En las generales de 2023 votó el 70,4% del censo residente en España pero en los barrios como menos renta el 62%.
Artículo publicado en El Correo (16/11/2026)

Cuando abran las urnas el 29-N para contar los votos, ya sabemos dónde estarán las más vacías y las más llenas. En las generales de 2023 votó el 70,4% del censo residente en España. Pero en 538 de las 36.459 secciones censales votó menos de la mitad del censo, y en 4.691 votó más del 80%. En el 10% del censo que vive en los barrios con menos renta votó el 62% y en el 10% con más renta, el 78%. La distancia no ha dejado de crecer: en 2004 era de 8 puntos (73,6% frente a 81,6%). En los barrios ricos, la participación apenas se ha movido en veinte años. En los pobres ha caído 11,5 puntos. En el País Vasco la tendencia es parecida. El 29-N las urnas con menos papeletas de las tres capitales estarán en los barrios de Otxarkoaga, Sansomendi o en Altza, y las más llenas aparecerán en Abando, San Martín o Miramón.
La evidencia empírica publicada en los últimos años confirma la persistencia de una brecha socioeconómica en la participación electoral. Esta desigualdad resulta especialmente relevante porque puede traducirse en una representación política asimétrica. Las preferencias y demandas de los sectores económicamente más vulnerables tienen menos probabilidades de expresarse a través de las urnas. Los partidos pierden así incentivos para recoger los intereses de las personas pobres o en riesgo de exclusión, mientras que las rentas más altas adquieren un peso desproporcionado en la representación electoral.
Como esta realidad se repite elección tras elección, Cáritas ha realizado un importante trabajo para acercar al debate público las prioridades de las personas en situación de exclusión social, que suelen participar menos en las elecciones, y facilitar que los partidos incorporen sus demandas. Desde enero de 2026, cerca de 940 vulnerables han participado en 84 grupos de reflexión promovidos por Cáritas, identificando aquellos obstáculos que les impiden ejercer plenamente sus derechos y desarrollar un proyecto de vida digno. Como resultado hay 11 propuestas, entre las que destacan garantizar de forma efectiva los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la protección integral frente al acceso y la pérdida de vivienda; la ampliación de la cobertura pública en materia de salud bucodental, oftalmológica y auditiva a personas en exclusión; la mejora del ingreso mínimo vital; o la reducción de la precariedad laboral de las personas trabajadoras con mayor dificultad de acceso al empleo.
La lucha contra la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente. España continúa en los puestos de cabeza en la Unión Europea en pobreza severa y pobreza infantil. En el País Vasco la tasa de pobreza es significativamente menor, pero ha repuntado en los últimos años. Los partidos, además de recoger las propuestas de quienes más necesitan la acción del Estado para llevar una vida digna, podrían intentar acercar a las urnas a unos ciudadanos cuyos votos pueden resultar decisivos en repartos de escaños que a menudo se resuelven por márgenes muy estrechos. Pero, más allá del cálculo electoral, una democracia en la que los más vulnerables votan sistemáticamente menos corre el riesgo de dejar sus intereses fuera de las prioridades políticas.
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