El pasado miércoles, 8 de marzo, el alumnado de la asignatura de Ética Cívica y Profesional del campus de Bilbao volvió a tener un encuentro con víctimas de la violencia de motivación política en Euskadi. Esta iniciativa, que lideran desde hace siete años el Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y Agenda 2030 y el Centro de Ética Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se enmarca en la opción de la Universidad por contribuir a la construcción de una cultura de paz que demanda un trabajo de conocimiento crítico de lo acontecido y la deslegitimación de la violencia desde el horizonte de la defensa de la dignidad y de los derechos humanos de todas las personas. Nada mejor que escuchar de primera mano a quienes han tenido que sufrir esa violencia en carne propia para mostrar con nitidez su injusticia e ilegitimidad.


El encuentro lo realizamos en una fecha especialmente emblemática, el Día Internacional de la Mujer. Por eso, aprovechamos la oportunidad para realizar una lectura de la violencia de motivación política en Euskadi desde la perspectiva de género. Pocas mujeres han empuñado un arma y pocas mujeres han sido víctimas directas. Pero las mujeres son mayoría entre los familiares de víctimas (viudas, hermanas, madres o hijas de varones asesinados) y, desde esa condición, han demostrado su fortaleza cuidado de los suyos y liderando la lucha por el reconocimiento de sus derechos y por construir caminos de convivencia. A ese perfil responden las dos víctimas invitadas, Mari Carmen Hernández e Inés Núñez de la Parte. En dos sesiones, una celebrada a las 12:00 con la asistencia de unas 400 personas, y otra a las 15:30 con 300 asistentes, pudimos escuchar sus testimonios, y dialogar con ellas.


Mari Carmen Hernández es viuda de Jesús Mari Pedrosa, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Durango y afiliado al sindicato ELA asesinado por ETA en el año 2000 en el marco de su campaña de violencia de persecución contra cargos públicos no nacionalistas durante la fase de “socialización del sufrimiento”. Su asesinato fue la crónica de una muerte anunciada tras una dura campaña de estigmatización, acoso e intimidación que se prolongó durante más de tres años: “no nos mataban, pero no nos dejaban vivir”. Profundamente creyente y partidaria de las segundas oportunidades, Mari Carmen fue una de las primeras víctimas del terrorismo que se incorporó al programa Adi Adian para que las víctimas de ETA o de otros grupos violentos narrasen su experiencia a los jóvenes en las aulas y ha participado tanto en encuentros con víctimas de distintos perpetradores (iniciativa Glencree), a quienes les une el sufrimiento injusto padecido, como en encuentros restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA.


Al padre de Inés, Francisco Javier Núñez Fernández, profesor de matemáticas y sin filiación política, lo mataron las torturas infligidas por dos policías de extrema derecha pertenecientes a la entonces llamada Policía Armada, en mayo de 1977. El asesinato de Paco, que, como tantos otros, arrastró el estigma de “algo habrá hecho”, fue fruto de un clima de impunidad que se ha prolongado en el tiempo contando con la pasividad, cuando no con la cobertura, de determinados sectores de los cuerpos policiales y de la clase política. A pesar de que los hechos nunca fueron juzgados, pues el crimen prescribió por la ley de amnistía de 1977 y nunca se pudo calificar como crimen de lesa humanidad, Inés ha logrado el reconocimiento como víctima por la ley vasca de víctimas en 2012, y en febrero de 2021 recibió una carta de disculpa por lo acontecido firmada por el gobierno español. La misma semana que apalearon a su padre y luego lo torturaron para matarle, murieron en Bilbao 8 personas a manos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Tanto Mari Carmen como Inés, auténticas supervivientes, exigen la equiparación del reconocimiento y las indemnizaciones de los distintos tipos de víctimas y la importancia de contribuir a la causa de una paz asentada sobre cimientos firmes. En su diálogo con el alumnado y el profesorado, ambas les invitaron a que con sus palabras y sus acciones demuestren que las víctimas les importan, que las tienen presentes, potencien el cultivo del pensamiento crítico, siendo conscientes de hasta qué punto una sociedad moralmente enferma legitimó o, al menos, normalizó el uso de una violencia que segó su pluralismo y sean activos en la denuncia de cualquier tipo de injusticia.