Artículo publicado en El Correo (17/04/2023)
Idoia bajó del autobús y ahí estaba su padre para darle un beso grande y la merienda. Ella tenía cinco años y él 32. Se disponían a ir a casa. Jesús Ildefonso estaba feliz porque su hija volvía del colegio contándole sus cositas de amigos y deberes por hacer. Además, esperaba un hermanito: su amatxu estaba embarazada de cinco meses. Pero todo se vino abajo en el siguiente minuto.
Dos jóvenes tirotearon a Jesús, por la espalda; malherido se pudo levantar e intentó huir. Idoia gritaba que dejaran en paz a su padre, mientras veía cómo la chica del comando apuntó a su padre en la cabeza y le metió dos balas más. Una mujer se llevó a la criatura llorando desconsolada a la farmacia que estaba al lado. Una familia destrozada para siempre, con un trauma indescriptible para esa niña que solo quería que dejasen a su padre en paz. Una mujer partida en dos por el dolor infinito de verse sin el calor de su amor y por mantener la vida en su vientre. Muchos dijeron por entonces que se trataba de un error, que aquel hombre nada tenía que ver con la política, como si tal cosa fuese cobertura suficiente para disponer de la vida de alguien. Pero, lamentablemente, ese era el contexto desolador en el que vivíamos esos años de plomo y desgarro. Y así hasta diez vidas rotas conforman parte del paisaje del dolor en Galdakao.
Estos días ha saltado la polémica por cómo han sido tratados estos casos de vulneraciones de derechos humanos en un informe elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que el Ayuntamiento ha hecho suyo colgándolo en su web. Es obvio que el tratamiento que debe darse a un asesinato a sangre fría jamás puede equipararse al dispensado a otro tipo de vulneraciones de derechos. Sin embargo, en el informe hay que hacer encaje de bolillos para poder disipar dudas sobre la gravedad de unas violaciones y otras.
En la entradilla sobre la memoria reciente, se afirma que reúnen a «todas aquellas personas que han padecido y padecen violaciones de derechos humanos fundamentales a causa del conflicto político vasco, así como otras personas que han padecido diversos sufrimientos de violencia de motivación política». Esta aseveración ya es per se una declaración de intenciones con una visión parcial de lo sucedido aquí. Se sugiere que el mero hecho de entender la existencia de un conflicto de carácter político lleva inexorablemente al uso de las armas, ya que declaran que «Euskal Herria se convirtió en el principal foco del antifranquismo durante estos años, debido fundamentalmente a la capacidad de los grupos antifranquistas más activos de conectar la reivindicación nacional y las luchas sociales. Surgió entonces lo que conocemos como el ‘conflicto vasco’, la resistencia armada contra la dictadura (…)». Cuando menos, sesgada, si no sospechosa de justificaciones indecentes.
Y llega el retrato de personas a las que se vulneraron sus derechos. Ellos son varios presos de la organización que asesinó al padre de Idoia. El informe habla de vulneraciones por «movimientos de cautiverio». A García Gaztelu lo trasladaron de Huelva a Madrid. Y ahí está su amable retrato y su ficha de persona vulnerada en sus derechos.
No sé si tiene ahora sentido que exponga mis razones en contra del alejamiento de las personas presas de ETA, que desde Gesto por la Paz expresamos por razones humanas y por no castigar innecesariamente a las familias de los reos. Pero es que no es propiamente ninguna vulneración de derechos. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cuya instancia ha recurrido profusamente la izquierda abertzale y ha recibido sentencias favorables a sus intereses. Pero esta de la dispersión no la consideró vulneradora de derechos de las personas presas. Por lo tanto, ahí queda una revisión de esas catalogaciones en los listados presentes y futuros de posibles vulneraciones.
De todo este asunto, lo que queda claro es que en este país seguimos sin reconocer que hubo asesinatos, así dicho, porque eso fueron: asesinatos. Y los hubo desde varios lados, todos injustos, reprobables y que merecen reconocimiento y reparación en la medida de lo posible, pero sobre todo, dignificación de la persona arrebatada, recuerdo y memoria de lo sucedido. Reconocimiento del error de haber matado.
Sin embargo, algunas personas y colectivos siguen hacia adelante, como si aquí matar hubiera sido un destino inevitable, y lo justifican sacando de debajo de la mesa la balanza, y contraponen un alejamiento a un secuestro, asesinato o agresión. Contraponen una muerte en accidente o un suicidio a la bomba lapa que mata a un niño. Y mientras no discriminemos nítida y definitivamente cada vulneración y cada delito, no escribiremos correctamente nuestra historia.
Un detalle: la calle donde fue asesinado Jesús Ildefonso García Vadillo, el padre de Idoia, hoy se llama Santi Brouard. Y está bien así. ¿Pero acaso no se merece aquel un homenaje como este?
‘Thierry’, dirigente de ETA y que instó a Jesús Egiguren a comprarse corbatas negras por la cantidad de funerales a los que iba a acudir, murió en París por un derrame cerebral. Está enterrado en su pueblo, en Galdakao. Su lápida dice que fue un preso político y asesinado en París. Y así nos va.
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