Artículo publicado en El Correo (21/08/2023)
Se denominan impuestos ‘windfall’, en terminología anglosajona, aquellos que se aplican a las ganancias extraordinariamente elevadas obtenidas por empresas o individuos debidas a factores de mercado infrecuentes y muy favorables. Las líneas que siguen pueden servir para advertir a los gobernantes y concienciar a los contribuyentes de las desventajas que comportan este tipo de exacciones para el tejido económico.
El 26 de mayo de 2022, el entonces ministro de Hacienda del Reino Unido Rishi Sunak introdujo un impuesto adicional del 25% sobre los beneficios obtenidos de la extracción de petróleo y gas del Mar del Norte. Recientemente, el anuncio en Italia de un gravamen del 40% sobre el margen financiero de los bancos ha intimidado no solo al sector, sino a los inversionistas que han preferido vender masivamente sus posiciones en acciones bancarias. Aunque la primera ministra Melloni haya limitado con posterioridad de forma drástica la medida, el mal estaba hecho como quedó probado por el desplome de las cotizaciones bancarias.
En 2022, el presidente Sánchez juzgó oportuno introducir en España nuevos impuestos temporales a las grandes corporaciones eléctricas y a los bancos para contrarrestar el golpe de la inflación. Un sector
del electorado ha aplaudido las medidas, no tanto por su pertinencia sino por creer ciegamente en su función redistributiva, en cuya consecuencia las clases sociales medias y bajas no contribuirán al grava-
men, pero sí se beneficiarán de los nuevos fondos recaudados. Ya se sabe, cualquier gravamen es bueno mientras solo afecte al bolsillo ajeno.
La alusión a los factores de equidad y redistribución encierra a menudo errores de calado al ignorar algunas realidades irrefutables. El mercado es extraordinariamente permeable en la filtración de todas las acciones exógenas al mismo. Un sinfín de acciones aparentemente ‘ajenas’ tienen un efecto inducido que se traslada de forma directa o indirecta hasta la disminución de la renta disponible de la ciudadanía, según la elasticidad del impuesto.
En España, y atendiendo a las cifras facilitadas por Inverco, las clases medias materializan ampliamente su ahorro precaucional en fondos de inversión, de pensiones y similares. En consecuencia, este gravamen afecta a las clases medias por partida doble: en la caída ya sucedida del valor bursátil de los sectores eléctrico y bancario, y en el momento de la previsible asunción del coste, si este le fuera total o parcialmente trasladado. La mera noticia del impuesto destruyó más riqueza bursátil que la que se pretendía redistribuir.
Pero yendo a la discusión de la bondad conceptual de este tipo de impuestos, hay que advertir que no existen en una economía de mercado, con un sistema fiscal progresivo, tal cosa como ‘ganancias inesperadas o irrazonablemente elevadas’, siempre que se sitúen dentro de la ley y que se generen sin mantener una posición dominante de mercado. En estos casos es la Justicia o el Tribunal de defensa de la competencia el que debe tomar cartas en el asunto con la firmeza requerida.
La revista Forbes y las organizaciones civiles Oxfam y ActionAid han estimado en un billón de dólares los beneficios ‘windfall’ de 722 compañías mundiales en 2021 y 2022, bajo el criterio de haber superado en más del 10% la media de resultados netos del cuatrienio 2017-2020, criterio que no se sostiene de forma razonable. No existe una metodología mínimamente precisa con la que estimar la circunstancia económica de ‘excepcionalidad’, con lo que quedaría a la discreción del regulador decidir qué son beneficios ‘windfall’.
Este tipo de tributos conlleva distintos inconvenientes adicionales, algunos de ellos graves. La principal objeción es que pueden desalentar la inversión. Esto podría suceder por dos vías. En primer lugar, los impuestos citados reducen el importe de ganancias que las empresas pueden asignar a nuevas inversiones. En segundo, generan incertidumbre en el sistema tributario. Las empresas pueden, con razón, sospechar que el impuesto se repetirá en el futuro. Eso puede disuadirlas de invertir en la expansión de su producción bajo la amenaza de que el gobierno reitere sus políticas discriminatorias. Lo cual, a su vez, conlleva el riesgo para el país de que las empresas de implantación internacional desvíen sus negocios a otra localizaciones.
En suma, este tipo de intrusión fiscal es peligrosa en unos momentos en que los PMIs de los países centrales están flirteando con la eventualidad de recesiones económicas.
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