Artículo publicado en El Correo (26/01/2026)
Que ni la clase política vasca ni la corrupción figuren, ni hayan figurado en la última década, como uno de los principales problemas de la ciudadanía vasca tiene mucho que ver con el comportamiento de los principales actores políticos y los representantes de sus instituciones. A diferencia de España, donde desde 2013 la corrupción y la mala calidad de la clase política se sitúan entre las principales preocupaciones de los españoles.
En Euskadi, la agenda política vasca no está mediatizada por digitales o medios convencionales atrincherados en el derribo a cualquier precio del gobierno o en su defensa incondicional y, además, la oposición es responsable en su función de control del poder. Su credibilidad en este terreno es alta. Si un escándalo político afecta al principal partido de las instituciones vascas, nadie podrá sostener la hipótesis de que detrás pueda estar una oposición irresponsable, con la colaboración de medios afines y policías y jueces de parte persiguiendo a ciudadanos honrados por su ideología como atajo para derribar al poder legítimo. Una ventaja de un ambiente despolarizado y de alta credibilidad institucional.
Por eso, el escándalo que supone para la opinión pública ver a la Ertzaintza entrando en el Ayuntamiento del quinto municipio más poblado de Euskadi es tan relevante por la excepcionalidad de su gravedad. Según el atestado policial, dos concejales del PNV que formaban parte de una cooperativa utilizaron su poder dentro del Consistorio para saltarse la ley que les obligaba a no demoler un edificio histórico para levantar sus propias viviendas. Al figurar en la causa penal ya como investigados se han visto forzados a dimitir junto a otro edil.
Pero más allá de los sólidos indicios de prevaricación, que los tendrá que confirmar un juez, es preocupante que la gestión de este escándalo excepcional pueda deteriorar la confianza institucional que caracteriza al actual contexto político vasco.
Si los propios documentos internos del Partido Nacionalista Vasco alertaban en 2023 sobre la percepción ciudadana de arrogancia como factor erosionador de la marca, se podía haber cuidado más el enfoque narrativo que ha acompañado desde la máxima dirección del PNV al escándalo del palacete protegido derribado. Defender la presunción de inocencia no implica ridiculizar o empequeñecer la gravedad del caso aunque sea excepcional.
Sobre todo, cuando tenemos un tesoro a conservar que está relacionado con la confianza depositada en el País Vasco en las instituciones y en su clase política. Y la responsabilidad del PNV es mayor que la del resto de partidos porque es el que tiene mayor poder institucional y es el que tiene que extremar más el celo democrático para que no perdamos esa confianza en las instituciones de la que ellos mismos han sido y son contribuidores netos.
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