James Anaya, relator especial de la ONU, lucha para que los tribunales devuelvan las tierras robadas a los indígenas de Estados Unidos y Latinoamérica
Entrevista publicada en El Correo (21/04/2024) | Gerardo Elorriaga.
purépechas, es miembro de la comunidad que habitaba el territorio antes de la llegada de los colonos europeos. YVONNE ITURGAIZ
James Anaya reconoce que sufrió discriminación durante su infancia en Nuevo México, pero no cree que esa circunstancia fuera excepcional. «Me sucedió como a cualquier persona de color en Estados Unidos», aduce y devuelve la pelota a nuestra área: «Esa conducta se manifiesta de la misma manera que aquí sucede con los africanos». Pero su caso es diferente. Él no padeció la discriminación que los forasteros sufren en destinos poco acogedores, no es un emigrante, sino descendiente de las tribus apache y purépecha y, por tanto, miembro de la comunidad que habitaba el territorio antes de la llegada de los colonos europeos. «Cuando el profesor en el colegio hablaba de los salvajes en las clases de historia de Estados Unidos, me miraba a mí», recuerda, y esa memoria no resulta positiva: «No es algo que se sobrelleva fácilmente durante la infancia».
Aquel niño de piel diferente es hoy profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Colorado y ha asesorado a diversas organizaciones y agencias gubernamentales en distintos países en asuntos relacionados con demandas de los nativos del norte y centro de América. El veterano abogado ha participado en un seminario, organizado por la Universidad de Deusto, destinado a elaborar propuestas para mejorar la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por los órganos encargados por la ONU.
Su compromiso no surgió de una férrea vocación, sino que tuvo que ver con la habitual inseguridad juvenil. «No sabía qué hacer», confiesa. «Estudié Economía, pero sentía que no estaba listo para entrar en el mundo y cursé Derecho porque me parecía interesante», explica. Al finalizar su carrera de Leyes entró en un bufete especializado en la defensa de las comunidades nativas. «Trabajaban en la recuperación de las tierras afectadas por procesos históricos que habían propiciado la esquilma», arguye para explicar su posterior compromiso.
No se trata de un empeño sencillo. Los procesos judiciales para recuperar patrimonios ancestrales requieren de documentos que prueben el derecho a la restitución dentro del sistema jurídico estadounidense. «Nosotros basamos las reclamaciones en documentos de la Corona española que rastreamos en los archivos», indica y señala que la monarquía concedió mercedes a colonos e indios que ahora sirven para argumentar los pleitos. «No se trata de una cuestión de justicia o no, esa cuestión no se dirime, sino de probar que se arrebataron con violencia».
Depredadores
Tampoco existe un perfil del depredador. «Lo han sido todos, hablamos de un proceso sistemático. Incluso se hicieron con aquellos territorios que les fueron concedidos a los pueblos porque se descubrió oro en su interior, llegaron los buscadores y se los apropiaron», cuenta, y sentencia: «Estados Unidos se ha construido sobre propiedades de las tribus». El abogado vive en la ciudad de Boulder, Colorado, un ejemplo de esa rapiña. «Se trata de una ciudad universitaria muy hermosa, habitada por una población progresista, con mayoría socialista, algo muy extraño en ese país, pero sus vecinos ignoran que se erigió sobre un territorio de los arapahoe. En el siglo XIX fueron despojados y masacrados en Sand Creek, uno de los peores incidentes de la historia, aunque pocos lo saben», lamenta. «Tan sólo se conoce al caudillo Mawat o Left Hand, porque da nombre a calles y cervecerías. Nosotros intentamos difundir ese pasado».
Abundan los tópicos sobre los descendientes de los nativos americanos, aunque hay certezas abrumadoras. La pobreza afecta, según las estadísticas, a entre el 25 y 27% de la población. «En las reservas se desarrollan en función de sus propios valores y en muchas hay más miseria que en el resto, pero tal situación se puede ligar a lo que ha pasado durante todos estos siglos. El despojo y la opresión cultural han tenido terribles consecuencias», advierte y señala que también los nativos que viven en las ciudades se esfuerzan por preservar su herencia. «Pero no hablaría de preservar la identidad, sino de desarrollarla», apunta.
Anaya no quiere caer en el victimismo por meras razones étnicas. «No hay privilegios por ser blanco, ahí está el caso de los habitantes de los montes Appalaches que padecen un problema muy grave de marginación», alega y reconoce que el desánimo une a todos más allá del color de la piel. «Lo peor es la sensación de falta de futuro. Todos tienen grandes dificultades. Sólo se diferencian por las razones. En Estados Unidos existe mucha desigualdad y eso no se enfatiza suficientemente».
Los fallos favorables no se acompañan de indemnizaciones. «Nosotros también ayudamos a los litigantes a buscar fondos dentro del sistema», indica y apunta que, a menudo, se ponen en marcha proyectos hoteleros o empresas forestales sostenibles. El juego también es una opción. «Pero los casinos generan una imagen errónea, lo que ocurre es que son muy visibles», aduce.
El área de intervención de Anaya desbordó fronteras políticas y se implicó en asuntos indígenas en países latinoamericanos. En 2008 Naciones Unidas lo nombró ‘Relator especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas’ por su vasta experiencia. «Las diferencias son ostensibles», arguye y explica que las comunidades nativas al sur del Río Grande carecen de la autonomía de las septentrionales, que poseen una administración propia, policía o su propia red educativa. «Sus propósitos van más a fortalecer esos mecanismos de autogobierno, aunque también se llevan a cabo proyectos de coordinación política hacia el exterior sin que constituyan el enfoque principal. La explicación es demográfica. Somos menos del 5% de la población total, los que habitan las reservas suponen el 2%, mientras que en Ecuador su porcentaje supera el 40%».
Su apoyo a los miskitos en su lucha contra el gobierno sandinista lo condujo a la Corte Inter
americana de Derechos Humanos. El caso ‘AwasTingni vs. Nicaragua’ obtuvo la primera sentencia favorable de esta institución acerca del derecho de propiedad sobre tierras ancestrales indígenas. «Luego, los sandinistas reconocieron que fue un error no reconocer los derechos comunitarios», recuerda.
El proceso sufrió los vaivenes políticos. El abogado asesoró a sus clientes y a las autoridades para crear un régimen legal de protección con una autonomía que proporcionara cierto control sobre su área, pero el régimen era débil y cuando los liberales llegaron al poder intentaron abrir el país a la inversión exterior mediante concesiones forestales. «No tuvimos éxito en los tribunales locales y recurrimos a la Corte Iberoamericana sentando un precedente que ahora se aplica a nivel internacional». Pero escasean los finales felices. «Ahora la situación está fatal porque hay una dictadura de hecho y al gobierno no le importa la opinión exterior».
Las resoluciones judiciales, a menudo, contrastan con una realidad compleja y brutal. «En México, por ejemplo, hay una política muy proderechos e, incluso, existe el Instituto de los Pueblos Indígenas con líderes nativos promoviendo políticas propias, pero el problema es implementarlo en un contexto de violencia y corrupción». En el otro extremo del continente, Chile es un ejemplo de una estrategia opuesta. «Allí se firmaron tratados con los mapuches, pero se hizo caso omiso y se parcelaron las tierras para entregarlas a grandes terratenientes».
La situación actual en Estados Unidos no resulta halagüeña. «Los tribunales se oponen la revisión. Es una manera de legalizar definitivamente el despojo», denuncia. Se trata de una cuestión de vastas dimensiones. Más del 60% de la superficie de Nuevo México y Arizona son de titularidad pública. «Eran de los indígenas y se lo quedó el Estado, no hay títulos y, por eso, no hay litigación
actualmente. No están habitadas y, al menos, se podría recuperar su gestión si el gobierno tuviera suficiente habilidad».
La política de las repúblicas americanas surgidas tras el fin de la colonización no ha sido benevolente con sus pueblos aborígenes. «Tanto la izquierda como la derecha les han sido muy desfavorables, la historia no cambia, y luego están personajes como el brasileño Bolsonaro que, además, suma el riesgo de extinción por el desastre ecológico». En cualquier caso, Anaya es optimista. «Ha habido avances en los últimos veinte años, se han promulgado mejores leyes, pero la aspiración no es la integración, sino la libre determinación, que mantengan su autodeterminación y el poder de decidir». – ¿Y la discriminación? ¿Un niño sioux o navajo podría ser hoy también señalado cuando se habla de la lucha contra los indios? – Oficialmente no existe, pero los estereotipos perviven en todas partes.
- El 27% de los descendientes de los nativos americanos se encuentra en situación de pobreza.
- Documentos de la Corona española
Los procesos judiciales para recuperar patrimonios ancestrales requieren de documentos que prueben el derecho a la restitución dentro del sistema jurídico estadounidense. Anaya se basa en legajos de la
Corona española.
- El 60% de la superficie de Nuevo México y Arizona es de titularidad pública.
- Terrenos sin título de propiedad
El suelo era de los indígenas y se lo quedó el Estado, no hay títulos y, por eso, no hay litigación actualmente. Tampoco está habitado
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