{"id":2309,"date":"2023-02-27T15:37:03","date_gmt":"2023-02-27T15:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/preblogs.deusto.es\/viviendodeusto\/?p=2309"},"modified":"2024-08-29T11:26:48","modified_gmt":"2024-08-29T11:26:48","slug":"manfred-nolte-una-administracion-publica-eficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.deusto.es\/viviendodeusto\/2023\/02\/27\/manfred-nolte-una-administracion-publica-eficiente\/","title":{"rendered":"Manfred Nolte: \u00abUna administraci\u00f3n p\u00fablica eficiente\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

Art\u00edculo publicado en<\/strong> El Correo (27\/02\/2023)<\/strong><\/p>\n\n\n

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Profesor de Deusto Business School<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

El Estado moderno ha extendido sus tent\u00e1culos hasta l\u00edmites insospechados tan solo hace unas d\u00e9cadas. M\u00e1s all\u00e1 de una actuaci\u00f3n subsidiaria de la iniciativa primaria, el gasto p\u00fablico representa entre el 40 y el 50% de la actividad total productiva medida por el PIB. Los presupuestos generales superan incluso el 50% en algunas regiones n\u00f3rdicas.<\/p>\n\n\n\n

Creciente es asimismo la intervenci\u00f3n de los Estados en los asuntos econ\u00f3micos, regulando los mercados con su facultad de dictar normas, modificando la libre iniciativa contractual desde el \u00e1mbito laboral al industrial, desde el educacional al sanitario o al medioambiental. Los Estados modernos con su conglomerado de empresas p\u00fablicas, pero sobre todo a trav\u00e9s de la exacci\u00f3n fiscal definen, asignan, distribuyen y limitan el derecho esencial a la propiedad privada que los autores cl\u00e1sicos reclamaban para una econom\u00eda en progreso. De hecho, el sector privado depende pr\u00e1cticamente en su totalidad de los reg\u00edmenes regulatorios y de los recursos de asignaci\u00f3n de infraestructuras de los Estados modernos.<\/p>\n\n\n\n

Este gigantesco cors\u00e9 administrativo y fiscal ha ido imponi\u00e9ndose a los ciudadanos debido a sus innegables contrapartidas sociales, las consignaciones presupuestarias en sustento de los pilares del estado del bienestar, que se financian con esa civilizada incautaci\u00f3n denominada impuestos. De ser odiados y objeto de evasi\u00f3n, los impuestos han pasado a ser asumidos de forma progresiva, porque la gran mayor\u00eda entiende que la educaci\u00f3n, la sanidad y las prestaciones de jubilaci\u00f3n generadas con fondos p\u00fablicos son veh\u00edculos imprescindibles para la redistribuci\u00f3n de las rentas.<\/p>\n\n\n\n

Cabe interrogarse, sin embargo, si la forma en que el Estado interviene y maneja la realidad econ\u00f3mica es eficaz y eficiente o si, por el contrario, es torpe o remolona y en consecuencia ineficaz e ineficiente.Surgen dudas acerca de si los beneficios sociales alcanzados son superiores a los costes presupuestarios incurridos. Incluso cabe ampliar la vacilaci\u00f3n a su legitimidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

La eficacia se define como la capacidad para realizar una tarea mientras que la eficiencia se atribuye a aquel proceso que, siendo eficaz, utilice menos recursos o alcance mayores resultados en su ejecuci\u00f3n. Ejemplos de conductas ineficaces son la compra de trenes que no caben en los t\u00faneles o la ausencia de centros regionales Covid para el diagn\u00f3stico y tratamiento multifactorial de la enfermedad y sus secuelas. A su vez, una muestra de estructura ineficiente es la inexistencia de evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o, la cuestionable pol\u00edtica de calidad y otras singularidades aplicables al funcionariado p\u00fablico, en contraste con las severas normas que se aplican al personal en el sector privado, orientadas a la mejora de la productividad.<\/p>\n\n\n\n

Tan obvio es el derecho de los ciudadanos a la eficacia de la administraci\u00f3n que ha debido garantizarse en los art\u00edculos 31.2 y 103.1 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola como una de las piezas fundamentales en la arquitectura de la Administraci\u00f3n p\u00fablica. Pero con harta frecuencia el nivel de eficacia del Estado, as\u00ed como sus sistemas de evaluaci\u00f3n, pueden considerarse decepcionantes.<\/p>\n\n\n\n

En un reciente informe del C\u00edrculo de Empresarios se relacionan puntualmente las acciones posibles para una mejora de la eficiencia exclusivamente de las administraciones p\u00fablicas, dejando de lado el posible uso errado o ineficaz en las inversiones o gastos incurridos en la ejecuci\u00f3n del Presupuesto. En el informe se recoge una primera estimaci\u00f3n del ahorro en 2021 cifrado en 32.000 millones de euros aplicando medidas de racionalizaci\u00f3n, mejora de la calidad y eficiencia en la gesti\u00f3n de los recursos p\u00fablicos y reducci\u00f3n, y eliminaci\u00f3n en su caso, del gasto burocr\u00e1tico-administrativo o el asociado a duplicidades. Si se considera un periodo de tres a\u00f1os, el ahorro acumulado se elevar\u00eda hasta 48.600 millones de euros. Ese ahorro se distribuir\u00eda de la siguiente manera: 46% en las administraciones auton\u00f3micas, 32% en las locales y 22% en la central.<\/p>\n\n\n\n

La consecuencia de m\u00e1s calado de todo lo que precede es que no le basta al Estado la legitimaci\u00f3n que le presta el origen democr\u00e1tico de su poder. Es preciso que el poder se justifique permanentemente con la adecuada utilizaci\u00f3n de los medios puestos a su disposici\u00f3n y con la obtenci\u00f3n de resultados reales. La eficacia se ha convertido en un criterio b\u00e1sico que pondera la legitimidad de la acci\u00f3n p\u00fablica. Una administraci\u00f3n ineficaz e ineficiente posee una legitimidad ficticia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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