The reform of the Criminal Procedure Law and the adaptation of Spain to the European Prosecutor’s Office

La Ley de Enjuiciamiento Criminal espa√Īola data de 1882, pese a haber experimentado m√°s de 75 reformas a lo largo de su historia. ¬ŅPor qu√© hablar de la LECrim en un blog sobre finanzas p√ļblicas europeas? Muy sencillo, la estructura del procedimiento penal en Espa√Īa afecta directamente a la gobernanza y posibilidades de la protecci√≥n de los intereses financieros de la UE en Espa√Īa. Desde 2019 existen ciertos delitos contra la Hacienda P√ļblica europea que adquirieron relevancia penal mediante la Directiva PIF (plenamente aplicable desde julio de 2019), acto normativo europeo que armoniza ciertos delitos (los ‘delitos PIF’: fraude al presupuesto europeo, fraude del IVA, corrupci√≥n, malversaci√≥n de fondos europeos y blanqueo de dinero) en cuanto a su tipificaci√≥n, su sanci√≥n, y su prescripci√≥n.

Pues bien, esos delitos serán, a partir de finales de 2020, investigados y encausados por la Fiscalía Europea (EPPO) en cada uno de los 22 Estados Miembros participantes en esta cooperación reforzada europea. El Reglamento 2017/1939 crea la Fiscalía Europea y otorga a los fiscales delegados en cada Estado Miembro participantes competencias no solo de enjuiciamiento penal sino también de investigación e instrucción de las causas.

En Espa√Īa, sin embargo, se atribuye al Juez de instrucci√≥n la funci√≥n de autorizar las diligencias de investigaci√≥n, con responsabilidad exclusiva para aquellas actuaciones que suponen afectaci√≥n a los derechos fundamentales de los investigados y por tanto precisan de tutela jur√≠dica (tales como la interceptaci√≥n de comunicaciones, embargo preventivo de bienes, registros domiciliarios, prisi√≥n preventiva, etc.). Nuestro modelo de Ministerio Fiscal refleja un sistema acusatorio mixto mediante el que la responsabilidad de impulsar la investigaci√≥n contra el sospechoso recae en el Juez de instrucci√≥n (que selecciona los hechos que lleva a juicio) mientras que el Ministerio Fiscal inspecciona la causa y ejerce la acusaci√≥n en la misma, correspondiendo a un juez diferente el enjuiciamiento de los hechos.

En los otros pa√≠ses participantes de la Fiscal√≠a Europea el fiscal lidera la investigaci√≥n de modo independiente con la colaboraci√≥n de la polic√≠a y otros organismos fiscalizadores de naturaleza administrativa (por ejemplo, las agencias tributarias), supervisados puntualmente a su vez por un ‘juez de garant√≠as’ (tal es el caso de Alemania, Italia y Portugal).

Tal vez pueda entenderse mejor esta diferencia mediante ejemplos (y puedes entretenerte buscando otros en la base de datos Fiches Belges de la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust):

  • ¬Ņqui√©n puede ordenar el registro de un domicilio en Espa√Īa, o un registro personal superficial? el juez de instrucci√≥n (art. 363 LECrim) ¬Ņy en Alemania? el fiscal.
  • ¬Ņqui√©n puede ordenar el decomiso de bienes presuntamente vinculados a la comisi√≥n de un delito en Espa√Īa? el juez de instrucci√≥n (art. 363 LECrim) ¬Ņy en Alemania? el fiscal.

Dado que los poderes atribuidos a la fiscal√≠a espa√Īola (o m√°s bien, sus limitaciones) retrasar√≠an y complicar√≠an la eficacia de las investigaciones de la Fiscal√≠a Europea en Espa√Īa, parece haber llegado la hora de modificar y modernizar el modelo espa√Īol de Ministerio Fiscal, tras numerosas legislaturas de intentos infructuosos por parte de partidos gobernantes de uno y otro signo.

Con esta finalidad, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo (del gobierno socialista de Pedro S√°nchez) encarg√≥ a una comisi√≥n integrada por diez expertos (cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal) la redacci√≥n de un anteproyecto de futura LECrim.

El comité culminó su trabajo a principios de septiembre de 2020. El anteproyecto presentado combina elementos de dos proyectos elaborados respectivamente por el PSOE (2011) y el PP (2013).

Podría haberse optado por una postura poco ambiciosa y adaptar los poderes de la Fiscalía solamente a las necesidades planteadas por la Fiscalía Europea en relación con los delitos PIF; no obstante, si el proyecto sigue adelante con éxito, la instrucción de los delitos pasará a la órbita de la Fiscalía General del Estado.

¬ŅY qu√© ocurrir√° con los actuales jueces de instrucci√≥n? algunos de ellos pasar√°n a ser jueces de garant√≠as; competentes para ordenar las entradas y registros, detenciones, a intervenciones telef√≥nicas y de Internet y todas aquellas medidas que afecten a los derechos fundamentales.

La tramitaci√≥n del proyecto presentado por la comisi√≥n se enfrenta, en primer lugar, al filtro del Consejo de ministros, despu√©s se abrir√° un periodo de consulta p√ļblica con el conjunto de la comunidad jur√≠dica y otros sectores implicados, y finalmente se someter√° a aprobaci√≥n en sede parlamentaria. La expectativa ministerial es que ello ocurra en diciembre de 2020, aunque es preciso advertir que una vez aprobada la reforma de la LECrim, la complejidad de su implementaci√≥n exigir√° retrasar su plena aplicabilidad.

Este horizonte temporal plantea el riesgo, a nuestro juicio, de que la adaptaci√≥n de la fiscal√≠a espa√Īola no est√© plenamente operativa para cuando la Fiscal√≠a Europea decida abrir las primeras diligencias de investigaci√≥n. Aunque no sepamos a√ļn cu√°ndo ser√° esa fecha.

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