Artículo publicado en El Correo (27/01/2025)
En España se están dilapidando los vientos europeos favorables al gasto social para cristalizar un escudo social compartido que pueda tener la misma solidez que el que se ha construido en Euskadi alrededor de la justicia social y que ha vertebrado la política de las instituciones vascas en las últimas décadas con los acuerdos entre PNV y PSE que explican por qué al Partido Nacionalista Vasco no se le puede etiquetar como un partido de derechas y por qué el ingrediente más transversal e intergeneracional de la identidad vasca es el orgullo que rodea a todas las políticas sociales.
La Gran Recesión internacional que estalló en 2008 y que afectó duramente a España durante un lustro se abordó sin la ayuda económica y con el grifo cerrado de las instituciones europeas. El PSOE, que había ganado las elecciones de 2008, tuvo que promover medidas desde el Gobierno como la reducción del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, el recorte del gasto para dependencia o la eliminación del cheque-bebé. Se presentaban al Parlamento recortes de gastos sociales por mandato imperativo externo. Se puede comprender que el principal partido de la oposición de entonces, el Partido Popular, votara en contra de las medidas de austeridad para intentar hacer caer al Gobierno sin perder la simpatía de los ciudadanos. Mariano Rajoy pudo construir un discurso en el que se presentaba como defensor de los intereses de los ciudadanos y culpaba al Gobierno de sus males. Más allá de cómo valoremos su responsabilidad o sentido de Estado, su posición era la que mejor optimizaba su rendimiento electoral al conectar con el sentimiento popular.
Por suerte para mayoría de la ciudadanía española, y especialmente para los más vulnerables, la respuesta de las instituciones europeas a la crisis de la pandemia ha ido en sentido contrario a las medidas austericidas de hace una década y los fondos de reconstrucción y las políticas monetarias están enfocadas al estimulo de la economía y a la protección social de la ciudadanía. En este contexto, desde el Gobierno español se han presentado en la última semana una serie de medidas encaminadas a la protección de la ciudadanía como la subida general de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional, la prórroga durante los primeros seis meses de 2025 de los descuentos en el transporte público o la prohibición del corte de suministros básicos a las personas vulnerables. El Partido Popular, principal partido de la oposición al Gobierno minoritario socialista como en 2010, vuelve a poner por delante el desgaste del Ejecutivo a los intereses de la ciudadanía.
Pero, al contrario que en 2010, le va a costar más trabajo explicar a la ciudadanía que está sufriendo innecesariamente sus decisiones políticas por qué se opone al incremento del bienestar de la ciudadanía en un contexto de economía robusta. La credibilidad y la cercanía a las preocupaciones de la ciudadanía habría aumentado si hubieran votado a favor de ese escudo social que debería formar parte del nacionalismo español. La excusa del ómnibus, el palacete o la okupación no dejan de ser pequeñeces para un partido que aspira al Gobierno de España.
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