Artículo publicado en El Economista (05/01/2026)
Existen, para el ciudadano de a pie, repetidas informaciones que, apoyadas en la autoridad del medio informante, se traducen en sospechas razonables para reprobar el mandato y la actuación de Nicolás Maduro. Aun sin erigirse en juez ni disponer de expedientes judiciales minuciosos, todo invita a concluir que lo que ha acontecido en Venezuela en los últimos años se traduce claramente en la palabra dictadura, con la constante vulneración de los principios democráticos en los planos político, civil y económico del país.
En la economía, un 90% de pobreza, y el desplome de la petrolera estatal. En lo político, la manipulación del sufragio popular y, después, la degradación derivada de la propia acción del día a día, los desaparecidos, los presos políticos y las torturas a los disidentes del régimen, el éxodo de 8 millones de venezolanos. Un pueblo clamando, privado de esperanza. Nada que ver con un debate ideológico y todo que ver con una tragedia humana.
Como algo extensible a otros tiranos del planeta, es normal y legítimo sentir antipatía, rechazo o incluso una condena moral a título estrictamente personal, sin fiscalía ni defensa. El juicio privado en conciencia es libre. Pero cosa muy distinta es sustituir el derecho, por imperfecto que sea, por impulsos, atajos o decisiones unilaterales que prescinden de un marco normativo y universal y lo reemplazan por una condena privada, sin garantías ni contrapesos consagrados como objetivos. Más importante que el sentimiento de animadversión personal hacia un individuo concreto se erige el respeto a unas reglas que preceden a la ley positiva: códigos deontológicos anclados en el derecho natural, forjados durante largo tiempo precisamente para evitar que la arbitrariedad se disfrace de justicia.
Lo sucedido en Caracas se resume, en consecuencia, en una sentencia lapidaria: que un objeto o conducta considerada punible se aborde mediante medios arbitrarios, supone aceptar que el fin justifica los medios. Esa lógica tiene una consecuencia inmediata: la sustitución del derecho y de la justicia objetiva por la ley del más fuerte.
Es verdad que, tras muchas tribulaciones, millones de venezolanos han visto en el secuestro de Maduro la luz al final del túnel, y aplauden en silencio a Trump.
Pero la justicia no puede quedar en manos de vengadores que despiertan simpatías tan comprensibles como jurídicamente perversas, porque ello vacía de contenido y suplanta al Estado de derecho. Hoy puede apresarse a un presunto culpable. Mañana, con la misma lógica, se secuestra a un inocente.
Trump ha destruido el derecho público internacional y puede devolver al privado algún peso solamente si los capítulos que se avecinan con el juicio a Maduro en Estados Unidos consiguen devolver alguna legitimidad al proceso y no ahondan en el desamparo jurídico del dictador. Tarea ardua.
Hasta el momento, desaprobamos el rapto y secuestro no sin una profunda división interna. Pero finalmente, nos pesa más la amenaza latente que se volcaría en el sistema, si se normalizan las excepciones.
En ese caso el precedente puede acabar volviéndose contra cualquiera, esto es, contra todos.
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