenta la complejidad de controlar su gestión. La labor desempeñada por las autoridades de fiscalización (nacionales y europeas – el Tribunal de Cuentas Europeo, OLAF o la futura Fiscalía Europea EPPO) se vuelve más complicada, convirtiéndose estos instrumentos en áreas de riesgo para la buena gestión financiera o incluso el fraude. Con carácter general, y sin particularizar en Next Generation EU, cuyo reglamento de base no se ha adoptado aún, los obstáculos al control financiero de los instrumentos mixtos de financiación tienen un doble origen. Por una parte, los fondos de iniciativa privada no constituyen ingresos europeos stricto sensu y la atribución de competencia fiscalizadora a los organismos europeos podría ponerse en entredicho dependiendo de los casos. Por otra parte, la Comisión Europea viene aplicando tradicionalmente el denominado ‘enfoque nocional’, que significa en esencia que si el programa fiscalizado ha sido correctamente gestionado en un % correspondiente a la aportación europea, se considera que no ha existido mala gestión. La Comisión se escuda de posibles críticas en sede parlamentaria alegando que es el propio legislador quien convirtió ese enfoque en oficial, dado que el propio Reglamento Financiero (art, 155.2 del Reglamento 2018/1046) prevé expresamente que solamente se fiscalizarán gastos correspondientes a la contribución europea, pero no el total del gasto del proyecto. El carácter fungible del dinero hace imposible atribuir a un donante concreto la titularidad de los fondos que, con posterioridad, se malgastaron. El dinero público – como decía aquélla – no es de nadie, y el dinero malgastado, al parecer, tampoco tiene dueño.

Seguiremos de cerca la evolución de Next Generation EU para comprobar si se adoptan salvaguardas que protejan la buena gestión financiera, con independencia de dónde vengan los fondos. Pues la mala gestión financiera y las corruptelas en la implementación de este instrumento supondrán una infausta pérdida de oportunidad para reducir la brecha social y aumentar el desarrollo de las sociedades más desfavorecidas de Europa. Y España (que representa el segundo mayo beneficiario tras Italia recibirá 72.700 millones € en subvenciones y 67.300 en préstamos) está sin duda entre ellas.

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