Artículo publicado en El Correo – edición impresa (05/02/2024)
Un reciente informe de la OCDE (Economic Policy Papers, Nº 33), señala que la economía española retrocederá 10 posiciones en la clasificación mundial de países por PIB per cápita, pasando desde la posición 23 actual a la 33 en 2060. De hecho, en los últimos 20 años España apenas ha generado valor para acrecentar su renta per cápita. En dicho informe se señala que el citado indicador creció en el periodo 2007-2020 un 0,4% anual, muy por debajo de la media de la OCDE en el mismo periodo (1,2% por año) y también por debajo del de la Eurozona (0,6% por año).
Conviene recordar que el crecimiento de la renta per cápita está definido sobre todo por la intensidad de la productividad y en menor instancia por otros factores demográficos, como las horas trabajadas por ocupado o la tasa de empleo de las personas en edad de trabajar. En cuanto a la demografía, España es uno de los países que sale peor parado en las estimaciones de la OCDE debido a la notable pérdida de población activa que sufrirá en los próximos años como consecuencia del acceso a la jubilación de los ‘baby boomers’. Pero no nos llevemos a engaño, el auténtico propulsor del producto por persona es la mejora de la productividad, a la que el nobel americano Paul Krugman, junto a una larga lista de notables economistas, ha definido como la raíz de todo progreso económico y social.
Lamentablemente el crecimiento de la productividad española cabe calificarse de famélico, dado que apenas si ha alcanzado una tasa del 0,1% acumulativo anual en el periodo 2007-2020. La OCDE califica como una larga década perdida para nuestra economía la comprendida entre esas fechas. Aun cuando el organismo multilateral se muestra algo más optimista respecto al futuro, con crecimientos del 0,4% anual en la presente década y del 0,9% anual entre 2030 y 2060, dichos incrementos no serían suficientes para hacer converger la economía española ni con la de EE UU ni con la de la Eurozona.
Más bien, los pronósticos se trazan en sentido contrario.
De las causas de nuestra anémica productividad hemos escrito repetidas veces en estas mismas páginas y resultaría tedioso volver a repetirlas. Agregaremos, sin embargo, en esta ocasión, tres elementos menos conocidos que guardan alguna relación de causalidad con aquella variable. Nos referiremos a la exigua tasa de acumulación de nuestro capital, es decir nuestra baja inversión, a las consecuencia de la desigualdad en la renta y la riqueza y a la importancia de la calidad institucional.
Es sabido que la inversión de hoy representa la productividad de mañana. La baja tasa de inversión que registra la economía española se constituye en un nuevo factor para lastrar el crecimiento total y por individuo. Fuertemente limitado por la necesidad de financiar las pensiones el Estado rehúsa sufragar este decisivo componente de la demanda. Tampoco el sector privado está por la labor, más concentrado como está en acumular reservas o reducir sus niveles de deuda. He aquí un nuevo talón de Aquiles.
Por otra parte, una investiga ción de 2018 firmada por los economistas de Harvard y MIT, Raj Chetty y John Van Reenen, concluye que la productividad, a través de la innovación en patentes está muy ligada a la capacidad económica de las personas. La gran crisis financiera paralizó en España la productividad al mismo tiempo que la reducción de la desigualdad. Nuestro coeficiente de Gini actual es el mismo de 2008.
En tercer lugar, como recuerda Rafael Doménech, existe la evidencia de que las sociedades agraciadas con una gran eficiencia de su sector público atraen o generan más capital físico, humano y tecnológico que el resto, contribuyendo de esta manera a alcanzar niveles más altos de productividad y renta per cápita.
Para terminar, España afronta un hándicap adicional en las próximas décadas. La OCDE señala que procederá aumentar la presión fiscal para financiar el déficit actual y el creciente gasto público futuro, y así evitar que la deuda siga aumentando. En concreto, España tendrá que elevar los impuestos en unos siete puntos de PIB. Esta medida anticíclica no contribuirá precisamente al crecimiento de nuestra economía ni en términos absolutos ni per cápita.
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