Los partidos que se declaran bajo el paraguas de la Constitución, a derecha e izquierda, no deben blanquear discursos de hostilidad hacia el diferente
Artículo publicado en El Correo (09/07/2026)
Hace escasamente un mes, Suiza, nación acostumbrada a los innumerables procesos electorales de la democracia directa, decidió preguntar a sus escasos nueve millones de ciudadanos sobre si el país debería superar el límite de población de diez millones de habitantes o permitirse rebasar esta cifra tan redonda. El resultado de este polémico e inédito referéndum para la mayoría de las democracias occidentales fue contrario a las pretensiones malthusianas de imponer un tope demográfico al país alpino. Suiza, por el momento, apuesta por no ponerse límites en este capítulo.
Aunque los suizos hayan decidido votar en contra de esta inusual propuesta, esta noticia, lejos de ser una simple anécdota, identifica el auge de un clima sociopolítico en el que los cambios sociales, étnicos y religiosos están cada vez más sometidos a un estrés público, cuando no a cierta neurosis colectiva. Me refiero a que la presencia de la diferencia, ya sea étnica o religiosa, preocupa cada vez más; y, por encima de todo, ya se ha convertido en un elemento pseudoexplicador de todo lo que nos aterra.
En cierto sentido, las democracias europeas han comenzado (con el riesgo de que se sabe cómo se empieza, pero no dónde se acaba) a cuestionarse públicamente elementos hasta ahora incuestionables, como quiénes son los sujetos legítimos para formar parte del ‘demos’ y, por encima de todo, si el derecho debe circunscribirse a estrechos límites étnicos del ‘nosotros’ frente al ‘ellos’. A resultas de todo esto, el inmigrante es menos digno que cualquier persona nacida en territorio nacional. Se empieza así, y se acaba soportando mal, a veces violentamente, el que una mujer con velo acuda al hospital por una infección o un joven latinoamericano vaya al ayuntamiento a solicitar un derecho social para el que le ampara la propia legislación.
El marco de la ‘prioridad nacional’ tan defendido por partidos como Vox en España no es más que una de las diferentes perspectivas programáticas de este auge de lo étnico como elemento estructurador de quién tiene derechos y quién no merece tenerlos. En su versión política-legal quizás no suponga cambios determinantes (por ahora), ya que la Constitución protege frente a la sinrazón de la discriminación; pero, en términos mediáticos, y sobre todo públicos y civiles, supone un golpe letal al concepto de la dignidad y la igualdad del ser humano, pues, groseramente, empieza a querer legitimar la distinción entre un español de toda la vida y un inmigrante que, a pesar de su propia biografía e historia (aunque lleve viviendo desde los dos años aquí), y de sus pocas o muchas aportaciones, pasa a ser directamente un ciudadano de segunda ante los ojos de la ciudadanía.
En este contexto en el que la ventana de Overton se abre de par en par, el merecimiento (eso que llamaba Hannah Arendt «el derecho a tener derechos») deja de ser un derecho y se convierte, a todas luces, en un elemento en constante disputa, de tal modo que abre la puerta al amparo de las actitudes más hostiles hacia el que es diferente, ya sea por el color de piel o la vestimenta étnico-religiosa.
Ante esto, nuestra clase política debe ser clara, pues lo que está en juego es, nada más y nada menos, el clima social y político. En definitiva, lo que está en juego es el mismo concepto de ciudadanía, cuya columna vertebral siempre se ha sustentado en la igual dignidad del ser humano más allá de cualquier distinción social. Así, los partidos que se declaran bajo el paraguas de la moderación constitucionalista, como el Partido Popular, deben ser capaces, elevándose por supuesto de sus intereses partidistas, de cuidar la convivencia y no blanquear discursos o prácticas políticas que pretenden inocular cosmovisiones tóxicas como la preferencia de lo étnico por encima de absolutamente todo. Esta advertencia no solo debería circunscribirse a los partidos de la derecha, también a la izquierda, cuya implicación y responsabilidad debe ser aún mayor para articular nuevas alianzas, incluso con formaciones políticas incómodas como las pertenecientes al centro-derecha.
A estas alturas, deberíamos ser del todo conscientes de que el alimento perfecto para Vox es un contexto político atravesado por divisiones y polarizaciones extremas. El hecho de que la ciudadanía perciba que la clase política esta desconectada de los problemas del país proviene de que nuestros políticos están permanentemente enfrascados en la bronca y en el ‘y tú más’. Ello, sin duda, brinda una vitalidad inexplicable a todo proyecto sustentado en el nacionalismo más étnico, pues permite a esta oferta política presentarse como una alternativa real a los desmanes del sistema. Por eso, conscientes de todo esto, no debemos olvidar esta máxima cívica: la democracia es un asunto a custodiar por todos.
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