El próximo Gobierno tendrá que hacer frente a tres grandes desafíos: mejorar la productividad, garantizar la sostenibilidad de las pensiones y reducir una deuda pública disparada
Artículo publicado en El Correo (24/07/2023)
En lo que sigue propondremos al próximo Gobierno de la nación tres líneas esenciales de revisión en materia económica. Nos referimos a las mejoras de la productividad, de las pensiones y de la solvencia del país.
Productividad. En las dos últimas décadas, el crecimiento de la productividad en España ha estado muy por debajo del de otras economías de referencia. Situando la base 100 en el año 2000, la productividad total de los factores ha alcanzado el índice de 122 en 2020 en Estados Unidos, de 117 en Alemania y de 105 en España. Las causas de nuestro retraso están suficientemente definidas. Nuestro capital de formación y conocimiento –el stock de capacitación en sentido ampliopadece un serio problema a todos los niveles del arco educacional. En cuanto a los emprendedores, según Eurostat, el 40,5% de los autónomos y el 35,1% de los líderes empresariales carecen de estudios, frente al 24,8% y el 20,1% de media europea, respectivamente. En general, los ciudadanos españoles estamos muy alejados del espíritu de superación intelectual de los europeos y de los asiáticos. En segundo término, nuestra inversión en I+D+i debe asimismo incorporarse a las medias europeas. En conjunto nuestra inversión en I+D+i en 2020 (1,4% del PIB) se sitúa muy por debajo de la de Alemania (3,2%), de la eurozona (2,23% del PIB), de Corea (4,81%) o Estados Unidos (3,45%). En tercer lugar, la eco nomía española dispone de un escaso nivel de digitalización y un bajo capital intangible, con un universo empresarial en el predominan las micro y pequeñas empresas con escasa o nula capacidad para innovar y crear economías de escala.
Pensiones. Las pensiones constituyen el gasto más significativo derivado del envejecimiento de la población. La relativa estabilización de las cifras se ha logrado perversamente aumentando las cargas de los jóvenes y resto de trabajadores en activo, evitando medidas estructurales sobre la edad de jubilación, sustituyendo el índice de revalorización de las pensiones por un mecanismo basado en el IPC y derogando el factor de sostenibilidad, aprobado en el año 2013. Estamos ante un episodio constitutivo de una clara injusticia intergeneracional. Las reformas recientes han descartado la autosuficiencia del sistema, al poderse sufragar déficits de pensiones con los presupuestos del Estado, detrayendo con sus demandas las de otras partidas relevantes. Además, la Ley 21/2021 hace que el déficit de la Seguridad Social haya dejado de ser un indicador fiable de su viabilidad. Financiar las pensiones con consignaciones presupuestarias equivale a la quiebra del planteamiento clásico de la prestación definida en un modelo autónomo y autosuficiente.
Solvencia. La deuda pública española no ha hecho sino aumentar vertiginosamente en lo que va de siglo, desde el 36% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2007, hasta alcanzar los 1,54 billones de euros, 85.000 millones más que doce meses atrás, representando un 113,2% del PIB a mayo del presente ejercicio. La deuda pública cerró 2018 en 1,17 billones de euros, frente a los 384.661 millones de euros antes de la crisis en 2007. Sólo entre julio de 2018, con el acceso de Sánchez a la Moncloa, y diciembre de 2019 el incremento supera los 57.000 millones. Y entre el comienzo de 2022 y mayo de 2023, roza los 115.000 millones más. Un porcentaje del 113%, dada su magnitud, es fuente de intranquilidad. El servicio de la deuda resta financiación para otras prestaciones esenciales, sean de índole social o de inversión. España pagará 31.275 millones de euros de intereses en 2023, un 2,15% del PIB, el doble del importe destinado a Investigación y Desarrollo, con 16.328 millones de euros, y equivalente al 36% del presupuesto de Sanidad. Cada año vencen cerca de 200.000 millones de deuda que hay que refinanciar, a los que hay que añadir las nuevas emisiones. Su costo ha subido más de cuatro puntos en el último año. La Comisión Europea ha presentado recientemente su paquete de primavera. Las reglas fiscales vuelven a activarse en 2024. La relajación fiscal toca a su fin, pero quien apriete el cinturón ajeno pondrá en jaque su popularidad. Los partidos adoran congraciarse con el electorado a base de más gasto y menos impuestos.
Retocar estos tres pilares del edificio económico implicará tal laboriosidad que bien pueden agregarse a las míticas tareas de Hércules.
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