📍 Publicado en: El Correo (Edición Bizkaia), sección Regional
🗓️ Fecha: 22 de julio de 2025
✍️ Autor: Braulio Gómez
No es bueno que se extienda la percepción de que los ricos compran leyes con dinero, aunque la influencia del poder económico en la política y la legislación esté muy estudiada y documentada. Es lógica la preocupación sobre la desigualdad en el acceso a la representación política y la inquietante posibilidad de que los intereses de los más adinerados tengan un impacto desproporcionado en la formulación de leyes.
Los ricos tradicionalmente han utilizado las puertas giratorias, las donaciones a los partidos y el financiamiento de sus campañas o los servicios de lobistas profesionales empotrados en la maquinaria legislativa. Y los marcos legales han ido evolucionando para intentar proteger el interés general ante el peligro de la concentración de poder económico y poder político en las mismas manos.
Aunque la desconfianza en la política, en la representación y en la misma democracia haga pensar a mucha gente que los ricos pueden secuestrar impunemente la soberanía popular para legislar pensando solo en sus intereses, esto es ilegal.
Las investigaciones de la UCO han destapado cómo un despacho privado del ministro de Hacienda del último Gobierno del PP era contratado por empresas por sus contactos en las altas instituciones del Estado para influir en las decisiones del Ejecutivo gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes gobiernos del PP. El exministro de Hacienda y otras 27 personas han sido imputadas formalmente la pasada semana por estos hechos, acusados de los delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.
En las investigaciones se muestra un ejemplo de la impunidad con la que normalizaban el secuestro de la soberanía popular. El lobby gasístico pedía por carta al secretario de Estado de Hacienda una rebaja en los impuestos. Un alto cargo del Gobierno del PP respondía, también por carta, que no se podía debido al «restrictivo marco presupuestario actual».
Ante esta respuesta negativa, los miembros de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales contrataban al despacho Equipo Económico, que dirigía el ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. Los servicios se pagaban a escote entre las diferentes empresas de la asociación. La ley terminaba cambiando pese al restrictivo marco presupuestario.
Y luego nos preguntamos por qué siempre votan más los ricos que los pobres. El verdadero agujero negro de las democracias de nuestro entorno, incluida la española y la vasca, es la desigualdad política que existe entre ciudadanos según su renta y la clase social a la que pertenezcan. Y empieza en la participación electoral.
En Bilbao, en Abando siempre votan más que en Otxarkoaga; en Vitoria-Gasteiz las urnas de Mendizorroza se llenan mucho más que las de Sansomendi en cada uno de los procesos electorales. En Donostia hay 20 puntos de diferencia de participación entre Antiguo, barrio de renta alta, e Intxaurrondo, uno de los barrios con renta media más baja de la ciudad.
Los intereses de los ricos están sistemática y estructuralmente más representados en el poder político que los del resto de los ciudadanos. En Euskadi, el 77,3% de los ciudadanos con menos recursos cree que los políticos no se interesan por ellos. Tan solo un 18% de ciudadanos de clase baja o muy baja cree que a través del voto puede influir en las decisiones que toman los gobiernos.
Esta percepción asimétrica entre ricos y pobres sobre la importancia del voto tiene efectos directos en la desigualdad que se registra en la participación electoral. La influencia desproporcionada de la sobrerrepresentación política de los ricos socava la equidad y la justicia en la toma de decisiones políticas, afectando a la población en general y a la calidad de nuestra democracia.
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