Artículo publicado en El Correo (23/02/2026)
La industria de la moda es actualmente una de las más grandes y poderosas del mundo, pero también una de las más contaminantes. Es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las emisiones de carbono. Cada año se generan entre 90 y 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo, y aproximadamente el 85% de la ropa desechada termina en vertederos o es incinerada.
Ante esta situación, la Unión Europea comenzó a adoptar medidas políticas concretas. Desde principios de año se prohíbe la destrucción de ropa, calzado y accesorios no vendidos. Además, desde 2025, los municipios españoles y del resto de la UE tienen que implantar sistemas de recogida selectiva de residuos textiles destinados a su reutilización o reciclaje. Estas medidas buscan reducir el desperdicio y fomentar un modelo más circular dentro de la industria.
El desperdicio alimentario es otro gran desafío y más conocido. Aproximadamente un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia, generando entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero, además de importantes impactos económicos y sociales. En la UE se generan más de 59 millones de toneladas de desperdicio alimentario cada año, lo que equivale a unos 132 kilos por persona, según datos de Eurostat.
El 60% de este desperdicio procede de los hogares. En España, la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario obliga desde abril de 2025 a reducir el desperdicio en toda la cadena alimentaria. Exige planes de prevención, prioriza la donación de alimentos y obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse las sobras sin coste adicional. Su objetivo es reducir tanto los residuos domésticos como los de distribución.
En una Europa cada vez más dependiente de materias primas externas, los residuos municipales se han convertido en una fuente estratégica de recursos. Su correcta gestión es clave para impulsar la economía circular, reducir emisiones y proteger el medio marino. Las nuevas regulaciones para las entidades locales las obligan a reflejar el coste real de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y establecer sistemas de pago en función de los residuos generados. Que pague más el que más contamina.
Sin embargo, uno de los principales retos políticos no es únicamente diseñar buenas normas sino comunicarlas eficazmente enriqueciendo una agenda pública llena de debates estériles. Las instituciones desarrollan regulaciones para incentivar comportamientos responsables y ayudan a las empresas a innovar sin perder competitividad. Pero estas políticas no siempre se explican con claridad a la ciudadanía. Una mayor pedagogía pública sobre economía circular, por ejemplo, podría incrementar la colaboración social y fortalecer el compromiso colectivo y los valores de nuestra comunidad. Igual nos vendría mejor que se hablara más de economía circular que de lucha antifascista.
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