Artículo publicado en El Correo (04/10/2022)
Hay partidos que no creen en la democracia y se presentan a las elecciones con programas que no respetan los derechos fundamentales. La ultraderecha no es peligrosa por su modelo económico o su política fiscal, sino por su falta de respeto a las minorías y a las reglas del juego democrático. Por eso en toda Europa, donde la extrema derecha se ha convertido en un actor clave con opciones de gobierno, se desarrollan diferentes estrategias con la intención de atenuar su fuerza política.
Cordones sanitarios o acomodamientos. Este contexto nos ha hecho olvidar la legitimidad de las posiciones enfrentadas ideológicamente y su normalidad democrática. La batalla fiscal nos devuelve a los márgenes de la democracia donde se establecían las disputas ideológicas alrededor de la intervención del Estado en la economía. Que la primera ministra británica, Liz Truss, haya tenido que dar marcha atrás en su intención de bajar los impuestos a los más ricos puede ser una buena noticia para la justicia social, pero esta medida no ponía en peligro la calidad de la democracia británica.
La izquierda puede creer que subir impuestos de forma progresiva es una buena manera de compartir los sacrificios que exige la actual coyuntura de forma proporcional y ayudar a que se incremente la justicia social desde una perspectiva igualitaria. La derecha puede creer que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y en el sector privado como único garante del deseable desarrollo económico y la creación de empleo. La derecha puede seguir diciendo que la mejor política social es la creación de empleo. La izquierda puede contestar que depende del tipo de empleo, que ya existen los trabajadores pobres. La derecha puede ridiculizar las rentas de garantía de ingresos llamándolas «la paguita». Y la izquierda puede ofrecer la nacionalización de empresas que comercian con servicios esenciales de la comunidad. Es un debate abierto en toda Europa. Y donde se pueden cometer todos los excesos verbales que se quieran porque la democracia no está en juego.
Andalucía se libró de un gobierno de la ultraderecha gracias a la mayoría absoluta del PP y puede indignarnos por haber acabado en estos momentos con el Impuesto de Patrimonio y por proponer bajar todos los impuestos posibles. Los argumentos son legítimos y responden a una competición política democrática. Las elecciones sirven para eso, no para que siempre ganen los míos. En unos años se puede echar a los que lo hacen mal.
Creo que hemos normalizado tratar a la oposición política como un peligro para la democracia. El debate fiscal nos acerca a los debates clásicos de la democracia y además puede servir para generar un espacio que pueda ser útil para mejorar la cultura fiscal de la ciudadanía porque realmente es algo que nos afecta a todos como sociedad.
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