Artículo publicado en El Correo (25/10/2022)
La guerra en Ucrania nos ha puesto en los bolsillos una emergencia energética y una cadena de decisiones en toda Europa relacionadas con el ahorro de energía al mismo tiempo que se intenta, paradójicamente, que no se reduzca el consumo por el alza de los precios. La paz social está en juego.
En las medidas relacionadas con el transporte público gratuito se ven instantáneamente los beneficios, se agradece en la economía familiar y solo hay que buscar el nivel de gobierno responsable de esa medida para darle su premio electoral. En sentido contrario a la mitigación del cambio climático, también podemos agradecer en las urnas al Gobierno responsable del descuento que nos hacen al repostar combustible fósil en las gasolineras. En las encuestas sobre nuestros hábitos más sostenibles de movilidad, damos más importancia al ahorro generado que a la posible contribución a la lucha contra la crisis climática.
Por eso es crucial que se cuente bien, por ejemplo, que la energía producida por las renovables ya nos sale más barata. Es más importante poner el énfasis en su precio que en su limpieza para que tenga impacto y conseguir más apoyo a la necesaria transición energética. Los distintos gobiernos a escala nacional, autonómica o local saben que tienen que tomar medidas por obligación o por gusto enfocadas a la mitigación de la crisis climática y al mismo tiempo sospechan que la ciudadanía no va agradecer con su voto estas medidas por el solo hecho de que contribuyan a la lucha contra la crisis climática.
Y es que nuestras democracias representativas basadas en ciclos electorales relativamente cortos y enmarcadas en un territorio nacional o subnacional chocan con la necesaria atribución de responsabilidades por las acciones desarrolladas por los gobernantes y por los resultados de sus políticas ambientales. Un gobierno local, autonómico o nacional lo puede estar haciendo bien, tomando medidas en el sentido necesario y la temperatura del planeta seguir creciendo durante su mandato y seguir las olas de calor extremas, los grandes incendios y las sequías interminables. Y no se les puede castigar por ello. Los dilemas de acción colectiva son así y los problemas relacionados con la crisis climática requieren de las decisiones que tomen otros países y otros ciudadanos que no están en el ámbito territorial donde se desarrollan las elecciones.
Las elecciones han envejecido mal para afrontar estos grandes retos sin perder su componente democrático. Se necesitan más legislaturas para ver los resultados y se necesita un nuevo mecanismo institucional para gestionar democráticamente los problemas globales. En las negociaciones presupuestarias que vemos habitualmente tanto a nivel estatal como en Euskadi, las medidas climáticas no suelen entrar en las medallas que busca el negociador para mejorar su atractivo electoral en las siguientes elecciones. Y si entran, es porque tienen un componente cortoplacista en el bolsillo del ciudadano.
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