Si los demócratas recuperan la Casa Blanca dentro de dos años y vuelven a los acuerdos de los que Trump se deshizo, eso no bastará para convertirse de nuevo en un socio fiable.
Artículo publicado en El Correo (16/11/2026)

Lo que en otros tiempos era un hecho insólito –la retirada y las amenazas de retirada de los tratados internacionales–, durante las presidencias de Trump se ha convertido en habitual. Al iniciar su primer mandato en 2017, el presidente anunció que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Debido a las reglas del propio tratado, la salida formal se hizo efectiva en 2020. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en 2021, revocó la retirada y EE UU se reincorporó al acuerdo. Sin embargo, la rectificación fue breve, ya que fue rescindida el primer día del segundo mandato de Trump, que comenzó el 20 de enero de 2025.
Un año después, el presidente estadounidense emitió un memorándum presidencial en el que ordenaba la retirada inmediata de Estados Unidos de 66 tratados y organizaciones internacionales. Adujo que ya no servían a los intereses estadounidenses. La mitad de las entidades de las que se retiraba son organismos de Naciones Unidas que promueven estabilidad y bienestar global. Entre ellos figuran la Unesco y la Organización Mundial de la Salud.
Aquel memorándum establecía que «para las entidades de Naciones Unidas, la retirada significa cesar en la participación o su financiación en la medida permitida por la ley». Un Estado miembro de la ONU puede optar por no participar en las reuniones de estos organismos, pero está obligado a pagar sus cuotas ordinarias y no puede elegir a su antojo cómo distribuir dichas cuotas dentro de la organización. Trump ha ido sumando durante sus mandatos capas de desprecio a un orden internacional que, pese a él, sigue vivo.
Existen otros ejemplos de retirada de los tratados internacionales. Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos en 2013, alegando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había excedido en sus funciones. En 2020, con el Brexit, Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea. En 2025, el Gobierno de Nicaragua anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos. Ese mismo año, Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional. Los tres países notificaron formalmente al secretario general de la ONU, António Guterres, su salida en la primavera de este año. Acusaban a la Corte de llevar a cabo una política de persecución penal selectiva contra el Sur Global. En julio pasado, el Gobierno venezolano, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, notificó oficialmente su denuncia al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Según este Estatuto, la retirada se hace efectiva un año después de su notificación, por lo que Venezuela continuará siendo Estado parte hasta julio de 2027. Le siguió Chad, cuya decisión está vinculada a la petición de Estados Unidos de que revisara su adhesión a la Corte.
La retirada o denuncia de los tratados internacionales es el proceso iniciado unilateralmente por un Estado parte, por el que manifiesta su decisión de abandonar un tratado internacional y, así, liberarse de las obligaciones que este le impone. El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 reconoce el derecho de los Estados a denunciar acuerdos si así lo prevén expresamente. Si el tratado no contempla la retirada, esta es posible siempre que conste que fue intención de las partes admitirla o cuando tal posibilidad pueda inferirse «de la naturaleza del tratado». Salvo el Brexit, consumado conforme al Tratado de la Unión Europea, los compromisos a los que nos referimos aquí, por su naturaleza, no serían denunciables.
Además, la retirada es una señal de desdén al principio fundamental ‘pacta sunt servanda’, es decir, los tratados están para cumplirse y se espera que un Estado firmante se mantenga fiel y comprometido. Más aún, la retirada refleja la intención de separarse de un modelo de convivencia, porque los tratados no son un fin en sí mismo, son medios para vivir mejor. Su abandono deteriora la confianza tanto de los Estados parte en el tratado como de la sociedad en la que se inserta.
Después de la debacle republicana en las elecciones de medio mandato de Donald Trump, quien se imagine la vuelta de los demócratas dentro de dos años se preguntará si volvería Estados Unidos a los tratados internacionales de los que Trump se deshizo. Dándonos el gusto de tal especulación, Washington podría reincorporarse, pero eso no será suficiente para deshacer el daño. La nueva Administración tendría que encontrar una manera de garantizar de forma creíble que EE UU puede volver a convertirse en un socio fiable a largo plazo y ‘Make America Friendly Again’.
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