Artículo publicado en El Correo (11/10/2022)
El comportamiento irresponsable del Partido Popular y su actitud antisistema que ha provocado la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial no ha entrado en las principales preocupaciones de los ciudadanos porque casi la mitad de ellos no ha oído hablar nunca del Consejo General del Poder Judicial ni sabe para qué sirve, ni sabe cuáles son sus funciones.
Según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 70% de la ciudadanía cree que la justicia no funciona bien en España y al 60% los jueces les inspiran poca o ninguna confianza. Esta falta de confianza en los jueces, unida a la desconfianza que también extienden sobre la política, explica que aquellos que sí que saben lo que es el CGPJ no quieran ni un consejo elegido por los propios jueces sin intervención del Parlamento ni un consejo en el que sea solo el Parlamento sin ninguna intervención de los jueces el que elija a sus miembros. La opción con más apoyos, según la encuesta, es la de un sistema mixto en el que intervengan tanto los representantes políticos como los jueces. Es decir, como hasta ahora.
Porque esa mayoría de ciudadanos que interpreta que la justicia no funciona bien no le echa principalmente la culpa a los políticos ni está mirando al CGPJ cuando expresa su malestar. La Justicia tiene muchas vertientes y dimensiones y cada ciudadano puede tener en la cabeza una deficiencia que considera intolerable. La respuesta que reúne a más ciudadanos enfadados con el funcionamiento de la Justicia es la de la percepción de que las sentencias judiciales son muy blandas. Con la misma intensidad que el problema de la politización de la justicia, la ciudadanía también coloca su trato discriminatorio y la sensación extendida de que no todos somos iguales ante la ley.
Cuando les preguntamos por la confianza en el Tribunal Constitucional, la mayoría de la ciudadanía suspende a esta institución. Y nos encontramos entre los ciudadanos europeos que más desconfía de la independencia de los jueces. Desde el Gobierno vasco se ha apoyado esta idea para mostrar que los jueces del Tribunal Constitucional tienen un sesgo centralista en sus decisiones cuando tienen que dirimir conflictos competenciales entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. La judicialización del conflicto de Cataluña en los años del Gobierno del Partido Popular también nos mostró que los jueces pueden ya venir politizados desde casa y aplican sus sesgos sin necesidad de que intervengan presiones políticas.
La democracia va unida umbilicalmente al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley. Y la ciudadanía que no confía en los políticos ni en la justicia tampoco se ha creído ciegamente que la solución está en dar más poder e independencia a unos jueces en los que tampoco cree.
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