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Cerca de 19.600 personas mayores han fallecido en residencias con COVID-19 o síntomas compatibles, lo que supone el 69% del total de las víctimas mortales por esta enfermedad contabilizadas por el Gobierno español. ¿Qué ha ocurrido en estos centros?
“Ha habido un doble problema. Primero, la exclusión de algunas personas de la atención sanitaria por el simple hecho de ser personas mayores que estaban en residencia. Un segundo problema ha sido la falta de medios para que quienes no eran trasladados a hospitales fueran atendidos correctamente y fallecieran con los cuidados adecuados”, explica en una vídeo entrevista María Jesús Goikoetxea, doctora en Derechos Humanos, consultora y profesora de Ética en la Universidad de Deusto.
Goikoetxea conoce de cerca la situación de las residencias. Ha prestado asesoramiento a instituciones públicas. Por un lado, a través del Comité de Ética de Intervención Social de la Diputación foral de Bizkaia. Y, por otro, en el grupo de trabajo sobre ‘Residencias y COVID-19’ creado por la Asociación de Bioética fundamental y Clinica de España .
Falta de EPIs
La consultora diferencia las diferentes etapas de la crisis sanitaria. En un primer momento, recursos como los EPIs no llegaron a las residencias porque “los programas de salud pública no incluyen a estos centros en situaciones de catástrofe”. “No lo atribuiría a una decisión inmoral, sino a una organización del sistema que no contempla a una parte de la población”, puntualiza.
Partiendo de este escenario, algunas comunidades decidieron que las personas mayores que viven en residencias fueran atendidas “en centros diferentes, fuera de la red general de Sanidad”, que no contaban con recursos especializados para casos de COVID-19.
En algunas comunidades “ha sido peor” porque directamente los mayores “no han sido trasladados”, señala. A su juicio, esa decisión «no es éticamente correcta porque es discriminar a la persona por una característica, que es donde vive«. «El medio residencial no es un medio sanitario”, destaca.
Evaluar cada caso en las residencias
¿Qué se podía haber hecho para evitar lo ocurrido en las residencias, teniendo en cuenta la situación de sobresaturación del sistema sanitario? “Evaluar cada caso, como se hacía con el resto de la población, que no se decidiera grupalmente”, responde Goikoetxea.
“Ahí es donde está la discriminación desde un punto de vista ético. Que se haya tomado la decisión de trasladarles o no al hospital como un bloque de personas, cuando no tiene sentido, ni por edad, ni por vivir en una residencia”. A su juicio, esto supone un “grave error” no sólo técnico sino con una “carga de inmoralidad importante”.
La profesora concluye por ello que “ha habido una doble discriminación, una discriminación en la posibilidad de seguir viviendo, y una segunda discriminación en la posibilidad de morir bien”. En ese sentido, señala que “ha habido momentos, en Euskadi pocos, pero en otras comunidades muchísimos, en los que todas las medicaciones que se requieren para el control del sufrimiento y dolor al final de la vida estaban en las UCIs».
Se dio un «desabastecimiento importante» de estos fármacos por «un problema de distribución de los recursos». Esta situación ha provocado que, en algunas comunidades, las persona mayores «han muerto fatal”, lamenta.
Desescalada y edadismo
Goikoetxea considera que existe un problema de “edadismo” (discriminación por la edad) que las personas mayores “han percibido claramente” en los mensajes que se han transmitido desde el inicio de la crisis sanitaria: quienes fallecen por la COVID-19 son los mayores.
“Los que se están muriendo no importan, no se preocupen ustedes, porque se iban a morir de todas maneras. Eso ha ido calando en la sociedad, hoy en día el nivel de discriminación hacia las personas mayores es muchísimo mayor que cuando se inició la crisis”, advierte.
A su juicio, es por ello que “pasa lo que está ocurriendo en la desescalada”. “Una persona de 25 años es imposible que se plantee su vejez. Ponerme una mascarilla para protegerme yo no tiene sentido. Sólo tiene sentido para proteger a las personas a las que este virus sí que puede afectar. Pero para nuestra sociedad estas personas son menos importantes, valen menos…Estoy de acuerdo cuando Adela Cortina habla de que ya no es solamente un edadismo, sino que empieza a ser una gerontofobia».
Frente a esta creencia, destaca que “el 80% de las personas mayores no son frágiles ni dependientes”. Son quienes ayudaron a las familias a salir adelante durante la última crisis económica y quienes se encargan del cuidado de los nietos y las personas dependientes. “No hay que entender a las personas mayores como un colectivo homogéneo al que hay que tratar igual. Es un problema de edadismo”, concluye.
La profesora apuesta por “repensar el modelo de residencia despacio”. “Se pueden tomar dos direcciones: excluirles más y hacerles su propio sistema sanitario, sacarles directamente de la red general sanitaria” o que las residencia “estén más incluidas en la comunidad y no pierdan su carácter hogareño, que sean centros más pequeños” con una atención individualizada» .
