Artículo publicado en El Correo (13/02/2023)
Aparentemente el tema de la corrupción no preocupa en exceso a nuestros ciudadanos. Así lo testimonia el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de diciembre de 2022. A la pregunta de «¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?», los entrevistados sitúan el problema de la ‘corrupción y el fraude’ en un irrelevante lugar 18. Según el citado barómetro, las mayores preocupaciones de nuestras gentes se centran en la crisis y en general en los temas de índole económica.
El hallazgo de que la corrupción en España no escandaliza en exceso a sus habitantes, merece contrastarse con el reciente informe de Transparencia Internacional (TI) una coalición de ONG de desarrollo activa en más de 100 países. El índice, que clasifica 180 territorios según los niveles percibidos de corrupción, utiliza una escala de cero a 100, donde cero representa altamente corrupto y 100 muy transparente.
Pues bien, en el informe 2022 de TI, España se sitúa en el puesto 35 del ranking, con 60 puntos, en la zona tibia de la tabla. A señalar que desde 2019 en que ocupaba el puesto 30, nuestro país ha ido empeorando posiciones año tras año hasta el escaño 35 que muestra en la actualidad, lejos de la cabeza en la que figuran Dinamarca (90) y Finlandia y Nueva Zelanda (87). En el año 2000 ocupábamos un aceptable lugar 20 en la lista mundial.
El estudio se refiere a la percepción de la corrupción, a su estimación y a su comparación y clasificación hasta formar una relación ordinal de países. La percepción se mide con opiniones o juicios de valor a través de encuestas, mientras que el computo de la corrupción real resultaría una tarea difícilmente abordable, y aun utópica. La condición de los autores de la publicación y el hecho de evaluarse en ella la mera percepción confieren una determinada relatividad a sus conclusiones que, sin embargo, despiertan una gran exceptación en el momento anual de su difusión.
TI define la corrupción como el abuso de un poder general delegado en beneficio de unos pocos. La corrupción -agrega- erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental.
La corrupción incluye comportamientos tales como el de servidores públicos que exigen o reciben dinero o favores a cambio de servicios; políticos que hacen mal uso del dinero público u otorgan empleos o contratos públicos a sus patrocinadores, amigos y familiares o empresas que sobornan a funcionarios para obtener negocios lucrativos. La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar: en empresas, gobierno, tribunales, medios de comunicación y sociedad civil, así como en una pluralidad de sectores, desde la salud y la educación hasta la infraestructura y los deportes.
La corrupción puede involucrar a múltiples personas: políticos, funcionarios gubernamentales, servidores públicos, empresarios o grandes corporaciones. La corrupción ocurre en la sombra, a menudo con la ayuda de facilitadores profesionales como banqueros, abogados o contables, en sistemas financieros opacos y empresas ficticias que permiten florecer a los esquemas de corrupción y que los corruptos laven y oculten su riqueza ilícita. La corrupción se adapta a diferentes contextos y circunstancias cambiantes. Puede evolucionar en respuesta a cambios en la legislación e incluso en la tecnología.
En verdad, los costes de la corrupción para la vida de un país son enormes: costes políticos, sociales, económicos y medioambientales, entre otros.
Asombra, en consecuencia, la rebaja en la alarma social observada en la ciudadanía española, ajena ya según parece a los repetidos y vergonzosos casos de corrupción registrados en el pasado inmediato, muchos de ellos llamados a perderse en la impunidad.
Son obvias y conocidas las medidas a tomar en nuestro país para mejorar la lucha frente a la reseñada lacra. Desde la aprobación inmediata del Reglamento de la Ley de Transparencia, comprometida desde 2020, hasta la promulgación de normas que protejan a los denunciantes de conductas corruptas, la restricción de los espacios de gobernanza utilizados por los ‘lobbies’, el reforzamiento de la Fiscalía y del poder judicial y la asignación de órganos independientes dotados de medios para acotar el fraude mediante la prevención y la sanción. Y algunas más.
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