Artículo publicado en El Correo (13/09/2022)
Es importante que exista un consenso alrededor de las medidas relacionadas con el ahorro de energía y la crisis climática. La mayoría de la ciudadanía apoya el consenso que pide el Gobierno vasco alrededor del desarrollo de medidas que impulsen la transición en Euskadi hacia una soberanía energética basada en las renovables.
Nunca la ciudadanía había estado tan preocupada como este verano por la crisis climática. Pocos dudan de que sea urgente la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables, intentando poner las mínimas barreras al desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos.
La mayoría no se opone a que desarrollen estas infraestructuras en las cercanías de su territorio, según una encuesta de 40dB para la Fundación Europea del Clima. Y los que se oponen, lo que quieren es contar con más información, con más explicaciones y, sobre todo, que esté muy claro cómo también les puede beneficiar a ellos. La desconfianza hacia las empresas instaladoras y hacia los políticos no se vencen con buenas palabras. Los afectados necesitan visibilizar un reparto de beneficios justo. Si perciben que la mayoría de esa energía no es para ellos, si perciben que no participan en los beneficios que se van a llevar las empresas encargadas del desarrollo de estas infraestructuras, hay más probabilidades de que se opongan. Según los datos de la encuesta, el 78% cree que el desarrollo de las energías renovables favorece a las grandes empresas y el 58% a las rentas más altas. Tan solo un 34% creen que benefician también a la clase trabajadora y a los desempleados.
Tiene razón el Gobierno vasco en la apuesta por las renovables para que Euskadi pueda reducir la fortísima dependencia energética que tiene con respecto al exterior. En Euskadi, según datos del último Deustobarómetro, el 82% está a favor de esta apuesta por el desarrollo de las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas para descarbonizar nuestra economía. El próximo viernes, en un curso de verano organizado por BC3, institución de referencia internacional en el estudio de la crisis climática, se abordarán precisamente estos retos con la participación de las principales empresas del sector energético, las instituciones públicas vascas, representantes de la sociedad civil y miembros destacados de la comunidad científica para compartir los diferentes puntos de vista e intereses sobre cómo se puede acelerar la necesaria transición energética para afrontar la emergencia climática en la situación actual de crisis geopolítica y energética.
Estos espacios pueden servir para reducir el déficit de información ciudadana y para construir con rigor las bases del necesario acuerdo político. La justicia social es uno de los valores más transversal y compartido por la sociedad vasca. Por eso es importante que el nuevo pacto energético explique muy bien cómo va a beneficiar a toda la ciudadanía vasca.
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