Artículo publicado en El Correo (23/02/2026)
Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo han vuelto a recordarnos una lección clásica de la economía: los shocks energéticos no son un episodio más del ciclo, sino una perturbación que atraviesa todo el sistema productivo. El reciente paquete aprobado por el Gobierno español, presentado como el mayor escudo social de Europa y dotado con 5.000 millones de euros, se inscribe en ese contexto, con más de 80 medidas orientadas a amortiguar el impacto sobre hogares y empresas.
El encarecimiento del petróleo y del gas es el primer eslabón de una cadena que se transmite con rapidez al conjunto de la economía. Suben los precios de los combustibles, la electricidad generada con gas, los fertilizantes o los plásticos básicos. Las empresas ven elevarse sus costes y trasladan parte de ese aumento a los precios finales. Las familias, por su parte, lo perciben de inmediato en su factura energética y en la cesta de la compra. Estamos ante un shock de costes puro, exógeno y de gran alcance.
Pero el verdadero riesgo no reside en ese primer impacto, sino en los efectos de segunda ronda. Cuando los precios energéticos se mantienen elevados durante un periodo prolongado, el problema deja de ser coyuntural. La oferta se contrae, las cadenas de suministro se tensan, las expectativas de inflación se ajustan al alza y los salarios comienzan a reaccionar. La inflación deja entonces de ser un episodio transitorio para convertirse en un fenómeno estructural que se filtra a lo largo y ancho del tejido económico.
Las previsiones ya apuntan en esa dirección. El FMI anticipa para España una inflación en torno al 3 % en 2026, mientras que el BCE maneja estimaciones más elevadas en un contexto de creciente incertidumbre sobre la duración y coletazos de la contienda. Más allá de la cifra concreta, la cuestión relevante es, además, otra: cómo responder a una inflación que no nace de un exceso de demanda, sino de una restricción de la oferta.
Aquí conviene recuperar una distinción básica de la teoría económica que, sin embargo, se olvida con frecuencia en el debate público. Las herramientas monetarias —subidas de tipos de interés, contracción del crédito o reducción de la liquidez— resultan eficaces cuando la inflación es consecuencia de un exceso de gasto. En ese caso, enfriar la demanda ayuda a restablecer el equilibrio. Pero cuando la inflación procede de un shock de costes, la lógica cambia.
Subir los tipos de interés no aumenta la oferta de energía ni corrige la escasez de inputs. Lo que sí hace es deprimir la inversión y el consumo en un momento en el que la economía ya está tensionada. El resultado no es una desinflación ordenada, sino una combinación indeseable de precios elevados y actividad debilitada: la conocida y temida estanflación.
La respuesta, por tanto, no puede ser automática ni apoyarse en la ortodoxia monetaria. Debe situarse en el terreno fiscal, pero con criterios de precisión. Las rebajas del IVA energético del 21% al 10%, la reducción de impuestos eléctricos o las ayudas directas a sectores intensivos en consumo energético constituyen ejemplos correctos de esa estrategia de intervención selectiva.
Ahora bien, estas medidas solo son eficaces si cumplen tres condiciones: deben ser temporales, para evitar consolidar desequilibrios. Selectivas, para no distorsionar el conjunto de la economía. Y compatibles con una senda de disciplina fiscal que preserve la credibilidad de las cuentas públicas.
El plan de choque aprobado por el Gobierno debe ser evaluado a la luz de estos principios. No basta con movilizar recursos: es imprescindible asignarlos con criterio económico. De lo contrario, el riesgo es doble: aliviar de forma insuficiente el problema inmediato y, al mismo tiempo, agravar los desequilibrios a medio plazo, especialmente si el conflicto se prolonga o se amplía.
La inflación que se perfila en el horizonte no es un fenómeno convencional. Exige respuestas igualmente no convencionales, pero bien fundamentadas. No se trata de elegir entre crecimiento o estabilidad de precios, sino de evitar que una reacción inadecuada nos conduzca a perder ambas cosas.
Porque, en última instancia, la cuestión no es solo contener la inflación, sino impedir que se enquiste y termine lastrando durante años la actividad económica y el empleo.
Leave a Reply