Artículo publicado en El Correo (02/02/2026)
La preocupación por la atención sanitaria pasó de ser el principal problema de la ciudadanía vasca al principio de la actual legislatura al tercero atendiendo al último Deustobarómetro de invierno. La bajada en la preocupación ciudadana intensa ha sido del 48% al 33% en este año y medio. La sanidad pasó de suspender con un 4,4 en verano de 2024 a aprobar actualmente con un 5,4. Esto se ha traducido en una recuperación de la confianza en Osakidetza que ha pasado de un 5,2 a un 6,1 con el actual Gobierno, volviendo a estar entre las instituciones en las que más confía la sociedad vasca junto a la Universidad y la Ertzaintza.
El nuevo consejero de Salud ha acumulado hasta la fecha, más allá de su alto nivel de compromiso con el servicio público a la sociedad vasca, un importante capital político para llegar a acuerdos con los distintos intereses que conviven en el ecosistema sanitario hasta llegar al Pacto de la Salud que, entre otras cosas, se centra en la modernización de la gestión sanitaria, la reestructuración de Osakidetza y el Departamento de Salud para mejorar la eficiencia. Su caso no es frecuente entre los que dan el salto de profesionales expertos a políticos. Es más habitual encontrarse con historias de fracasos que de éxitos.
Estos días se enfrenta al primer problema de gravedad atribuible a la mala gestión de su departamento por el descontrol de las vacunas caducadas que se inocularon a decenas de pacientes, que afectaba por lo menos a 3 tipos de vacunas y que ha generado la revisión de cerca de 170.000 vacunas puestas en 2025, es decir, todas menos las de la covid y la gripe, para garantizar que no haya más incidencias.
La Fiscalía ha abierto una investigación penal por si recibir vacunas caducadas ha supuesto un riesgo para los pacientes. Desde la propia consejería se ha descrito el error como grave y se ha atribuido a fallos en los sistemas de control interno y trazabilidad de vacunas, aunque se desconoce exactamente dónde se rompió el proceso de registro y control.
El consejero contó la verdad cuando la oposición le preguntó por primera vez en el Parlamento, ha reconocido los errores y la gravedad de los mismos y está siendo transparente en la rendición de cuentas. La confianza que ha acumulado en el último año su departamento está en juego con la comisión interna que buscará tanto la cadena de errores como las responsabilidades técnicas y políticas de los mismos. Esa confianza tendrá menos probabilidades de quebrarse si continúa en la línea de transparencia y honestidad que ha mantenido hasta el momento e impulsa con urgencia la mejora en los controles y protocolos para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de errores y, al mismo tiempo, continúa atendiendo los requerimientos de control legítimos y necesarios por parte de la oposición política en el Parlamento.
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