Artículo publicado en El Correo (05/01/2026)
El debate sobre el uso del dinero en efectivo ha reaparecido con fuerza en los últimos tiempos, impulsado por una combinación de factores económicos, sociales, técnicos y regulatorios. A menudo se presenta como una opción administrativa, pero en realidad encierra una seria cuestión de fondo: hasta qué punto una economía moderna puede prescindir de los billetes emitidos –en nuestro caso, por el Banco Central Europeo– sin alterar equilibrios esenciales de carácter práctico y también emocional.
La progresiva reducción del uso del efectivo no es un fenómeno reciente ni exclusivamente español. Es el resultado de una tendencia de largo recorrido: la digitalización de los pagos y la expansión de la banca electrónica, que convive con un marco regulatorio cada vez más exigente en materia de lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales y de la economía sumergida.
España se ha situado en la vanguardia de este proceso. El límite de 1.000 euros para pagos en efectivo entre profesionales y consumidores es hoy uno de los más restrictivos de Europa. El argumento es conocido: mejorar la trazabilidad y aflorar actividad económica oculta. Desde un punto de vista estrictamente fiscal, la lógica es comprensible y, en buena medida, defendible.
Sin embargo, conviene detenerse en otras implicaciones de esa estrategia. El dinero en efectivo no es solo un medio de pago: es también un bien público que garantiza anonimato, autonomía y acceso universal. Su progresiva marginación plantea interrogantes que trascienden la mera eficiencia recaudatoria. Cuando el efectivo pierde centralidad, el ciudadano se vuelve crecientemente dependiente de infraestructuras privadas para realizar actos cotidianos de intercambio.
Este desplazamiento tiene consecuencias distributivas. Los colectivos más vulnerables, las personas mayores, la población rural o los trabajadores con menor capacitación digital son también los que más dependen del efectivo. Para ellos, la posible desaparición del dinero físico no es una abstracción, sino una amenaza destructiva.
Otra razón de peso, aunque más lejana, para luchar abiertamente contra la eliminación de los billetes es la posibilidad de que la política monetaria gravase los depósitos con tipos negativos para impulsar el gasto de consumo en épocas de crisis, anulando de hecho la posibilidad de que sus titulares retiren el dinero de sus bancos y lo atesoren en sus casas. Se negaría a los ahorradores su derecho a la defensa de su patrimonio. Este grupo ya se ha sentido suficientemente expoliado, no hace tanto tiempo, con las políticas de interés nulo, como para admitir la mera posibilidad de una confiscación con tipos de interés negativos.
La experiencia muestra, además, que la economía sumergida no desaparece por decreto. Puede mutar, desplazarse o sofisticarse. Limitar el uso del efectivo puede reducir ciertos abusos, pero también derivar en prácticas irregulares hacia otros instrumentos más difíciles de rastrear. La política económica corre entonces el riesgo de actuar sobre los síntomas y no sobre las causas. Y no debe olvidarse que con esta estrategia básica se está acorralando un ámbito menor, dando al mayor, el de los paraísos fiscales, rienda suelta sin que se perciba una determinación tajante para su extinción. Puede aflorarse una porción oculta del negocio pequeño, pero los grandes capitales derivados del crimen organizado, del mundo incógnito de las webs profundas, o el refugiado en algunos criptoactivos, están ahí para seguir desaparecidos. Los grandes capos de la economía sumergida sonríen cuando escuchan que el fisco en España va a controlar Bizum.
En este contexto, la cuestión de fondo no es si el efectivo debe existir, sino qué papel se le asigna dentro del sistema. Preservar su uso no significa renunciar a la modernización ni blindar prácticas opacas, sino reconocer que un sistema de pagos equilibrado requiere pluralidad de instrumentos y un margen razonable de libertad individual.
En última instancia, el debate sobre el dinero en efectivo es un reflejo de una cuestión más amplia: cómo combinar innovación, control y libertad en sociedades cada vez más complejas. Resolverlo exige algo más que tecnología o normativa, exige criterio. Y eso, como casi todo lo crítico, no se decreta: se construye.
Bien. Dicho lo cual, y para cerrar el escrito con un modesto regalo de Reyes, puntualizar que el Banco Central Europeo ha prometido categóricamente y en repetidas ocasiones que el dinero-papel no desaparecerá.
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