Artículo publicado en El Correo (24/11/2025)
El escándalo de un fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos con dos años de inhabilitación no es esperable que tenga en la opinión pública el mismo efecto sobre la credibilidad de la democracia española que una recesión económica o la corrupción política asociada al enriquecimiento personal. Para ninguno de los dos bloques en los que se ha atrincherado la sociedad española.
Ni para los que leen esta condena como una prueba de la voladura controlada de la separación de poderes que demuestra cómo el Ejecutivo intentó abusar de su poder y pasar por encima del poder judicial. Ni para los que representa una prueba irrefutable del ‘lawfare’ y del uso partidista de la justicia para ir en contra de la mayoría democrática representada por el Poder Ejecutivo.
Cuando preguntamos a la ciudadanía cuáles son los tres ingredientes principales que componen su ideal de democracia, nos encontramos con una brecha generacional abismal entre la importancia que dan a la separación de poderes los ‘boomers’ y los menores de 35 años.
Para los mayores de 65 años sería el componente más importante de una democracia de calidad –un 43% colocaría la separación de poderes en la cúspide–. Pero para las generaciones más jóvenes no se encontraría ni entre las 5 principales características valiosas de su democracia ideal. Tan solo un 18% de los menores de 35 años le otorga a la separación de poderes la categoría de tótem sagrado de la democracia.
La democracia para los jóvenes ni es un proceso ni una estructura institucional para controlar los abusos de poder. La democracia son resultados. Dentro de sus tres dimensiones ideales estarían la protección de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía y la redistribución de la riqueza, por encima del 40%. Para los mayores de 65 años, la relación de la democracia con los resultados apenas llega al 20%, según datos del Deustobarómetro.
Si la separación de poderes no es un tótem de la democracia transversal a todas las generaciones, el ‘lawfare’ o el peligro que supone para la democracia de que los que pierdan las elecciones controlen los tribunales por detrás para torcer la ley y dejar sin efectos las decisiones del Ejecutivo y la mayoría parlamentaria no es compartido por ninguna generación. Apenas alcanzan el 5% los que consideran que la democracia saltaría por los aires si no se controla la persecución judicial por motivaciones políticas.
La semana no ha sido buena para la credibilidad de la democracia española. Por un lado, las novedades de toda la corrupción relacionada con el pillaje institucional que se desató aprovechando el descontrol de la pandemia tanto desde un ministerio del Gobierno socialista de España como desde una diputación popular andaluza. Por otro, la condena de todo un fiscal general y las dudas razonables sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo.
Y, por último, el rastro de las compras de Paqui en El Corte Inglés con el dinero de las comisiones conseguidas por su marido, el exsecretario de Organización del PSOE, amañando presuntamente licitaciones de obra pública para Acciona. Esto último, probablemente, será lo que tendrá más influencia para que continúen las bajas dentro del ejército de demócratas entre las generaciones más jóvenes.
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