📍 Publicado en: El Correo (Edición Bizkaia), sección Economía.
🗓️ Fecha: 3 de septiembre de 2025.

El Gobierno ha anunciado la condonación de 85.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, con Andalucía (18.000 millones) y Cataluña (17.000 millones) como principales beneficiarias. La medida, presentada como un gesto de equilibrio territorial y de apoyo financiero a las regiones, libera a las autonomías de una pesada losa en intereses y amortizaciones. Pero conviene mirar más allá del titular.
Porque la deuda no desaparece: se traslada al balance del Estado. Y eso implica más déficit y más endeudamiento público en un país que ya roza el 107% de deuda sobre PIB. Es cierto que la operación no supone una inyección directa de dinero –no es una expansión fiscal clásica–, pero sí libera recursos que pueden traducirse en más gasto. Su efecto inflacionista dependerá de cómo se utilicen: si en inversión productiva, puede impulsar el crecimiento; si en gasto corriente, solo añadirá presión sobre precios y déficit estructural.
El problema político es igual de evidente. Las comunidades más endeudadas reciben más alivio, mientras las que han gestionado con disciplina sus cuentas pueden sentirse agraviadas. Incluso Euskadi y Navarra, con regímenes forales y finanzas más saneadas, pueden ver la operación con una mezcla de distanciamiento y recelo: quedan fuera del régimen común y asisten a un reparto que no les afecta, pero del que tampoco participan. Simple agravio comparativo, el malestar está servido, y así lo han expresado de forma abierta.
En conjunto, esta relajación tributaria envía una señal peligrosa: el clásico ‘riesgo moral’, donde quien gasta sin control espera acabar rescatado, debilitando los incentivos para la responsabilidad fiscal. En otros países, este tipo de operaciones suelen acompañarse de reglas más estrictas de estabilidad para evitar que la historia se repita. Aquí, por ahora, no hay condiciones claras. Y sin ellas, el riesgo es evidente: pan para hoy, deudas y dudas para mañana.
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