El 62% de españoles encuestados por el CIS considera que el Estado les aporta menos de lo que ellos tributan. Pero, además, ¿las contrapartidas que el ciudadano recibe de las administraciones públicas son eficaces y en su caso eficientes?
Artículo publicado en El Correo (22/07/2024)
En 2024, España se encuentra en una presunta encrucijada fiscal. La necesidad de una reforma integral se antoja, según el Gobierno, imperativa, para acompasar al presente los preceptos de todo sistema tributario: fomentar el crecimiento económico, reducir las desigualdades sociales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahí está, al acecho y entre otros informes, el Libro Blanco, resultado del trabajo realizado por el Comité de personas expertas, a quienes Hacienda encargó su redacción en abril de 2021.
A la razón citada como imperativo de una reforma, sigue añadiéndose la denuncia de que, en el club europeo, España milita muy rezagada en la liga de la presión fiscal y que es necesario realizar esfuerzos para acercarnos a las posiciones de los mejores.
Escuchados de sopetón estos alegatos, cabría rendirse a la iniciativa de una nueva reforma porque, además, subir impuestos constituye un hábito recurrente de las administraciones públicas. Solamente desde 1990, el Congreso y los sucesivos gobiernos han aprobado más de diez reformas tributarias sustantivas o ‘mayores’ y otras más de parcheo o de retoques circunstanciales.
Pero pasada la primera impresión, cabe presentar algunas réplicas a las razones presentadas por el gobierno.
Comenzando por repasar la complejidad conceptual que reviste el argumento de que nuestro retraso en el ranking de presiones fiscales europeas exige esfuerzos adicionales de equiparación, lo que equivale al aumento de los impuestos existentes o a la introducción de otros nuevos. Esta tesis admite dos refutaciones igualmente importantes.
La primera, que la presión fiscal es un concepto dudoso como indicador de crecimiento, de progreso e incluso de bienestar social. La prueba es que si bien economías europeas como Francia (46,9%), Dinamarca (45,4%) y diez más superan el ratio de impuestos a PIB de España (38,4%), la media de la OCDE se sitúa en el 34,1% y países como el Reino Unido (33,5%), Canadá (33,2%), Corea del Sur (29,9%), Suiza (28%) o Estados Unidos (26,6%), ejemplos de un desarrollo económico superior al de España, registran porcentajes inferiores al de nuestro país.
La segunda objeción se refiere a la equidad fiscal representativa de un índice como la presión fiscal, el cociente de los impuestos entre el PIB. Hace ya medio siglo que el economista americano Henry Frank introdujo el criterio del ‘sacrificio fiscal’ más certero que el de presión fiscal. Para entenderlo nos basta comparar el ‘esfuerzo fiscal’ de un danés cuya presión media fiscal (45,4%) sobre la ‘renta per cápita’ danesa (63.290 euros/año) es inferior al ‘esfuerzo fiscal’ del contribuyente español cuya presión media (38,4%) gira sobre la ‘renta per cápita’ española (30.320 euros/año). La renta disponible de un danés siempre será superior a la de un español, aunque su presión fiscal sea superior.
A pesar de que la presión fiscal española (38,4%) se sitúe en una zona media/baja entre los países centrales, su ‘esfuerzo fiscal’ se halla en puestos de cabeza. Solo países como Grecia, Portugal o Italia presentan un esfuerzo fiscal mayor para sus contribuyentes. Adicionalmente, no puede obviarse el citar aquí la extrema divergencia que representan países con un paro del 17% -España, en series de
20 años- inferior al 5% de Dinamarca. Una población empleada más numerosa incidirá en una recaudación mayor.
Una consideración adicional se refiere a un atributo que debe adornar cualquier sistema tributario: su honorabilidad y merecimiento. Un indicador de dichas características lo constituye el saldo de pagos y cobros que el administrado percibe en su relación con el Estado. El CIS en una encuesta de agosto de 2022 nos facilitó una respuesta aproximada. El 62% de españoles encuestados consideró que el Estado les aporta menos de lo que ellos tributan. Pero, además, ¿las contrapartidas que el ciudadano recibe de las administraciones públicas son eficaces y en su caso eficientes? Ejemplos de conductas ineficaces son la compra de trenes que no caben por los túneles o la ausencia de centros regionales covid para el tratamiento multifactorial de los síntomas y secuelas de la enfermedad. A su vez una muestra de estructura ineficiente es la aplicable a los trabajadores del sector público, en franco contraste con las normas que se aplican en el sector privado, orientadas a la mejora de la productividad.
En resumen: ¿nueva reforma tributaria? No sin tino y una profunda contrición política.
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