La investigadora en Derecho de la Universidad de Deusto estudia cómo la contratación pública puede convertirse en una herramienta estratégica para impulsar inclusión, empleo y sostenibilidad.
Ane Bores. Gabinete de prensa de la Universidad de Deusto
¿Sabías que cada vez que un ayuntamiento contrata la limpieza de una calle o una administración compra autobuses escolares no solo está adquiriendo un servicio, sino que también podría estar transformando la sociedad? Beloke Alea Arrate, investigadora en Derecho de la Universidad de Deusto, es una experta en el tema. En su tesis doctoral estudia, precisamente, cómo la contratación pública —es decir, las compras que hacen los gobiernos y administraciones con nuestros impuestos — puede convertirse en una herramienta para impulsar políticas sociales.
Una investigación que se ha visto enriquecida recientemente por su participación en la UNIC-MiReKoc Summer School, un espacio de aprendizaje internacional que el pasado mes de julio conectó a estudiantes, investigadores y comunidades locales para generar conocimiento con impacto real. Un punto de inflexión en su trayectoria académica que se enmarca en la European University of Cities in Post-Industrial Transition (UNIC), una alianza de diez universidades europeas entre las que se encuentra la Deusto, que trabaja en red para abordar retos clave de nuestras ciudades, como la migración, la diversidad, la sostenibilidad, la salud urbana o las artes, entre otros.
– ¿Cómo llegaste a interesarte por la contratación pública, un tema que suena tan técnico, y qué tiene de apasionante para ti?
Me acerqué a la contratación pública a través de mi experiencia en Lantegi Batuak. Al principio lo veía como un tema muy técnico, pero pronto vi que detrás de cada contrato hay mucho más, como la capacidad de generar inclusión. Esa constatación fue lo que me motivó a profundizar en este campo y a convertirlo en el núcleo de mi tesis doctoral. Al mismo tiempo, en Lantegi Batuak estábamos trabajando en la medición del valor social generado, utilizando la contabilidad social, una cuestión muy vinculada a los debates actuales sobre impacto, y fue el entonces director financiero, que estaba en la recta final de su doctorado en Economía, quien me propuso dar el salto a la investigación en Derecho sobre este tema.
– Cuando hablas de “valor social” en una compra pública, ¿cómo lo explicarías a alguien de la calle?
Cuando hablo de valor social en una compra pública me refiero a lo que ese contrato aporta a la sociedad más allá del servicio, obra o suministro en sí. Por ejemplo, si un ayuntamiento contrata la limpieza de un barrio, dos empresas pueden hacer bien el trabajo, pero una además genera empleo de calidad para personas en situación de vulnerabilidad o utiliza vehículos eléctricos y hace una gestión eficiente de los residuos. Ese “extra”, que genera inclusión o sostenibilidad, es lo que tratamos de cuantificar en unidades monetarias (euros), y a lo que llamamos valor social.
– ¿Podrías darnos un ejemplo sencillo de cómo una administración puede usar sus contratos para mejorar la vida de la gente?
Un ejemplo muy claro son los contratos reservados. La Ley obliga a que determinados contratos se adjudiquen únicamente a centros especiales de empleo o a empresas de inserción, que son entidades creadas para generar oportunidades laborales a personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. De esta forma, además de garantizar el servicio contratado, se impulsa empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Y ahí está lo esencial: la contratación pública no debe entenderse solo como un gasto, sino como una inversión y una herramienta para desplegar políticas públicas.
– ¿Qué dificultades existen para que esto se haga realidad en la práctica?
Diría que hay varios obstáculos. Uno es jurídico: la vinculación de los criterios sociales con el objeto del contrato sigue siendo un concepto poco claro y eso frena a muchos órganos de contratación, que temen que sus decisiones puedan ser recurridas o anuladas. A ello se suma un reto cultural: seguimos midiendo casi todo en términos de precio y todavía persiste la idea de que lo más importante es adjudicar al más barato. El verdadero reto está en cambiar esa mentalidad y entender que cada contrato es también una oportunidad de generar valor social.
– Acabas de participar en la escuela de verano de la red UNIC en Estambul. ¿Qué te llevas de esa experiencia y cómo conecta con tu investigación?
Me ha encantado la experiencia en Estambul. No solo por la ciudad, sino también por el ambiente del programa de la Universidad de Koç: compartir y debatir con personas de tantos países y conocer realidades migratorias de primera mano. Todo ello me ha hecho ver aún más claro que el derecho no puede estar desconectado de la sociedad y de la vida cotidiana. Refuerza la idea de que la contratación pública no es un fin en sí misma, sino un medio para dar respuesta a los grandes retos sociales de nuestro tiempo.
– Visitasteis barrios diversos de la ciudad y trabajasteis con ONGs. ¿Hubo algún momento que te marcara especialmente y que te hiciera reflexionar sobre la relación entre derecho y vida cotidiana?
Uno de los momentos que más me marcó fue una sesión etnográfica en un barrio de Estambul. Nos invitaron a observar la historia de sus edificios, cómo habían cambiado a lo largo del tiempo y pensar en las personas que habían vivido allí. Me hizo reflexionar sobre cómo cada espacio urbano está lleno de capas sociales e históricas que a menudo no vemos. Y pensé que con el Derecho pasa algo parecido: si nos quedamos solo en la letra de la norma, perdemos la riqueza de la vida real que hay detrás.
– ¿Cómo te gustaría que tu investigación impactara en la sociedad dentro de unos años?
Me gustaría que contribuyera a que la contratación pública deje de verse solo como un trámite administrativo y pase a entenderse como una herramienta estratégica. Si logramos que las administraciones tengan seguridad jurídica para valorar no solo el precio, sino también el valor social de las ofertas, habremos dado un gran paso.
– Si tuvieras que lanzar un mensaje a la ciudadanía sobre por qué deberían importarles estas cuestiones de “contratación pública y valor social”, ¿cuál sería?
La contratación pública nos afecta más de lo que pensamos: es el dinero de la ciudadanía. Cada vez que una administración adjudica un contrato está decidiendo cómo invertir nuestros impuestos. No es un tema técnico reservado a juristas: son las escuelas que se construyen, los autobuses que utilizamos, la limpieza de nuestras calles y el hecho de que esas decisiones ayuden a crear empleo de calidad, a reducir desigualdades o a proteger el medio ambiente. Cuando se hace bien, no solo se asegura la calidad del producto o servicio, sino que incluso también se ahorra en otras partidas, como políticas de empleo o ayudas sociales. Es, en definitiva, una inversión eficiente en el futuro de la sociedad.
Con su investigación, Beloke Alea Arrate recuerda que la contratación pública no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta estratégica para construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Un planteamiento que encaja plenamente con el espíritu de UNIC, la alianza que conecta la universidad con la vida real para transformar las ciudades del futuro.
Deusto en UNIC
La Universidad de Deusto forma parte de UNIC – European University of Cities in Post-Industrial Transition, una alianza de diez universidades europeas creada en 2020 en el marco de la European Universities Initiative. Su misión es desarrollar nuevos modelos de educación, investigación y movilidad, y reforzar la cooperación entre universidad y ciudad para avanzar hacia sociedades inclusivas y superdiversas.
Dentro de esta alianza, se impulsan iniciativas como la movilidad física y virtual entre campus, programas de aprendizaje basado en retos en colaboración con comunidades locales, espacios de innovación educativa y la creación de comunidades de aprendizaje e investigación en torno a temas como la migración, la salud, la sostenibilidad, las artes o la política lingüística, entre otros.
Deusto participa activamente en estas dinámicas, por ejemplo a través de la UNIC-MiReKoc Summer School, que conecta a estudiantes e investigadores con realidades locales y refuerza el compromiso universitario con las ciudades. En síntesis, UNIC apuesta por universidades más conectadas y comprometidas con su entorno, capaces de dar respuesta a los grandes retos sociales de las ciudades postindustriales.
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