Lanzamiento de la Fiscalía Europea para la protección de los intereses financieros europeos

María Luisa Sánchez Barrueco, fuente en reportaje del Diario El País

Mantuve la semana pasada una interesante conversación con el corresponsal en Bruselas de El País, Bernardo de Miguel, sobre la Fiscalía Europea, que quedó en parte reflejada en su reportaje del pasado 10 de agosto ( https://elpais.com/internacional/2020-08-09/la-primera-fiscalia-europea-vigilara-los-fondos-y-la-recaudacion-del-iva.html )

La Fiscalía Europea representa un avance muy importante en la integración europea y me sorprende la escasa atención que se le ha dedicado en medios de comunicación españoles. Será que solo tenemos ojos para la pandemia…

Laura Codruta Kövesi, primera Fiscal Jefe Europea (Foto: AP, octubre 2019)

En 2019 tuve el placer de contribuir a la reflexión institucional en el Parlamento Europeo con un informe comisionado por la Comisión de Control Presupuestario (CONT) sobre los desafíos planteados por la Fiscalía Europea, en colaboración con Hartmut Aden (Berlin School of Law and Economics) y Paul Stephenson (Maastricht University). Resumí los apartados más interesantes en este post.

La Fiscalía Europea fue creada por un Reglamento del Consejo que entró en vigor en 2017, sin embargo, su puesta en marcha estaba prevista para finales de 2020 ya en el propio acto jurídico europeo. El lanzamiento sufrió un retraso considerable debido a las tablas entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el nombramiento del Fiscal Jefe Europeo, la falta de acuerdo entre ambas instituciones produjo no pocos quebraderos de cabeza en Bruselas. Las elecciones europeas de mayo de 2019 y el reemplazo de Rumanía por Finlandia como presidencia semestral del Consejo el mes siguiente permitieron de modo casi natural cerrar el conflicto y Laura Codruta Kovesi obtuvo el tan ansiado nombramiento en octubre.

Por el momento, los Estados Miembros solo han aceptado una Fiscalía Europea al servicio de la protección del presupuesto europeo, y ello limita tanto los posibles delitos a perseguir como su afectación. Podrá investigar y perseguir los delitos contemplados en la llamada Directiva PIF, vinculados a actividades ilícitas tales como fraude aduanero, fraude de subvenciones europeas (incluidas las ayudas agrícolas), fraude del IVA, corrupción en contratación pública, malversación de fondos europeos, y el delito asociado de blanqueo de dinero. Sin embargo, la Fiscalía Europea no podrá, por tanto, investigar otros delitos de carácter transfronterizo, aún los más graves como delito ecológico, terrorismo internacional o tráfico de seres humanos, a no ser que se amplíe su mandato y este escenario resulta improbable en los próximos cinco años. La Fiscalía Europea no es competente para instruir casos en relación con ciertos delitos cuya tipificación (y sanción) ha sido armonizada a nivel europeo; por ejemplo, como la lucha contra la pornografía infantil, delitos mediambientales o falsificación del euro.

Otro aspecto a reseñar es que el refuerzo de la integración europea en la lucha contra la delincuencia no se lleva a sus últimas consecuencias, pues de las tres fases posibles en el proceso penal (instrucción, acusación y resolución judicial) la última permanece en manos nacionales. Ello suscitaba nuestras dudas respecto a estados europeos que año tras año obtienen malos resultados en los índices internacionales de independencia y calidad del sistema judicial. Algunos de ellos (Hungría y Polonia) han decidido no participar en la cooperación reforzada de la Fiscalía Europea, pero otros sí están integrados en ella (Rumanía, Bulgaria, Malta) y surgen incómodas conjeturas sobre el posible impacto de los turbios vínculos entre el poder ejecutivo y judicial en la eficacia de la Fiscalía Europea para conseguir sus objetivos de más investigaciones, más procesos, más condenas y mejor recuperación de activos en esos países.

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