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Autor:Roberto Carlos Deras, es doctor en Derechos Humanos: retos éticos, sociales y políticos por la Universidad de Deusto. Presentó el pasado 3 de febrero su tesis doctoral La Justicia Anamnética, Asignatura Pendiente en los Acuerdos de Paz de El Salvador, que explica a continuación.
En enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pactaron el fin de la guerra civil (1980 – 1992). Con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las partes acordaron el desmontaje de las estructuras beligerantes y la refundación del país. De esta forma, El Salvador cerraba uno de los periodos más crueles de su historia. Tras décadas de violencia estructural y constantes episodios de violencia política, el país iniciaba una nueva etapa.
Amnistía y prolongación de la injusticia
El proceso de negociación que culminó en el Castillo de Chapultepec, México, se puede resumir en los cuatro objetivos pactados por las comisiones negociadoras: alto al fuego, democratización del país, respeto a los derechos humanos y reunificación de la sociedad.
Esos objetivos significaron el inicio de la transición democrática. Proclamaron una serie de reformas constitucionales y avalaron la reincorporación de las fuerzas rebeldes a la vida política e institucional. Ahora bien, partiendo de una reflexión ética cuyo centro sean las víctimas inocentes, el cuarto objetivo señalado, «la reunificación de la sociedad salvadoreña», es el que merece más atención.
La guerra civil, evidentemente, dejó miles de víctimas (radicales, directas e indirectas). Personas que injustamente sufrieron persecución política, masacres u otros crímenes y daños. Uno de los principales frutos que emanaron de los Acuerdos −orientado al reconocimiento de los derechos vulnerados y a la reconciliación de la sociedad− fue la creación de una Comisión de la Verdad.
El resultado fue un informe en el que, además de señalar los patrones de violencia y los responsables de los crímenes, ofrecía una serie de medidas para resarcir el daño. Sin embargo, tras el anuncio de una Ley de Amnistía, tanto el informe como las medidas sugeridas fueron archivadas.
De ahí entonces el interés por investigar, desde una reflexión ética, cómo y de qué manera el acuerdo de 1992 contribuyó a reconocer y reparar a las víctimas provocadas por el conflicto.
La implementación desde la mirada de las víctimas
Entender el proceso de paz salvadoreño desde la perspectiva de quienes padecieron un sufrimiento injusto e indebido, supone considerar, al menos, dos aspectos. Por un lado, las oportunidades y las contradicciones que derivaron de los Acuerdos; por otro, las posibilidades de que exista una reconciliación en la sociedad.
Como he sostenido en la tesis doctoral, los Acuerdos de Paz no propiciaron transformaciones directas en la realidad de las víctimas. Su exclusión ha sido la constante desde la etapa de negociación. Aunado a ello, la negación de la verdad y la apuesta por el olvido ha evitado que el Estado, victimarios y otros actores políticos, reconozcan el sufrimiento y el pasado frustrado.
Pese a todas esas inconsistencias, las reformas políticas promulgadas en los Acuerdos sí han permitido el desarrollo paulatino de una consciencia en las víctimas. Una consciencia de su propia condición y, en consecuencia, del papel que está contenido en la nueva concepción de superviviente. Esa nueva condición ha logrado una práctica organizativa y un discurso en el que la significación del recuerdo está orientado a recuperar los derechos negados.
Se trata de una acción comprometida por hacer memoria. Por educar, humanizar, contrastar a la sociedad y así recordar las injusticias. Frente a la negligencia de las instituciones, colectivos de víctimas, desde el «deber de memoria» y desde el valor epistemológico implícito en su testimonio, han asumido su lugar político. Ese compromiso ha permitido obtener reivindicaciones que van desde reparaciones simbólicas en el ámbito local o comunitario, hasta demandas a nivel nacional que aspiran a transformar la realidad.
La reconciliación de la sociedad
La reconciliación se comprende como el restablecimiento de las relaciones interrumpidas, del tejido social fracturado o la construcción de relaciones donde no existían. Esa restitución no es un propósito que pueda agotarse en decretos, pactos o acuerdos. De igual manera, no puede limitarse a la convivencia pacífica de los actores que se enfrentaron durante el conflicto.
La reconciliación es un proceso paulatino que se constituye a partir de varios momentos. Inicia con la memoria, prosigue con la culpa y arrepentimiento del victimario y con la solicitud del perdón. En definitiva, la reconciliación pretende un nuevo comienzo, una política sin violencia.
Por lo tanto, para que exista una auténtica reunificación de la sociedad es indispensable reparar y reconocer los crímenes cometidos en el pasado. En esa línea, se puede asegurar que la salvadoreña es una sociedad que está alejada de esa reunificación. Pese a esa distancia, es posible reconocer y resarcir el daño a través de un proceso largo que requiere honestidad por parte de los victimarios y voluntad por parte del Estado.
Esa forma de resarcir el daño proviene de la mirada de las víctimas: el reconocimiento de lo ocurrido y el reconocimiento de su condición política. En la práctica, esto se traduce a comprenderlas como sujetos activos y con capacidad de discutir y abogar por sus propios derechos.
En resumen, los Acuerdos de Paz no representan un instrumento directo de reparación a las víctimas del conflicto armado. El único aporte encaminado a discutir el pasado, rememorar la voz ausente y las injusticias, ha sido dirigido exclusivamente a partir de la práctica de memoria efectuada por las víctimas. En ese sentido, a pesar de la importancia histórica de los Acuerdos de Paz, estos han sido insuficiente para legitimar un nuevo comienzo.
