Publica su segundo libro sobre ciberdelincuencia, que evoluciona «más rápido que el derecho» y donde hacen falta «herramientas para la investigación judicial»
Entrevista publicada en El Diario Vasco (11/05/2024) | Aiende S. Jiménez.
En apenas dos años ha publicado dos libros sobre ciberdelincuencia, motivado por su espíritu académico pero también por el estudio de un fenómeno creciente que evoluciona a una gran velocidad. Jon López Gorostidi (Getxo, 1993), profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto y vicesecretario de la Facultad de Derecho del campus de Donostia, habla sobre su último título, ‘Ciberdelincuencia: espacio delictivo y participación’, sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial y de los retos que supone para la Justicia.
– ¿Por qué un segundo libro sobre ciberdelincuencia?
– Socialmente es un tema que sigue interesando y en el que la visibilización y la prevención son clave. Pero es que además en dos años han pasado muchas cosas. Han cambiado la legislación y la jurisprudencia, ha irrumpido la Inteligencia Artificial y se pueden cometer delitos con ella. Siempre decimos que el derecho va por detrás de la sociedad, pero en temas de ciberespacio o IA más aún.
– La IA ya se utiliza para suplantar identidades o modificar imágenes, sobretodo con fines pornográficos. ¿Cómo afecta eso al plano judicial?
– A partir de ahora va a ser muy importante vigilar que se cumple la cadena de custodia con las pruebas documentales como fotografías, vídeos o grabaciones. Porque todo ello se puede modificar con IA, y un abogado puede generar la duda razonable de que esas imágenes sean falsas, que hayan sido alteradas. Y en un juicio se tiene que probar sin lugar a dudas que esa prueba es verdadera. Sin duda es un nuevo reto para la Justicia.
– Los delitos informáticos son ya una de cada cuatro denuncias que se registran en Euskadi. ¿Cómo afecta en materia de seguridad y Justicia?
– La prevención es básica. En los últimos años ha habido una evolución y la gente es más consciente de los riesgos. Se están haciendo políticas de ciberseguridad potentes. Pero las necesidades en lo jurídico van más sobre mejorar la investigación, que haya más velocidad para que los jueces puedan obtener cierta información o para compartirla entre diferentes países. La parte de la respuesta penal, una vez que la culpabilidad está demostrada, diría que está bien cubierta con las reformas que se han introducido. Pero hay que centrarse en dar herramientas para que la investigación en materia de ciberdelitos sea lo más potente posible. Porque uno de cada cuatro delitos se cometen en internet, pero una de cada cuatro sentencias no son de ciberdelitos.
– Uno de los principales obstáculos en las investigaciones son las trabas que ponen algunos países como EEUU, donde se alojan las grandes tecnológicas. ¿Cómo salvarlas?
– Hay una necesidad de armonizar las legislaciones en la materia y aumentar la cooperación internacional. En cuanto a los niveles de respuesta por países, en el ámbito de la Unión Europea es más sencillo y se ha hecho un buen trabajo, pero cuanto más se abre el abanico a diferentes países y culturas más trabas hay. No obstante, siempre que haya una orden judicial es posible obtener información. El tema está en cómo de rápida es esa orden y su respuesta. Si preguntamos a una empresa española lo será, pero si es con el grupo META, es más difícil.
– En el libro habla de la evolución del hacker. ¿En qué ha cambiado?
– Cuando apareció el término se relacionaba con la liberalización de la información, personas que utilizaban métodos ilícitos pero objetivos loables. Pero después evolucionaron a delitos de pornografía infantil, estafas, robo de información con solicitud de rescates, daños informáticos a empresas y a instituciones¿ Además no es que hayan aumentado los ciberdelincuentes, sino que ha habido un desplazamiento del delincuente del espacio físico al ciberespacio porque hay más oportunidades.
– ¿Cómo valora que menores de edad con grandes conocimientos informáticos, como el detenido por los chat porno en Donostia, se dediquen a delinquir?
– Son chavales que no cometerían delitos en el mundo físico pero sí lo hacen en el virtual, y muy graves. En internet hay un efecto desinhibidor, de que lo que hacemos no es tan serio. En estos casos se podría dar una respuesta legal de lo que se conoce como adelantamiento de la barrera de protección. Se hizo en su día con el terrorismo yihadista, se aprobó un tipo penal de autoadoctrinamiento, en el que se castigaba acceder a páginas para formarse en doctrinas yihadistas. Así empezó a ser punible prepararse para ello sin llegar a cometer el delito. Podría ser una respuesta para estos casos, aunque es controvertido, porque la respuesta penal siempre es la última.
– En el libro dedica un capítulo a hablar de cómo en los ciberdelitos el Código Penal castiga de forma diferente las autorías. ¿Podría explicarlo?
– Desde la idea de que en la red operan organizaciones criminales, y en la búsqueda de depurar responsabilidades, lo que está haciendo el legislador es castigar a todos los que colaboran en la trama delictiva, aunque no tengamos al autor que la creó, a la cabeza de todo. Por ello se condena como autor al que facilita la comisión del delito, que en otros tipos sería cómplice, como al que facilita la herramienta necesaria para llevarlo a cabo.
– ¿Por tanto las penas son iguales para el que origina una estafa que para el que colabora con el movimiento del dinero o el que fabrica un programa digital para su comisión?
– Las últimas sentencias del Tribunal Supremo están yendo en ese sentido, sí. Por un lado, el Código Penal dice que si yo creo una herramienta con intención delictiva, aunque yo no sea el que la utilice, soy condenado igualmente. Y ocurre en las estafas con los muleros, los que pasan dinero entre cuentas y se quedan con una parte. Hasta ahora se les castigaba como cómplices de estafa, pero el TS está penándolo como blanqueo y en concepto de auto.
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