Artículo publicado en El Economista (10/01/2026)
El poder discrecional del “más fuerte” representa una conducta ancestral en las relaciones internacionales, donde el poderío militar, económico o político ha permitido a una nación imponer su voluntad sobre otras, al margen de la legalidad establecida. Este concepto, resumido en el adagio “might makes right” (la fuerza otorga el derecho), se ha repetido a lo largo de la historia, desde las antiguas conquistas imperiales hasta los conflictos contemporáneos.
Los recientes sucesos en Venezuela son una clara muestra de la aplicación de la máxima referida. EEUU lanzó una intervención fundamentada formalmente en la eliminación de un “dictador ilegal”, acompañada de una serie de pretextos, entre ellos el freno al narcotráfico dirigido a territorio americano. Sin embargo, días después, el propio Donald Trump explicitó, sin el menor rubor, la motivación central de la operación: el acceso a los recursos minerales y energéticos de Venezuela, en particular a sus gigantescas reservas de petróleo, con las que buscará el regreso a las grandes compañías expropiadas en el pasado y, de paso, condicionar el suministro de crudo a países no alineados con el nuevo orden trumpista.
Fuerzas estadounidenses lanzaron una operación relámpago en Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, e instaurando un gobierno de continuidad formalmente autónomo, pero advertido de que las líneas maestras de su actuación se dictarán desde la Casa Oval. La operación recuerda inevitablemente a la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989, otro precedente que ilustra cómo, bajo determinadas circunstancias, la fuerza se impone como instrumento decisivo al margen de los cauces jurídicos ordinarios.
En este contexto, EEUU prioriza la seguridad energética y la eliminación de regímenes hostiles, ignorando la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad. Aunque estas actuaciones difieren de otros episodios históricos en sus fines inmediatos, comparten la misma lógica de discrecionalidad: acciones unilaterales justificadas mediante coartadas de “necesidad” nacional. Históricamente, esta conducta ha sido una constante en las relaciones entre Estados: el más fuerte impone su voluntad, a menudo sembrando inestabilidad a largo plazo.
Pero, sabido es que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Un antecedente paradigmático de esta discrecionalidad es la “potestas” romana, concepto jurídico que encapsulaba el poder legal y coercitivo en la antigua Roma. Derivada del verbo posse (poder), se manifestaba en formas como la patria potestas —el dominio absoluto del paterfamilias sobre familia y esclavos— o la potestas magistral, que permitía legislar, juzgar y coercer. En el plano exterior, estas potestades se fundían con el imperium, legitimando la conquista de territorios y pueblos. La potestas extendió el dominio romano sobre Europa y África, ignorando toda soberanía ajena en nombre de la excluyente pax romana. Esa lógica, con otros ropajes, ha sobrevivido al tiempo.
Con Trump emerge una nueva forma de potestad discrecional, ahora no solo ejercida, sino abiertamente reivindicada. Ya no se trata de una práctica envuelta en eufemismos diplomáticos o en silencios estratégicos, sino de una concepción explícita del poder. Así lo confirma una reciente entrevista concedida por el propio presidente al New York Times, en la que sostiene que su actuación como comandante en jefe está limitada únicamente por “su propia moralidad” y “su propia mente”, descartando el derecho internacional como marco vinculante y reservándose, además, la potestad de decidir cuándo ese derecho resulta aplicable a Estados Unidos. La ley positiva —internacional o incluso interna— deja de operar como límite previo para convertirse en una referencia contingente, subordinada a la interpretación personal del gobernante.
La afirmación no es abstracta ni retórica. Se produce inmediatamente después de la operación militar en Venezuela y mientras Trump reivindica, con idéntica lógica, la apropiación territorial de Groenlandia o el uso discrecional de la fuerza económica y militar como instrumento de coacción. El mensaje es inequívoco: la soberanía, los tratados y las normas dejan de ser reglas compartidas para transformarse en obstáculos prescindibles cuando colisionan con los intereses del más fuerte.
La “potestas trumpiana” orilla así abiertamente el derecho internacional, prioriza beneficios nacionales inmediatos y erosiona alianzas históricas. No es solo una repetición militar, sino también ideológica, condensada en la consigna de “América primero”, reinterpretada como supremacía sin contrapesos.
En conclusión, la potestad discrecional del más fuerte persiste como fuerza disruptiva desde la Roma clásica hasta Venezuela y, quizá, Groenlandia. Mientras el derecho internacional aspira al equilibrio, su eficacia depende de la voluntad de unos pocos. Cuando esa voluntad se repliega sobre una moral subjetiva e intransferible, el riesgo ya no es solo geopolítico, sino civilizatorio. El poder sin ley —o con la ley subordinada al juicio personal de quien manda— reabre una senda peligrosa que la historia conoce bien y cuyos costes, una vez más, podrían manifestarse demasiado tarde.
Leave a Reply