Artículo publicado en The Conversation (23/11/2023)
En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, todavía hay mucho por hacer para acabar con los asesinatos machistas en España. En este artículo ofrecemos una visión panorámica de la violencia contra las mujeres y los retos en igualdad a los que se enfrenta la recién nombrada ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Un total de 1235 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2023, última fecha de la que se tienen datos según el Boletín Estadístico Mensual que publica el Ministerio de Igualdad.
España contabiliza desde 2003 los feminicidios en la pareja o expareja (anteriormente, víctimas mortales por violencia de género). En el año 2013, se comienzan a difundir datos estadísticos sobre menores de edad huérfanos y huérfanas por violencia en la pareja o expareja, así como menores de edad asesinados por este tipo de violencia.
En 2021, tras el descubrimiento del cadáver de una niña de seis años muerta a manos de su padre, el concepto de violencia de género incluye cualquier muerte de menores o mujeres en la que haya intervenido el factor género. El número de huérfanos y huérfanas menores de 18 años que dejan estos asesinatos machistas desde 2013 hasta el 30 de septiembre de 2023 fue de 427.
Aunque, como se puede ver en la gráfica anterior, los feminicidios han ido reduciéndose, las llamadas al teléfono 016, que recoge llamadas al Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en Materia de Violencia de Género, han aumentado. Desde su puesta en marcha en septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2023 se han efectuado un total de 1 219 029 llamadas consideradas pertinentes.
Las propias mujeres son las que mayoritariamente piden ayuda o algún tipo de asesoramiento en este teléfono, consistentemente entre el 70,1 % y 73,1 % de las veces, como muestra la siguiente gráfica.
Algunos logros hasta el momento
La Ley Orgánica 1/2004 dice que es víctima de violencia de género la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a su libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Esta forma de violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y expresión de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 sin ningún voto en contra, supuso un punto de inflexión en la actuación de los poderes públicos para la erradicación de la violencia de género.
Con el liderazgo de Irene Montero, antecesora de Redondo, Igualdad, además de empezar a tomar más datos sobre la violencia machista, propició la firma de un acuerdo para crear comités de crisis frente a los repuntes de asesinatos machistas y se amplió el presupuesto para combatir la violencia de género y otras formas de violencia machista.
Pese a los avances, las mujeres siguen siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas. Además, han repuntado otras formas de violencia contra las mujeres al compás de los cambios producidos por la globalización, como la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, y por la tecnología digital, como la desinformación de género, que incluye ataques en línea contra políticas, periodistas y activistas. Por eso la nueva ministra Redondo se enfrenta a un gran reto, que no tiene solo que ver directamente con los feminicidios, sino también con las injusticias, discriminación y misoginia que los sustentan y justifican, ahora gracias a las plataformas digitales.
Retos por delante
En lo relacionado con la violencia contra las mujeres, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene varios desafíos. El primero es continuar con la lucha contra la violencia machista y otras formas de violencia de género.
En el acuerdo entre los partidos de la coalición de gobierno PSOE y Sumar, dos de las cuestiones principales son renovar y reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la mejora de la monitorización de las víctimas a través del sistema algorítmico VioGén, encargado de determinar el nivel de riesgo de las mujeres que viven bajo la amenaza de violencia machista. VioGén ha sido criticado por su opacidad y por no haber podido detectar riesgo en algún caso en el que la víctima resultó asesinada.
Asimismo, Redondo podría encargarse de impulsar otras políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres que quedaron pendientes, como una ley contra la trata. Los acuerdos alcanzados para la formación de gobierno no mencionan la prostitución, a pesar de que tanto PSOE como Sumar lo mencionaran en sus programas. Por ejemplo, el PSOE planteaba en su programa: “Aboliremos la prostitución. Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas”, algo que ya trataron de hacer en un proyecto de ley que caducó.
No retroceder frente a la ultraderecha
Redondo ha apostado por el diálogo, reconocer las diferentes sensibilidades y aunar fuerzas contra una extrema derecha que ha entrado en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. La nueva ministra ha llamado a salir a las calles y no retroceder frente a la ultraderecha. Sin embargo, para ser capaz de convocar unanimidad y apoyos generalizados, será necesario que se compongan las relaciones con las asociaciones feministas después de la aprobación de las polémicas leyes que impulsó Montero; especialmente, la conocida como ley trans y la ley de libertad sexual (o del “solo sí es sí”).
La violencia de género digital no parece estar en la agenda, aunque la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la considere especialmente peligrosa para la adolescencia.
Faltaría una mirada más abarcadora para incluir fenómenos como la desinformación de género, que puede incluir el uso de pornografía deepfake. Esta pornografía falsa se crea alterando material pornográfico ya existente mediante la aplicación de tecnología deepfake a los rostros de actores y actrices para que muestren el de la persona atacada sin su consentimiento.
Diversos estudios ya revelan que la pornografía falsa afecta casi exclusivamente a las mujeres. La desinformación de género, que consiste en utilizar material falso como estos deepfakes en campañas de ofuscación, amenaza y descrédito, tiene por objeto amedrentar y humillar a mujeres para propiciar su silencio o desincentivar su participación en la vida publica y la política.
Hasta que el nuevo Ministerio de Igualdad dé a conocer su hoja de ruta, no sabremos si retomará proyectos legislativos que quedaron pendientes o afrontará nuevos asuntos. Lo que está claro es que hay mucho por hacer.
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