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El proceso de vacunación contra la COVID-19 ha comenzado y plantea dudas que afectan también al ámbito laboral. El Gobierno central decidió que la vacuna no sea obligatoria, pero, ¿qué ocurre cuando quienes no se quieren vacunar son profesionales que están contacto directo con personas vulnerables? La legislación es clara. La vacunación es voluntaria. Pero, desde el punto de vista ético, ¿qué cuestiones están en juego?
Ese debate se está planteando en algunos centros sociosanitarios y residenciales de Euskadi y en otros territorios como Cataluña o La Rioja. En Bizkaia, el porcentaje de profesionales sociosanitarios que rechaza la vacunación asciende al 20%. Según el Comité de ética en intervención social de la Diputación foral de Bizkaia, esta situación genera conflictos éticos «entre la libertad individual y el bien común», que afectan a otros valores como «la justicia y la responsabilidad».
El comité de ética de intervención social ha publicado un documento de reflexión sobre los criterios éticos a aplicar en la administración de vacunas en estos centros. María Jesús Goikoetxea es miembro de este comité y profesora de Ética de la Universidad de Deusto. Explica los razonamientos que han llevado a esta entidad a apelar “al compromiso y a la responsabilidad moral” de los profesionales sociosanitarios “que tienen contacto con colectivos de riesgo elevado” para que acepten la vacunación.
Goikoetxea destaca que, para las personas usuarias de residencias, «estar vacunadas y que las personas que les cuidan lo estén, supone un alivio muy importante de su sufrimiento y de la amenaza de morir«.
La profesora recuerda que, «aunque existe posibilidad de que las personas vacunadas puedan contagiarse y contagiar, hay evidencia de que las vacunas atenúan la enfermedad y disminuyen notablemente el riesgo de muerte». «Esto es especialmente significativo para las personas que viven en centros residenciales, que son más del 50% de las personas fallecidas en España y sufren graves limitaciones a sus derechos y calidad de vida desde hace un año», recalca.
Objeción de conciencia
¿Debería ser posible obligar a un profesional a vacunarse por el bien común? Goikoetxea responde que no estaría justificado para cualquier caso. «Si en la Universidad, por ejemplo, nos obligaran a vacunarnos, no pensaría del mismo modo que en el caso de los profesionales sanitarios y de los servicios sociales. Nuestros alumnos no tienen un riesgo grave de muerte y todos podemos mantener la distancia y usar mascarilla y, por tanto, protegernos», argumenta.
En la Universidad, «el diálogo debería de contemplar el pluralismo moral y el derecho a la libertad-objeción de conciencia”. “Pero, en un medio residencial, y con personas muy vulnerables, la situación es diferente. Es obligación de todo profesional no hacer daño, y los derechos individuales pueden ser limitados en función de ello», defiende.
¿Es posible buscar alternativas que puedan salvaguardar ambos valores, libertad y salud con los profesionales que optan por no vacunarse? La investigadora apunta a soluciones como «buscar lugares de trabajo donde las personas que no quieran vacunarse puedan evitar el contacto con aquellas en situación de dependencia, o flexibilizar las condiciones para poder solicitar permisos sin sueldo».
No obstante, destaca que si el porcentaje de personas que rechazan la vacunación es alto, «es muy difícil encontrar soluciones, porque las personas cuidadas tienen derecho a que quien les cuide no ponga en riesgo grave su salud y su vida».
Cambio de marco legal
¿Qué medida se pueden tomar para evitar situaciones como la que se están dando en las residencias? «En primer lugar, apelar a las obligaciones éticas de los profesionales con las personas que atienden. Y, en último caso, solicitar un cambio en el marco legal actual que recoge el derecho de cualquier ciudadana/o a negarse a un tratamiento sanitario», responde.
La investigadora considera que, al igual que se han limitado otros derechos, se podría «recoger de modo transitorio como obligatoria la vacunación de profesionales en determinados ámbitos sanitarios y sociales«.
Sobre las razones que hay detrás de rechazo a la vacunación de parte del personal de residencias, Goikoetxea destaca que en ese colectivo de profesionales se dan «las mismas creencias que en el resto de la sociedad», con 4 de cada 10 personas que dicen que no se vacunarían si hubiera vacunas para toda la ciudadanía. A esto añade que es un colectivo «muy poco reconocido socialmente, mal pagado, que ha sufrido mucha sobrecarga en esta pandemia y, en algunos casos, con menor nivel de formación». Existe «un hartazgo que se expresa con esa negativa a asumir ni un pequeño riesgo», explica.
Pero Goikoetxea insiste en que, «éticamente, los derechos humanos no son derechos humanos independientes, sino interdependientes». «Y cuando hay un colectivo tan vulnerable como las personas del medio residencial, toda la sociedad, especialmente los profesionales que les cuidan, tenemos una mayor obligación«.
