The reform of the Criminal Procedure Law and the adaptation of Spain to the European Prosecutor’s Office

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española data de 1882, pese a haber experimentado más de 75 reformas a lo largo de su historia. ¿Por qué hablar de la LECrim en un blog sobre finanzas públicas europeas? Muy sencillo, la estructura del procedimiento penal en España afecta directamente a la gobernanza y posibilidades de la protección de los intereses financieros de la UE en España. Desde 2019 existen ciertos delitos contra la Hacienda Pública europea que adquirieron relevancia penal mediante la Directiva PIF (plenamente aplicable desde julio de 2019), acto normativo europeo que armoniza ciertos delitos (los ‘delitos PIF’: fraude al presupuesto europeo, fraude del IVA, corrupción, malversación de fondos europeos y blanqueo de dinero) en cuanto a su tipificación, su sanción, y su prescripción.

Pues bien, esos delitos serán, a partir de finales de 2020, investigados y encausados por la Fiscalía Europea (EPPO) en cada uno de los 22 Estados Miembros participantes en esta cooperación reforzada europea. El Reglamento 2017/1939 crea la Fiscalía Europea y otorga a los fiscales delegados en cada Estado Miembro participantes competencias no solo de enjuiciamiento penal sino también de investigación e instrucción de las causas.

En España, sin embargo, se atribuye al Juez de instrucción la función de autorizar las diligencias de investigación, con responsabilidad exclusiva para aquellas actuaciones que suponen afectación a los derechos fundamentales de los investigados y por tanto precisan de tutela jurídica (tales como la interceptación de comunicaciones, embargo preventivo de bienes, registros domiciliarios, prisión preventiva, etc.). Nuestro modelo de Ministerio Fiscal refleja un sistema acusatorio mixto mediante el que la responsabilidad de impulsar la investigación contra el sospechoso recae en el Juez de instrucción (que selecciona los hechos que lleva a juicio) mientras que el Ministerio Fiscal inspecciona la causa y ejerce la acusación en la misma, correspondiendo a un juez diferente el enjuiciamiento de los hechos.

En los otros países participantes de la Fiscalía Europea el fiscal lidera la investigación de modo independiente con la colaboración de la policía y otros organismos fiscalizadores de naturaleza administrativa (por ejemplo, las agencias tributarias), supervisados puntualmente a su vez por un ‘juez de garantías’ (tal es el caso de Alemania, Italia y Portugal).

Tal vez pueda entenderse mejor esta diferencia mediante ejemplos (y puedes entretenerte buscando otros en la base de datos Fiches Belges de la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust):

  • ¿quién puede ordenar el registro de un domicilio en España, o un registro personal superficial? el juez de instrucción (art. 363 LECrim) ¿y en Alemania? el fiscal.
  • ¿quién puede ordenar el decomiso de bienes presuntamente vinculados a la comisión de un delito en España? el juez de instrucción (art. 363 LECrim) ¿y en Alemania? el fiscal.

Dado que los poderes atribuidos a la fiscalía española (o más bien, sus limitaciones) retrasarían y complicarían la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía Europea en España, parece haber llegado la hora de modificar y modernizar el modelo español de Ministerio Fiscal, tras numerosas legislaturas de intentos infructuosos por parte de partidos gobernantes de uno y otro signo.

Con esta finalidad, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo (del gobierno socialista de Pedro Sánchez) encargó a una comisión integrada por diez expertos (cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal) la redacción de un anteproyecto de futura LECrim.

El comité culminó su trabajo a principios de septiembre de 2020. El anteproyecto presentado combina elementos de dos proyectos elaborados respectivamente por el PSOE (2011) y el PP (2013).

Podría haberse optado por una postura poco ambiciosa y adaptar los poderes de la Fiscalía solamente a las necesidades planteadas por la Fiscalía Europea en relación con los delitos PIF; no obstante, si el proyecto sigue adelante con éxito, la instrucción de los delitos pasará a la órbita de la Fiscalía General del Estado.

¿Y qué ocurrirá con los actuales jueces de instrucción? algunos de ellos pasarán a ser jueces de garantías; competentes para ordenar las entradas y registros, detenciones, a intervenciones telefónicas y de Internet y todas aquellas medidas que afecten a los derechos fundamentales.

La tramitación del proyecto presentado por la comisión se enfrenta, en primer lugar, al filtro del Consejo de ministros, después se abrirá un periodo de consulta pública con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados, y finalmente se someterá a aprobación en sede parlamentaria. La expectativa ministerial es que ello ocurra en diciembre de 2020, aunque es preciso advertir que una vez aprobada la reforma de la LECrim, la complejidad de su implementación exigirá retrasar su plena aplicabilidad.

Este horizonte temporal plantea el riesgo, a nuestro juicio, de que la adaptación de la fiscalía española no esté plenamente operativa para cuando la Fiscalía Europea decida abrir las primeras diligencias de investigación. Aunque no sepamos aún cuándo será esa fecha.

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