Artículo publicado en El Economista (15/01/2026)
Llueve sobre mojado. Trump ha cruzado una línea insólita que EEUU nunca había osado traspasar. La apertura de una investigación penal contra un presidente de la Reserva Federal, en este caso, Jerome Powell, bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la remodelación de la sede del banco central. No se trata de un episodio administrativo más. Es un ataque directo, aunque envuelto en ropaje legal, a la independencia de la política monetaria estadounidense. Y los mercados lo han entendido así.
La independencia de la Reserva Federal (Fed) no es una excentricidad tecnocrática ni un capricho académico. Es una conquista institucional nacida de un gran trauma. Tras la Gran Depresión de 1929 y los excesos de financiación inflacionaria asociados a la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense asumió que el precio del dinero no podía quedar a la contingencia del ciclo electoral. El hito decisivo fue el Treasury–Fed Accord de 1951, que separó de forma explícita la política fiscal –en adelante responsabilidad del Gobierno– de la monetaria, encomendada a una autoridad técnica independiente y con perspectiva de largo plazo, evitando de este modo el conflicto de intereses.
La lógica era aplastante: si los gobiernos controlan los tipos de interés, la tentación de mantenerlos artificialmente bajos antes de unas elecciones sería casi irresistible. La historia económica demuestra que ese atajo viciado suele desembocar en inflación, en pérdida de credibilidad y, alguna vez, en crisis financieras.
Trump desafía ahora ese equilibrio. No lo hace mediante una reforma legal explícita –que encontraría resistencias formidables– sino mediante una estrategia más sutil y corrosiva: insultos, intimidación personal, amenazas de destitución, investigaciones penales selectivas con el objetivo de conformar un consejo de la Fed integrado por leales. El caso Powell es tanto un ajuste de cuentas individual como un mensaje de advertencia dirigido al futuro: la Casa Blanca no admitirá autonomía alguna ajena a sus intereses.
La independencia de la Fed no figura literalmente en la Constitución, pero está sólidamente anclada en la legislación, la jurisprudencia y, sobre todo, en la costumbre, una tradición secular que ha sido uno de los pilares del éxito financiero estadounidense. Esa independencia no se pierde de golpe, se erosiona. Y cuando eso sucede, los daños saltan antes en los mercados que en los boletines oficiales.
¿Por qué es esto especialmente grave para EEUU? Porque una Fed sometida a presión política altera los incentivos básicos del sistema económico. Forzar recortes de tipos en un contexto de inflación persistente puede ofrecer un estímulo efímero, pero a costa de distorsionar expectativas, elevar las primas de riesgo y generar tensiones inflacionarias. Paradójicamente, el intento de abaratar la financiación acaba encareciéndola.
La experiencia internacional es concluyente. Turquía, donde el presidente destituyó sucesivamente a varios gobernadores del banco central para imponer recortes de tipos, sufrió una inflación desbocada y el colapso de su moneda. Argentina y Venezuela llevaron esa lógica al extremo, con resultados conocidos.
Pero el problema va mucho más allá de las fronteras estadounidenses. La Reserva Federal es, de facto, el banco central del mundo desarrollado. Los tipos que fija Washington marcan el compás financiero global, condicionan los flujos de capital, la estabilidad de las divisas y el coste de financiación de gobiernos y empresas en todos los continentes. Además, la Fed actúa como emisor de la moneda global y como proveedor último de liquidez en dólares para mitigar los episodios de estrés financiero internacional.
Si la política monetaria estadounidense se percibe como aleatoria y huérfana de fundamentos, el daño es sistémico. Se politiza el dólar. Se politiza la liquidez global. Y los inversores empezarían a exigir una prima de riesgo adicional al activo que hasta entonces había sido el ancla del sistema financiero internacional.
La reacción de la comunidad monetaria global ha sido tan inusual como elocuente. Christine Lagarde, Pablo Hernández de Cos y más de una decena de gobernadores de bancos centrales han salido en defensa de Powell en un comunicado conjunto, recordando que la independencia de los bancos centrales es un pilar esencial de la estabilidad económica y del Estado de derecho. No es un gesto corporativo: es una señal de alarma.
EEUU ha sido durante décadas el referente institucional del capitalismo avanzado. La credibilidad del dólar, la profundidad de sus mercados financieros y su papel como activo refugio descansan menos en tratados formales que en la fortaleza de sus instituciones. Socavar la independencia de la Reserva Federal equivale a serrar uno de los pilares que sostienen ese edificio.
El asalto a la Fed no representa solo un problema para Jerome Powell. Es una prueba de estrés para la arquitectura monetaria global. Y, como suelen testificar los mercados, las facturas de este tipo de experimentos no se pagan de inmediato, pero fatalmente, acaban llegando.
Leave a Reply