Uno de los debates que han cobrado fuerza durante la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido el de la posibilidad y viabilidad de implementar medidas redistributivas de la riqueza más ambiciosas tanto a nivel de extensión como de dotación. Entre dichas propuestas, una de las más sonadas mediáticamente ha sido la denominada como “renta básica universal” –aunque ciertamente el calificativo universal, por ahora, no se ha discutido dada la complejidad institucional, política, jurídica y financiera que dicha extensión requiere–. En un contexto en el que las recesiones económicas se suceden y en el que además las condiciones y posibilidades laborales se limitan no solo por restricciones sanitarias y legales sino también por una creciente precarización del mercado laboral, la renta básica aparece como una propuesta atractiva, novedosa y que permite paliar algunas de las cuestiones más problemáticas en la actualidad tanto a nivel social como político. Pero, ¿en qué consiste exactamente la renta básica?

Generalmente, la renta básica se concibe como una renta monetaria circunscrita a un territorio concreto normalmente asociado a un Estado, región –el caso del Fondo Permanente vigente en el estado de Alaska, EE.UU, aunque hay que señalar que dicha propuesta dista en muchos puntos de ser una renta básica genuina–; o comunidad supranacional –como es el caso de la propuesta de los “eurodividendos” a nivel europeo. En este sentido, a toda persona por el hecho de ser ciudadano le corresponde una renta mensual que, usualmente, se sitúa ligeramente por encima del umbral de la pobreza.

Una de las consecuencias de la implementación de una renta básica es que permite a los ciudadanos establecer una red de seguridad financiera individual independientemente de si tiene trabajo o si comparte residencia con otras personas. Así, la renta básica se convierte en una herramienta contra las distintas formas de precariedad laboral producidas tanto por la automatización creciente del lugar de trabajo, como por el carácter predatorio a nivel general del neoliberalismo como política y racionalidad. Igualmente, la renta básica aparece como un medio de enfrentar la explotación global derivada del capitalismo cuyas consecuencias se hacen notar a nivel psicológico individual y en grupos sociales como las mujeres y los inmigrantes.

Junto a esta dimensión económica y social, también es importante señalar los beneficios de la renta básica respecto al pleno ejercicio del derecho a la participación política. En este sentido, una renta básica ayudaría no solo mantener un mínimo bienestar material que haga frente a la precariedad anteriormente señalada, sino también una independencia que permite ejercer de forma autónoma nuestros derechos políticos individuales.

Teniendo esto en cuenta, se puede ver que la implementación de una renta básica supondría un cambio sustancial en muchos contextos vitales que van desde la consecución de proyectos de vida buena individuales hasta la dimensión ciudadana intrínseca a toda comunidad política democrática.

Sin embargo, a día de hoy, la implementación de la renta básica también se enfrenta a ciertos problemas que necesitan ser atendidos no solo respecto a las propias propuestas de renta básica, sino también al contexto en el que estas se inscriben. Así, las cuestiones sobre cómo financiar una renta básica a partir de una redistribución fiscal radicalmente nueva; o qué cantidad de renta sería necesaria en cada contexto nacional son algunos de los interrogantes que necesitan ser respondidos dentro de una propuesta seria y formal de renta básica.

También es importante considerar los límites que el ámbito jurisdiccional e institucional imponen a una medida como esta. Por ejemplo, un aspecto a considerar sería la relación entre la renta básica y la inmigración, una de las realidades en las que una medida de este tipo se vuelve decisiva. Ahí el problema aparece cuando los procesos de naturalización y regularización, por un lado, y el empleo-centrismo entendido como el posicionamiento del “trabajo productivo” como único medio de reconocimiento institucional, por otro, merman sus derechos y su capacidad de agencia.

Finalmente, la renta básica supondría un incremento del bienestar individual en varios niveles, desde lo ético hasta lo político. Con todo, como advierte Daniel Raventós, esta propuesta no es un antídoto contra todas las desigualdades e injusticias del mundo. La renta básica debe ser complementada con otras provisiones sociales públicas que sean desarrolladas en los ámbitos de la salud, de la economía o de la política, tanto a nivel global como nacional y local. Aquí, la renta básica se situaría como un pilar básico que busca paliar las consecuencias de un régimen económico global atroz y, a su vez, localizar y abordar las causas de estas a través de procedimientos democráticos que busquen el establecimiento de un mundo más justo.

Mario García Roche