En el marco del proyecto Aristos Campus Mundus, docentes de la Universidad de Deusto y Comillas-ICADE han trabajado conjuntamente en la obra “El sistema penal y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, que nace como fruto del compromiso de ambas universidades por incorporar a su actividad investigadora los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y las líneas de acción de la propuesta de ecología integral del Laudato Sí, desarrollada por el Papa Francisco, con el objetivo de ofrecer respuestas universitarias dignas a este mundo global e interdependiente.
El trabajo ha sido dirigido por María Soledad Gil Nobajas (Universidad de Deusto) y Javier Gómez Lanz (Comillas-ICADE), y ha contado con la participación de los profesores Emilio Armaza, Demelsa Benito e Itziar Casanueva de la Universidad de Deusto, entre otros.
Los 17 ODS han de ser referencia en el diseño de las políticas públicas de la próxima década. Entre las políticas públicas está la política criminal, que debe desempeñar un papel modesto en la evitación del delito y ceder terreno a las políticas sociales. Sin embargo, el recurso al Derecho penal sí está justificado para alcanzar algunos objetivos sociales, en la medida en que puede conseguir desincentivar determinados comportamientos que se consideran indeseables en la sociedad. Por eso, este libro analiza el papel que debe desempeñar el Derecho penal en la consecución de algunos ODS.
Sinopsis de la obra
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 constituyen una de las principales referencias para el diseño de las políticas públicas durante la próxima década. Es difícil calibrar hasta qué punto esta afirmación resulta extensible a la política criminal, en tanto que, como política pública orientada a la protección de los individuos y de la sociedad en la evitación del delito, ha de asumir un papel necesariamente modesto en la consecución de fines sociales.
No obstante, y aun cuando el Derecho penal (instrumento primordial de la política criminal) no debe ser empleado con propósito perfeccionista o moralizante, en ciertas ocasiones sí puede allanar el camino para alcanzar algunos objetivos sociales en la medida en que consiga desincentivar la realización de las conductas delictivas que obstaculicen el avance hacia los mismos.
En el caso de la Agenda 2030, esta situación se da en relación con buen número de las metas en las que se desglosan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal de este trabajo es, precisamente, la elaboración de un catálogo de propuestas que materializan la posible incidencia del Derecho penal en la Agenda 2030, en aspectos, entre otros, como los relativos a la salud, la igualdad de género, el empleo decente, la producción y el consumo responsables, el medio ambiente o la eliminación de cualquier forma de violencia contra los niños.
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