La calidad de las existentes en España se sitúa por debajo del promedio de la Unión Europea y dista significativamente de las prestaciones de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo o Países Bajos
Artículo publicado en El Correo (20/01/2025)
La importancia de las Instituciones para el progreso y el bienestar de unpaís cobró una notoria relevancia con la adjudicación de los Nobel de Economía 2024 a Daron Acemolu, Simon Johnson y James Robinson. Los laureados destacaron por la investigación pionera sobre ‘cómo se forman las instituciones y cómo estas afectan a la prosperidad’.
Según su análisis, las diferencias en la riqueza y el progreso actual de buen número de países se deben en gran parte a las instituciones promovidas durante la época colonial, donde, en unos casos se desarrollaron modelos inclusivos que fomentaban el crecimiento, mientras que en otros se implantaron modelos de saqueo diseñados para beneficiar exclusivamente a una reducida élite dominante.
Esta tesis destaca el hecho de que la prosperidad a largo plazo no depende solo de la riqueza natural de los países, sino también, y, sobre todo, de la calidad de sus Instituciones políticas y económicas. Unas promovieron la participación, la inclusividad y los derechos de propiedad fomentando el crecimiento sostenible. En contraste, otras que beneficiaban a una minoría a expensas de la mayoría esquilmaron el país limitando el desarrollo y generalizando la pobreza.
Resulta fácilmente asumible que, también hoy, el desarrollo y bienestar de una sociedad depende en gran manera de la pujanza e idoneidad de sus Instituciones. Al hablar de Instituciones nos referimos fundamentalmente a las incluidas en el ámbito de la economía, de lo social o de la política. Se entienden como estructuras organizativas, con normas, reglas y prácticas que organizan y acompañan el comportamiento humano en la sociedad. Parlamentos, Diputaciones o Ayuntamientos se incluyen entre las políticas. Los Bancos centrales, los entes reguladores y supervisores entre los económicos. Y las escuelas, institutos y universidades, junto a los sistemas de salud y seguridad entre los sociales. Y así, un gran número más.
En segunda instancia también las instituciones del ámbito de la cultura y del ocio proveen de vitalidad a una área determinada, sea ciudad, región o país. Una urbe dotada de una orquesta sinfónica, un centro de congresos, un palacio de la ópera, un equipo militando en la élite de los distintos deportes de masas o una plaza de toros gozará, en principio, de una categoría y solera superior a la de la que aquella ciudad o región que carece de ellas. También estas Instituciones difunden la cultura fortaleciendo la identidad colectiva y promoviendo valores compartidos.
No todas las Instituciones tienen un impacto directo en el progreso económico o social. Para ello, se requiere que cumplan la función esencial de ser inclusivas y de operar de manera transparente y sostenible. Su impacto dependerá, en definitiva, de su carácter democrático en el más amplio de sus sentidos. Porque si una institución no actúa bajo los principios de inclusión, transparencia y búsqueda del bien común, se convertirá invariablemente en un instrumento de opresión. Tal es el caso del gobierno de un régimen dictatorial. Es necesario considerar, en consecuencia, la calidad institucional.
Llegado a este punto, ¿porqué no evaluar la calidad de las Instituciones españolas? Entre los factores contemplados se encuentran los atributos más inherentes a la excelencia de las Instituciones: la estabilidad política, la calidad de la regulación, los niveles de corrupción, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia y el respeto al Estado de Derecho. Todos ellos juzgan el desempeño de las Instituciones troncales de un país.
Pues bien, sin ánimo de caer en el pesimismo, la respuesta apunta a unas carencias significativas. Citando a Andrés Picazo, de la Universidad de Valencia, según el Banco Mundial, la calidad de las Instituciones españolas se sitúa por debajo del promedio de la Unión Europea y dista significativamente de las prestaciones de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo o Países Bajos. Este dato se ha acentuado, a la baja, desde comienzos del siglo XXI. En el año 2000, España ocupaba el percentil 86 en los indicadores de calidad institucional, mientras que en 2022 cayó al percentil 73. Fijando en 100 la calidad promedio de la Unión Europea, España alcanza actualmente una puntuación de 78,1, lo que evidencia un déficit preocupante en comparación con nuestros socios europeos.
Sin ceder al desánimo, he aquí un capítulo que nos obliga a huir de los triunfalismos.
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