En Cataluña se han aprobado los Presupuestos gracias a un pacto entre el PSC y ERC. El contexto no era fácil para ninguno de los dos partidos. La desconfianza entre sus líderes era un hielo glacial difícil de romper y su electorado se dividía casi a partes iguales entre partidarios y detractores.

Es decir, necesitaban crear un espacio seguro para producir confianza sintética y al mismo tiempo generar un relato compartido con el que presentarse ante su electorado con ganancias más o menos simétricas.

Para ello fueron vitales varias reuniones fuera de los focos y, sobre todo, dos reuniones escondidas y casi clandestinas entre Pere Aragonès y Salvador Illa a finales de enero en el despacho de Alba Vergés, la vicepresidenta del Parlament. Aquí se acuerdan una serie de concesiones relacionadas con la gestión de infraestructuras asumibles a cambio del ‘Gran Acuerdo’ político que supone el apoyo a los Presupuestos.

Esta forma de hacer política, que está caracterizando la solución del conflicto político que había en Cataluña, suele ser atacada por los que se quedan fuera de los acuerdos. Y suelen utilizar a la ciudadanía para argumentar que defienden una democracia de mayor calidad para que los ciudadanos puedan controlar todos los minutos del juego de la representación de sus intereses.

Se vende la transparencia como un dogma de la rendición de cuentas y se inventa un derecho del elector a poder estar en tiempo real en todos los momentos de su representante.

Este supuesto derecho fue elevado a los altares de la democracia ideal durante el surgimiento de la nueva política, que entre otras cosas impugnaba el método de las bambalinas de la Transición del 78 como uno de las peores desgracias de la democracia española, que permitía a los viejos partidos acordar de espaldas a los ciudadanos. Luego llegaría lo de pedir que todas las reuniones pudieran ser emitidas en ‘streaming’, que no terminó de cuajar por razones obvias, y se optó finalmente por cambiar los despachos oscuros por el combate a cielo abierto en medios y redes sociales con el que quieres llegar a un acuerdo.

En la gestión de los desacuerdos habituales en un Gobierno de coalición está faltando en el caso español bambalinas y está sobrando rendición de cuentas constante a los propios votantes.

Es una pena que un Gobierno que ha desarrollado políticas que han sido mayoritariamente apoyadas por la ciudadanía española durante esta legislatura tanto en el plano económico como social vea erosionada su imagen de gestor capaz por haber construido un método de gestión de la discrepancia que prioriza los efectos mediáticos, la estrategia electoral y el relato de parte. El interés general necesita bambalinas y despachos cerrados para poder cuadrar algo tan complejo como son los distintos intereses que conviven en la sociedad y favorecer las necesarias cesiones. Porque al final la democracia también va de esto.

Por Braulio Gómez Fortes

Artículo publicado en El Correo (08/02/2023)