14 Dic

Noticias Gobernanza Pública 14-12-2015

 

Los líderes cambian el mitin por el  plató en busca de audiencias masivas

La campaña electoral se ha trasladado a los platós televisivos, especialmente de programas de entretenimiento, y ha abandonado en gran medida los tradicionales mítines. O, al menos, la atención ha dejado de centrarse en esos actos de exaltación y la campaña de los principales partidos se ha diseñado pensando en la televisión, según admiten responsables de las candidaturas. Se busca una audiencia masiva a la que no se llega por otros medios y que se amplifica luego en redes sociales. Nunca antes en España una campaña había estado tan vinculada a la televisión y, sobre todo, a espacios de espectáculo.

Mariano Rajoy abandonará hoy, viernes, a media mañana la reunión del Consejo de Ministros para ir a Telecinco a grabar el programa ¡Qué tiempo tan feliz! de María Teresa Campos, que se emitirá el sábado por la tarde. Todos los demás líderes han pasado en las últimas semanas por ese espacio, que hasta ahora era ajeno a la política. La campaña electoral del 20-D se ha trasladado a los platós, especialmente de programas de entretenimiento. Los responsables de los partidos explican que esta situación tiene que ver con múltiples factores que van desde el desarrollo de la legislatura, la proliferación de nuevos líderes, la presencia de candidatos nacidos en platós televisivos, el interés por apuntarse a una nueva forma de política y el propio funcionamiento de los medios audiovisuales.

Óscar López, miembro destacado del equipo de campaña socialista, asegura que el ascenso de nuevos partidos como Ciudadanos o Podemos tiene que ver con la crisis, pero también con la televisión. Hasta el punto de que ambos factores han hecho crecer el interés por programas políticos en la televisión y, por tanto, de acercamiento a la política. Y se traduce en un alto porcentaje de participación prevista para las elecciones generales, según las encuestas.

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Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos

  • España es el cuarto país del mundo que mayor esfuerzo fiscal exige a sus trabajadores
  • Sólo los asalariados de Suecia, Dinamarca y Francia destinan más porcentaje al pago de las tasas que establece el Gobierno

Ranking España gráfico bueno

Los trabajadores españoles tienen que destinar hasta un 52% de su salario al pago de impuestos. O dicho de otra forma: los asalariados de España, de media, sólo disponen de un 48% de su sueldo una vez abonados el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los impuestos especiales con los que están gravados el alcohol, los hidrocarburos y el tabaco, y todos aquellos pagos que la Administración exige.

Así se desprende de un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial y en el que, además, se observa que España es el cuarto país del mundo que mayor esfuerzo exige a sus trabajadores. Por delante sólo están Suecia y Dinamarca, en donde el pago de impuestos para mantener su desarrollado Estado del Bienestar supera el 56% del salario, y Francia, cuyos trabajadores deben destinar el 54% de su sueldo a este concepto.

Por detrás de España, y todavía por encima del 50% del sueldo destinado a impuestos, se encuentran otras potencias económicas como Japón, Austria y Holanda. Sin embargo, en este grupo también está Portugal, país cuya situación no es tan favorable como la de las anteriores naciones y en donde el alto nivel de impuestos tiene, al menos en parte, el mismo origen que en el caso español: los ajustes exigidos por Bruselas, que en muchos casos se han traducido en una mayor presión fiscal ante la imposibilidad o incapacidad para obtener de otro modo los fondos y ahorros necesarios.

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La Ley de Transparencia entra en vigor para comunidades y ayuntamientos

  • La mitad de las autonomías carece de órganos para atender reclamaciones ciudadanas
  • Todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia

Las comunidades y ayuntamientos estarán obligados a cumplir la Ley de Transparencia a partir de este jueves, día 10 de diciembre, dos años después de la aprobación de la norma y doce meses después de que tuviera que aplicarla la Administración central. A dos días de la fecha, la mayoría de las autonomías no ha creado los órganos que han de velar por la correcta aplicación de todos los preceptos de la ley de Transparencia y que deberán gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en esta materia.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales 2013, pero aquel año, concretamente el 10 de diciembre, sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.

Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos: mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma a partir del jueves.

A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia para ofrecer la información a la que están obligados (contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones, etc…). La última en hacerlo fue hace unas semanas la Comunidad de Madrid.

Todos estos portales ofrecen el mismo tipo de información con más o menos facilidades para encontrarla. El de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha puesto muy a la vista el listado de regalos que reciben sus altos cargos y también va a informar de lo que cuestan los viajes que realizan.

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El Senado, entre el cambio obligado o el cierre

  • Los partidos, salvo Ciudadanos y UPyD que abogan por la supresión, no acaban de definir con detalle cómo sería la futura cámara de representación territorial española.

El Senado como Cámara legislativa de segunda lectura, sin apenas competencias exclusivas, sin iniciativa política y siempre subordinada a la última palabra del Congreso en la elaboración de leyes y toma de decisiones parece que tiene sus días contados. Tras 37 años en los que los partidos mayoritarios han sido incapaces de acordar e impulsar las reformas legislativas y constitucionales que la convirtiesen en la auténtica “cámara de representación territorial” del Estado autonómico que decían querer, el nuevo mapa político y parlamentario que surgirá de los comicios del 20 de diciembre, con Ciudadanos y Podemos con papel relevante en las nuevas mayorías de Gobierno, parece que obrará el milagro. Se ha generalizado la idea de que, a medio plazo, o hay un acuerdo dentro de una cada vez más probable reforma constitucional para dotar al Senado de un papel propio y exclusivo en el modelo de Estado, o serán legión los que reclamen su cierre.

Nadie, incluido el PSOE, está dispuesto ya a mantener un Senado de 265 miembros, con un coste anual de más de 50 millones de euros, que replica debates y mayorías ya vistas en el Congreso, y que algunas formaciones han convertido en refugio para expresidentes o exdirigentes autonómicos desalojados por las urnas o los partidos de sus cargos o en broche de oro y epílogo institucional de algunas largas carreras políticas. No parecen dispuestos a que todo siga igual ni los partidos ni los ciudadanos, que en las elecciones generales de 2011 ya dieron un serio toque de atención sobre su cansancio y desinterés por una cámara que, en su configuración actual, ven poco útil. Cosechó 180.000 papeletas menos que la urna del Congreso, cuatro veces más que los votos en blanco y tres veces más que los nulos.

Lo que ya está menos claro es qué modelo de Senado aspiran a tener los principales partidos en liza. Salvo Ciudadanos y UPyD que piden su desaparición total, el resto no detalla en exceso la cámara que persiguen. UPyD quiere que España cuente en el futuro con una única cámara legislativa nacional, el Congreso, y Ciudadanos también, pero propone la creación de un Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas que lo sustituya como órgano de aprobación en segunda lectura de las leyes estatales vinculadas a la organización territorial, aunque manteniendo la última palabra de la Cámara baja en caso de disenso insuperable.

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