Si acerca a una mejor convivencia en Cataluña y con España, vale la pena el precio
Artículo publicado en El Correo (12/11/2023)
El acuerdo entre el PSOE y Junts ha provocado muy recias reacciones por parte de los partidos de la oposición y de distintos medios y opinadores. La calle y las instituciones sobre las que este sector político tiene capacidad de influencia han sido movilizadas a pesar de los riesgos que siempre implica desplegar pasiones que desafían la legitimidad institucional. Sin embargo, ante una situación tan compleja, sería deseable evitar las grandilocuencias que nos excitan por encima de nuestras posibilidades de convivencia.
Lo cierto es que tenemos un problema de integración o de convivencia o de participación mutuamente leal –llámelo usted como quiera– entre Cataluña y España. Vivimos un bloqueo institucional y un deterioro de la convivencia en Cataluña y de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Es tarea de cualquier Gobierno responsable limpiar de obstáculos el camino para convivir mejor. Añadir que esa tarea debe estar sujeta a Derecho y respetar los principios democráticos va de suyo.
Debemos preguntarnos, por un lado, si este acuerdo nos ayuda en ese camino de reencuentro, que en todo caso será largo y lleno de desagradables tropiezos. Y, por otro lado, si se respetan los principios de Derecho y de democracia. En caso positivo, el acuerdo podría ser criticado como cualquier otra decisión política dentro de los límites del diálogo democrático, sin excitar pasiones que generen odios, violencia o mayores distancias entre territorios o entre sectores políticos.
No podría yo afirmar que el acuerdo carezca de aristas jurídicas discutibles, pero vivimos en un Estado de Derecho con recursos para estudiarlas y en su caso corregirlas. Pensar lo contrario sería como decirnos que vivimos en una dictadura sin controles o que estamos ante el fin del Estado de Derecho, tal como algunos han hecho al tiempo que insisten en que los catalanes deben integrarse en esa supuesta ruina sin capacidad alguna de cuestionarla: resulta llamativo sostener simultáneamente ambas afirmaciones. Los mismos que pusieron el grito en el cielo porque la justicia belga o algún órgano internacional se permitieran cualquier consideración sobre la excelencia inmarcesible de la democracia española, la colocan hoy a la altura de una república bananera.
Si fuera cierto que la democracia española es tan débil que la ventolera de un individuo, por muy presidente del Gobierno que sea, puede tumbarla en breve tiempo como si de la casa de paja de los tres cerditos se tratase, las autoridades catalanas de su día habrían hecho muy bien en despreciarla y procurar alejarse de ella. Como usted y yo sabemos que esa imagen no es cierta, que se trata de una desmesura llamada únicamente a sobrecalentar, deberíamos evitarla.
En el acuerdo hay que cederse mutuamente triunfos, lo cual siempre duele. Toca desdecirse en ocasiones. Bienvenido sea: solo los fanáticos y los tontos pueden decir que nunca se han corregido. El caso es que ninguno de los triunfos intercambiados atenta contra principios innegociables, como sería claramente el caso si la amnistía incluyera, por ejemplo, crímenes internacionales, por poner un ejemplo extremo prohibido por el Derecho Internacional, o acciones de parecido carácter.
El acuerdo, y esto es lo central, no incluye decisiones de orden político que no pasen –recuerden que ésta era la madre del cordero– por los procedimientos legales, constitucionales y democráticos y la renuncia a la unilateralidad. El principio de igualdad no está comprometido salvo que queramos dar a este noble principio un significado un tanto espurio. Estaríamos, si esto es así, ante una reacción sobreactuada –el abuso del término ‘humillación’ es significativo– cuya naturaleza sería bueno no confundir con la defensa de intocables valores democráticos.
El acuerdo es entre diferentes que cedenmutuamente e incluye contenidos que a muchos no nos agradan. Pero no incluye decisiones de una naturaleza tal que ameriten un rechazo frontal de principio por su carácter innegociable. Si este acuerdo nos acerca a una mejor convivencia en Cataluña y entre Cataluña y España, el precio bien pagado está. Esa mejor convivencia exigirá en todo caso la buena voluntad de muchos. Ahora que parece que la mayoría de los actores catalanes están comprometidos, aunque sea a regañadientes y fingiendo afectadamente la nariz tapada, en la gobernanza corresponsable del conjunto del Estado, sería de una ceguera política notable negarse a explorar la oportunidad.
Enfrentarse es más fácil que negociar. Es más fácil construir un eslogan que un acuerdo. El rechazo no asume la responsabilidad ni el riesgo de equivocarse al confrontar con la realidad. Congelar el problema y eternizarlo es una opción, pero la buena política consiste en arriesgarse, con criterio y responsabilidad, con un fin legítimo y un medio legal. Me parece, hasta que se demuestre lo contrario, el caso. Yo le daría una oportunidad.
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