Artículo publicado en Deia (13/02/2025)
Un reciente estudio de Euskalit –la Fundación vasca para el avance en la gestión de nuestras empresas– identifica los factores claves para la competitividad de nuestra industria. Insiste en la innovación en los procesos, e identifica como ámbitos de mejora más recurrentes la propia gestión de la innovación, las relaciones con la clientela y una mayor orientación hacia las personas de la empresa. Todos ellos aspectos de mejora aplicables también en las sociedades públicas.
En esta línea de búsqueda de mejoras en los procesos, en Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa hemos contado con más de 30 personas, profesionales destacados en sociedades públicas de todo tipo, para realizar un esfuerzo de aplicación del llamado Modelo Inclusivo Participativo de Empresa –MIPE– que venimos impulsando desde 2018 diferentes personas que hemos vivido en las cooperativas de Mondragon una síntesis diferente de lo habitual entre estos ejes de competitividad y el de la humanización de las empresas. El resultado está disponible gratuitamente en la web de Fundación Arizmendiarrieta.
El objetivo, también para las sociedades públicas, es mejorar la competitividad de las empresas y organizaciones mediante la aplicación de valores y sistemas de gestión que favorecen la implicación de las personas y así el valor añadido y la innovación en su trabajo. Como consecuencia, avanzar en el éxito empresarial, a la vez que en la satisfacción de las personas trabajadoras y el valor social generado.
Las empresas y sociedades públicas actúan en distintos sectores y cuentan con numerosas particularidades respecto a las empresas convencionales que recomiendan adaptar este MIPE a sus características. Son organizaciones que se orientan a facilitar un servicio público especializado a una parte de la ciudadanía. La excelencia y la eficiencia en la provisión de su servicio es por tanto una prioridad.
En su gestión y en su gobernanza es especialmente relevante la trasparencia y la responsabilidad no solo sobre las tareas sino también sobre los resultados de su actividad, y como consecuencia son también críticos los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía y el asegurar la satisfacción de la sociedad con su servicio. Y en su trabajo, las personas trabajadoras deben aplicar los valores de la ética profesional pública.
La idea básica, también para las sociedades públicas, es que mejorando los procesos, es decir, las dinámicas de trabajo individual y en equipo, el empoderamiento y la participación de las personas y su adhesión al proyecto compartido, se puede simultanear un incremento significativo en la eficacia y competitividad del servicio con una mejora en la satisfacción de las personas trabajadoras.
Los 4 ejes, las 4 líneas de trabajo en las que propone avanzar este modelo son:
1. Desarrollar prácticas de gestión y de cultura corporativa, basándolas en la confianza, transparencia, rendición de cuentas y cooperación, para su mayor eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Destacando el esfuerzo en los procesos de liderazgo participativo, comunicación e información, y en los de formación y desarrollo de las personas.
2. Conseguir que sea un proyecto compartido por las personas responsables políticas, las directivas y profesionales, el resto de las personas trabajadoras, y también las personas usuarias o clientas. Que sea beneficioso a largo plazo para todos y todas, y en el que se dé prioridad a la sostenibilidad del proyecto colectivo sobre los intereses particulares de cualquiera de estos grupos de interés.
3. Implantar sistemas de gestión participativos, con procedimientos, herramientas y prácticas estandarizadas, que propicien la innovación y los cambios organizativos. Orientados a la corresponsabilidad, la autonomía y una organización ágil, eficaz y participativa, que fomenta la equidad y la paridad. Una organización inteligente, que aprende a aprender. Y que consulta sistemáticamente a la plantilla y a personas usuarias y clientela para conocer su satisfacción, y sus valoraciones.
4. Avanzar en el compromiso social de la empresa pública, lo cual forma parte de la esencia del sector público, ya que su actividad se dirige a añadir valor a la sociedad. Sociedad que espera que el sector público actúe con transparencia, de acuerdo con la ética pública, que rinda cuentas de su actividad, que se abra a la participación ciudadana, y que realice su trabajo comprometiéndose con la sostenibilidad futura para todos y todas.
Un dato importante es la respuesta muy positiva que ha tenido esta iniciativa entre profesionales y personas directivas muy diversas. Entre las 30 personas de sociedades públicas que han participado en la elaboración de buenas prácticas y medidores de avance hemos contado con personas en servicios municipales o forales y en grandes entes como el EVE, la SPRI o algunos organismos de Osakidetza.
Para terminar, unas primeras conclusiones tras su implantación como un proceso de mejora en una sociedad pública de un ayuntamiento. En general, esta guía es una buena orientación para un plan de actuación y mejora a desarrollar en el tiempo. Los indicadores en algunos casos son excesivos, pero en general permiten identificar carencias. Algunas orientaciones, como las ligadas al liderazgo compartido, necesitan integrarse en la negociación colectiva. Y en función de su dimensión y sus recursos, cada organización debe focalizar sus esfuerzos, centrando sus dinámicas de mejora en aquellos aspectos que le resulten más significativos. Simplificando los objetivos y estableciendo fases para los avances.
Priorizando, focalizándose en propuestas de gestión avanzada y participativa allí donde más aporten a la competitividad y productividad de su servicio.
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