Una solución sostenible a nuestro paro estructural requerirá una racionalización de las subvenciones y un enfoque radicalmente diferente de la educación
Artículo publicado el El Correo (17/07/2023)
Hay algo en la genética de nuestra estructura productiva que nos confina a los últimos lugares de la tabla del empleo de la OCDE, y en todo caso de la Unión Europea.
Esa propensión excesiva al paro queda dibujada en el periodo que discurre entre 1984 y nuestros días. Quitando el ‘boom’ de la construcción previo a la gran crisis de 2008, el paro se ha situado sistemáticamente en nuestro país en niveles superiores al 15% con máximos del 27% en el primer trimestre de 2013. Lo que significa que nuestro desempleo es endémico. Se trata de un paro estructural, que no responde a las variaciones cíclicas cuando el PIB crece, desafiando de esa manera los postulados de Okun referidos al paro cíclico o coyuntural. El desempleo estructural es un desempleo de larga duración que se produce debido a carencias cualitativas en una economía.
La seria restricción que afecta a la nuestra ha sido analizada por instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional. También por institutos de investigación y centros de estudios cualificados de nuestro país. Con ligeras divergencias, todos ellos concluyen en que la capacidad de reducción de nuestro porcentaje de paro actual es muy escasa y que el sueño del pleno empleo, el del 8% recientemente preconizado por la señora Calviño, es eso: una quimera de improbable cumplimiento.
¿Cuáles son las principales causas de nuestro déficit estructural de ocupación?
En primer lugar, la España de las subvenciones. Son un poderoso anestésico que ablanda la competitividad de los factores y demora ‘sine die’ la adopción de las necesarias reformas estructurales. En no pocos casos la subvención estimula el llamado riesgo moral, que desalienta la búsqueda activa de trabajo. Este lamento es particularmente habitual en el sector de la hostelería. Nuestro déficit hoy es del 4,8% del PIB y la deuda pública está en un 113% del PIB. Desde 2019 cuando el déficit estaba en el 2,9% del PIB se ha disparado el gasto en un 5,5% del PIB, la gran mayoría en gasto social. Se trata de la financiación de los macro tranquilizantes sociales. Pero hay un matiz importante: nuestro mayor gasto en rúbricas como pensiones, desempleo, dependencia y otros de naturaleza social, es frecuentemente oportuno, pero es poco eficiente. Existe un consenso de que menores dotaciones a inversión y educación se asocian, a medio plazo, con tasas inferiores de productividad de la economía. La AIReF ha sido muy crítica con las subvenciones, destacando la ausencia de vinculación entre políticas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de las mismas.
En segundo término, nuestra famélica productividad laboral, cuya raíz es el mediocre nivel de capacidades de amplias capas de trabajadores. El sistema educativo español es pobre, no es lo suficientemente atractivo para evitar que un alto número de estudiantes abandone las aulas, y no se ajusta a las necesidades de la producción. Las tasas de abandono escolar a nivel nacional se encuentran entre las más altas de la Unión Europea, cercanas al 40% de los jóvenes entre 16 y 29 años. Dos tercios de los parados españoles no tienen formación universitaria ni de FP. Tampoco existe una suficiente oferta de programas de formación profesional para prepararlos para el desempeño. Como ha ironizado Francisco Belil, «la oferta y la demanda, cuando coinciden es por casualidad». Lo anterior conduce a un descuadre severo porque, aunque las patronales se quejan reiteradamente de la existencia de un amplio número de puestos de trabajo disponibles, e incluso los reclamen con vehemencia, se produce un desfase entre lo que las empresas necesitan y lo que ofrecen los trabajadores en paro. En el caso de España varios centenares de miles que no encuentran encaje en la nueva economía digital, ecológica y de transformación social. Pero que tampoco acceden a sectores demandantes netos como la hostelería, el agro o el comercio.
Una solución sostenible de nuestro paro estructural requerirá una racionalización de las subvenciones y un enfoque radicalmente diferente de la educación y la formación. Dicha reforma debe preparar el futuro de la oferta laboral con sentido de anticipación y visión de la coyuntura.
Como todos los temas estructurales, el remedio de este problema no es de corto plazo.
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