Artículo publicado en El Correo (26/05/2023)
Desde hace unos años venimos observando una actuación política en la dinámica Gobierno-oposición estatal propia del ‘todo vale’ (aunque no en todos los grupos políticos). Por ejemplo, manipulación de lo que dicen o no dicen las leyes, promesas olvidadas e incumplidas, crítica de la oposición al Gobierno (en diferentes épocas) por lo que luego ella no hace cuando llega al Ejecutivo, ofertas de ‘quién da más’ al estilo de una subasta de feria, y hasta insultos y descalificaciones personales. Auténtica barra libre para batir o erosionar al adversario político y para obtener votos electorales, sea como sea, en un proceso dinámico de degradación progresiva de la vida política. ¿No debería haber algo que impida este desmadre?
En mi opinión, el ambiente mejoraría sustancialmente si el comportamiento de los grupos políticos, Gobierno y oposición, se ajustase a esta regla que propongo como posible pauta a explorar: que la oposición critique al Gobierno en función de lo que ella haría y no haría si estuviera en el Gobierno, y que el Gobierno incluya en su agenda, al menos, lo que habría sostenido antes como oposición (o explique las razones de no hacerlo).
Esta regla daría coherencia a la dinámica política Gobierno-oposición porque delimitaría el ‘cuadrilátero’ del debate político marcado por cada grupo político en posición de Gobierno y en posición de oposición. Así quedarían fuera muchos planteamientos oportunistas.
Pero, además, esa coherencia desplazaría el eje del debate político desde ‘quién dice’ a ‘qué dice’, propiciando una objetivación de la política. No cabrían los insultos y descalificaciones, porque tanto la crítica de la oposición al Gobierno como la inclusión en la agenda del Gobierno de lo que defendió antes como oposición les obligaría a entrar en el contenido de políticas y acciones de unos y otros, sin subjetivismos. En definitiva, se pasaría de los políticos a las políticas.
Al situarse el clima del debate político en el carril de lo objetivo, los grupos, Gobierno y oposición, a fin de lograr una posición exitosa en la competencia con las demás formaciones (como hacen las empresas con sus productos en el mercado), incrementarían el rigor y la calidad de sus propuestas para cada acción con una mayor y mejor especificación en aspectos tales como objetivos genéricos y concretos, necesidades a cubrir, medidas a adoptar (qué se quiere hacer y cómo se piensa hacer), contribución de las medidas al cumplimiento de objetivos y cobertura de necesidades, su coste, los recursos a emplear y su procedencia propia o ajena, el coste de oportunidad de los recursos que se dejen de dotar a otras acciones y su impacto en ellas, encaje en el corto, medio y largo plazo, otras alternativas existentes, evaluación de los resultados e indicadores a considerar… Lo que permitiría valorar cada propuesta, así como detectar si es humo, está hueca o resulta imposible.
Cuanto mayor sea el rigor y la calidad de las propuestas de acción, más fácilmente se pondrá de manifiesto la posible concordancia entre las de los grupos políticos, Gobierno y oposición, lo que facilitaría los pactos de Estado. Además, mayor será la imagen de seriedad, lo que reduciría la desafección política de la sociedad.
Creo que la regla aquí propuesta (y sus efectos) tiene una innegable utilidad para todos/as, porque facilitaría la claridad en contra de la confusión, dando lugar a que las decisiones de la ciudadanía fueran más informadas, y a que los grupos políticos, Gobierno y oposición, vieran más premiado su esfuerzo; lo que entrañaría un incremento de la calidad democrática del debate político. Solo los tramposos/as preferirían moverse en un escenario confuso u opaco, pero con el riesgo de que podría volverse en su contra.
Lo que ocurre es que es muy difícil convertir la regla propuesta en regla jurídica (obligatoria), porque la actividad puramente política, por su propia naturaleza, goza de una amplia discrecionalidad (o libertad). Pero podría ser adoptada como una regla ética del comportamiento político, mediante un compromiso (de naturaleza política) de los grupos, Gobierno y oposición, como un ejercicio de autodisciplina; la utilidad de la regla sería la fuerza para su aplicación. No es la primera vez que se emplea esta técnica; el Pacto Antitransfuguismo (más allá de sus vicisitudes) es un ejemplo de ella. Estos tiempos electorales podrían ser una buena oportunidad para profundizar en la regla propuesta, a fin de invertir la tendencia negativa actual.
No obstante, no hay que olvidar que, aun como regla ética, sus efectos favorecerían el orden político y la paz social, a que se refiere el artículo 10-1 de la Constitución (precepto poco citado). Y, además, pienso que hasta subiría la Bolsa (lo que tampoco es nada desdeñable).
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